Marchas sin solución

El Gobierno de la Ciudad de México y la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) buscan endurecer sanciones a quienes alteren la paz social. 

Con una serie de iniciativas de ley pretenden poner fin a la violencia en marchas y manifestaciones.

Se trata de un paquete de propuestas que pretende inhibir actos vandálicos de grupos “anarquistas”, y de paso, el excesivo uso de la fuerza pública en concentraciones masivas.

Y es que en las marchas hay una constante que tiene de cabeza a la administración de Miguel Ángel Mancera: policías quemados, golpeados y apedreados; así como jóvenes vejados, vapuleados y detenidos arbitrariamente.

Por esa razón los diputados locales del PRD, afines al gobierno capitalino, cerraron filas con el mandatario local en torno a asumir el costo político de las reformas estructurales en materia de seguridad.

Así lo acordaron durante un desayuno entre legisladores, el secretario de Gobierno, Héctor Serrano, y el titular del Ejecutivo local, que se realizó el pasado jueves en el salón Benito Juárez del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Incluso, reconocieron que fue un error modificar el artículo 368 del Código Penal del DF, y tipificar como delito no grave los ataques a la paz pública a finales de diciembre del 2012.

Tras la reflexión, se estableció que en este periodo ordinario de sesiones, los asambleístas impulsarán una iniciativa de ley que presentó en días pasados el presidente de la Comisión de Gobierno, Manuel Granados.

El proyecto de ley consiste en modificar el artículo 287 del Código Penal para el Distrito Federal, a fin de convertir en delito grave los ultrajes a la autoridad. Y así evitar que anarquistas salgan en libertad.

Y para garantizar que no se registren detenciones ilegales, o se lastime físicamente a los manifestantes, la diputada Polimnia Romana Sierra exigió a las autoridades en materia de seguridad respetar los protocolos.

En la reunión hubo autocríticas, principalmente de la diputada Dione Anguiano, quien dijo en la mesa que tanto el GDF como la ALDF son responsables de que los anarquistas salgan en libertad después de hacer desmanes. 

Sin embargo, para especialistas en la materia, incluso para magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el tema de fondo es la mala integración de averiguaciones que realiza el Ministerio Público y que permite que los manifestantes sean liberados.

Algunos legisladores consideran que todas estas reformas serán paliativos y no una solución de fondo a las protestas violentas, y las reacciones a destiempo y fuera de todo protocolo de la policía capitalina.

Lo cierto es que entre la sociedad ha causado conmoción ver fotografías de uniformados en llamas a causa de bombas molotov, pero también videos donde se observan jóvenes golpeados con un casco de granaderos.  

La iniciativa y sus conflictos 

En días pasados Manuel Granados, presidente de la Comisión de Gobierno en la ALDF, presentó su iniciativa de ley con el apoyo de los diputados Arturo Santana, Daniel Ordóñez y Alejandro Robles.

“La importante labor que realizan los organismos encargados de la Seguridad Pública en el Distrito Federal es trascendental (…); sin embargo, esta labor se ha visto limitada en los últimos meses, ya que el respeto por la investidura que representa la autoridad ha sido rebasada con muestras de prepotencia y violencia hacia nuestros cuerpos policíacos”, dijo el diputado Arturo Santana cuando la presentó.

“Diversos grupos sociales han lesionado y retenido a algunos agentes de Seguridad Pública, así como también se ha retenido y golpeado a diversos trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, sin que hubiera provocación alguna”.

Por esa razón propuso en el Pleno de la ALDF: 

Artículo 287: Al que ultraje a una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, se le impondrán de tres a cinco años de prisión y multa de veinte a cien días multa.

Si el ultraje  deriva en agresiones físicas contra elementos de corporaciones policíacas con motivo de manifestaciones, marchas, conmemoraciones o cualquier evento público o privado que genere o pueda generar disturbios masivos, la pena se incrementará en una mitad de lo señalado en el párrafo anterior.

La propuesta no es tan fácil de aprobar, sobre todo porque el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia es Antonio Padierna, otro perredista; pero afín a la corriente bejaranista.

Es más, él es hermano de Dolores Padierna (esposa de René Bejarano) no está de acuerdo en ese tema y es quien tiene la facultad de dictaminar la propuesta que acordaron Miguel Ángel Mancera y los diputados progresistas.

La otra necesidad

De acuerdo con la propuesta de Polimnia Romana y Dione Anguiano, es necesario hacer una pausa que vaya más allá de la coyuntura mediática y realizar un llamado a la tolerancia.

“Un llamado al respeto de las garantías individuales de todos los ciudadanos que conforman el Distrito Federal, y de igual forma, reconocer el derecho a la libre manifestación de las ideas plasmado en la Constitución”, señala el documento que delinearon.

Ahí afirman que además de rechazar todo tipo de violencia generada por grupos de jóvenes enmascarados, también está la ejercida por algunos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Y es que en los últimos días se ha recopilado información sobre abuso de funciones policíacas a ciudadanos, medios de comunicación y observadores de organizaciones de Derechos Humanos.

“Tal es el caso de las denuncias presentadas el viernes pasado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF)”

Prueba de ello está en la averiguación previa FSP/B/T3/2267/13-10 y en la queja número CDHDF/1/122/CUAUH/13/D667 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Por esa razón pidieron que en el uso de la fuerza pública, la SSPDF se apegue “a los principios de excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad y humanidad, estimando que sólo puede hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de coerción cuando se han agotado los demás medios de control”.

En el protocolo se señala que cuando haya necesidad de dispersar reuniones violentas en la vía pública, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal procurarán evitar la fuerza y, en su caso, deberán limitarse al mínimo estrictamente necesario, utilizando el equipo adecuado según lo contemplado en el documento y con estricto respeto a los derechos humanos”.

Pero el tema de fondo es que no se usa protocolo, los detenidos son juzgados por delitos que no logran acreditar, y el Gobierno de la ciudad y la ALDF no encuentran cómo combatir este problema.