"Todos tenemos que ceder un poco de nuestra soberanía. Es un asunto de ética. Pero un profesor de Oaxaca u otra entidad no escatimará en cerrar todas las vialidades"
Para el sector empresarial el problema de los plantones ha causado, desde el 19 de agosto, pérdidas superiores a los 850 millones
El GDF debe encontrar una propuesta que contemple las afectaciones económicas a comercios y el sentir de la población, sin violar los derechos de los manifestantes
El Gobierno del Distrito Federal (GDF) está en crisis: el paliativo que propuso Miguel Ángel Mancera para amortiguar las afectaciones provocadas por las marchas y plantones es insuficiente y a nadie convence.
Así lo aseguró la Confederación Patronal de la República Mexicana en el Distrito Federal (Coparmex-DF), la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope) y diversos actores políticos.
Todos exigen una inmediata regulación de marchas, que obligue a los manifestantes a respetar el libre tránsito de los capitalinos y hasta una sanción para las autoridades omisas; son ideas al aire…
Han pasado 140 días desde que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se apoderó del zócalo capitalino. 37 días desde que endurecieron sus protestas. 12, de estar en el Monumento de la Revolución, y todo sigue igual.
Por esa razón el decálogo de marchas que anunció Miguel Ángel Mancera en su primer informe de Gobierno quedó rebasado, pues el plantón, la toma del Zócalo por parte de policías federales y las afectaciones no paran.
Ante ello, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) anunció que en los próximos días presentará una iniciativa de ley que busca regular horarios y lugares donde se efectúen marchas.
A la par, el Partido Verde Ecologista de México, a través del diputado local Jesús Sesma, propuso reformas al Código Penal capitalino para endurecer sanciones a quien agreda a las fuerzas policíacas.
Mientras tanto, los diputados perredistas afines a la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN) consideran que actualmente las autoridades locales cuentan con todos los instrumentos legales para meter a la cárcel a quien provoque disturbios.
Y los afines al mandatario capitalino se ha limitado a mandar un mensaje político a quienes critican la falta de acción por parte del GDF en esta materia: “no tenemos facultad para regular las marchas”.
De todas las visiones mostradas no se ha logrado consenso alguno. Bajo esa óptica los actores políticos aseguran que necesitan más tiempo, información y una serie de reuniones para definir el rumbo del gobierno en este tema.
Y es que los problemas se dividen en cuatro pistas: 1.- Afectaciones económicas a establecimientos mercantiles. 2.- Malestar de la población. 3.- Anarquistas y las agresiones a uniformados . 4.- Los derechos de los manifestantes (en este caso los maestros).
Fuentes consultadas por esta casa editorial informaron que bajo esta óptica la Asamblea Legislativa del Distrito Federal busca la forma de volver a tipificar como delito grave, los ataques a la paz pública.
Para ello, el presidente de la Comisión de Gobierno de este órgano legislativo encargó al diputado Arturo Santana, delinear la propuesta legislativa, pero con una redacción distinta.
El sector empresarial
De acuerdo con José Luis Beato González, presidente de Coparmex-DF, y Gerardo López Becerra, presidente de Canacope Servytur de la Ciudad de México, el fondo de capitalidad que anunció Mancera es insuficiente.
“Lo estamos revisando con el titular de la Sedeco, Salomón Chertorivski, pero creemos que el fondo es totalmente insuficiente para resarcir las afectaciones de todas las marchas que hay en el DF.
“Pedimos que vaya acompañada de una regulación de marchas, de lo contrario no habrá dinero que alcance para pagar las afectaciones. Aunque sabemos que se trata solo de una buena intención del jefe de Gobierno”.
Para el sector empresarial el problema de los plantones está llegando a su límite; de acuerdo con sus estimaciones, desde el 19 de agosto se han registrado pérdidas superiores a los 850 millones de pesos.
“La cantidad no es menor, sobre todo cuando estamos ante una desaceleración económica, donde los pequeños comercios son los afectados y que están a punto de quebrar”.
En una breve entrevista concedida a los medios de comunicación, explicaron que hay más de 30 mil pequeños negocios afectados, entre los cuales hay tiendas de abarrotes, papelerías, café internet, restaurantes…
“La exigencia de que las marchas sean regulados para evitar afectaciones al comercio y a la ciudadanía no bajan. Se han perdido un millón 800 mil horas de trabajo debido al cierre de vialidades, la suspensión del transporte público o porque simplemente no les permitieron abrir los negocios”.
Por eso la tarde de ayer entregaron su propuesta de regulación a la ALDF, donde los legisladores perredistas se limitaron a recibirla e informarles que no es un asunto de su competencia.
Los legisladores
En el tema de las marchas todo es ambiguo. Unos dicen que no se puede regular lo que ya está escrito en el artículo noveno constitucional. Otros, aseguran que todos los derechos son limitativos. Y algunos más, que todo está en la ley y basta con aplicarla.
Entre los opositores a la regulación de las manifestaciones están los perredistas afines a la corriente bejaranista, quienes insisten en que los actos vandálicos ya están penados y que el secreto está en aplicar la ley.
El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Antonio Padierna, explicó que el delito de ataques a la paz pública ya fue derogado, pero eso no significa que a quien robe, lesione o dañe una propiedad no se le pueda castigar.
“La ley es clara. Más bien habría que preguntar al Ministerio Público y Tribunal porqué dejan salir a quienes delinquen.
“El tema es de que todos tenemos que ceder un poco de nuestra soberanía. Es un asunto de ética. Pero un profesor de Oaxaca u otra entidad no escatimará en cerrar todas las vialidades”, sostiene Padierna.
Es más, algunos bejaranistas como Eduardo Santillán exigen que las fuerzas de seguridad pública no vuelvan a actuar como lo hicieron el pasado 13 de septiembre, cuando liberaron el Zócalo.
Y anunciaron que acudirán al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) para solicitar todos los datos sobre quién ordenó el desalojo y cuáles fueron las motivaciones para llevar a cabo esa acción.
“Mientras no se cometan delitos, ninguna manifestación puede ser disuelta por alguna autoridad federal. Es preocupante el exceso de la autoridad para impedir el libre derecho de reunión que tenemos todos los ciudadanos”, dice Santillán.
Mientras tanto el PAN sigue delineando su iniciativa de ley, el PVEM está en la misma, el PRD sigue sin tomar una definición en este rubro y el Gobierno cada vez se muestra más débil ante las afectaciones que parecen no tener fin.
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