La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia (Maru) Campos, nombró de forma provisional a la titular de la Fiscalía Anticorrupción, contraviniendo la Constitución de la entidad donde se establece que esa atribución le corresponde al Congreso local y sin tomar en cuenta que existe un vicefiscal, nombrado por el Legislativo, quien debería asumir la responsabilidad.

Personal de la oficina de Comunicación Social de Gobierno del estado informó que el pasado 24 de junio Campos Galván nombró como encargada del despacho a la abogada Nidia Aidín Orpinel Pizarro.

El Artículo 122 de la Constitución de Chihuahua señala que la Fiscalía General debe contar con una fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción, o Fiscalía Anticorrupción, la cual debe de ser un órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los delitos en materia de corrupción y también determina que es facultad de los diputados nombrar al titular de esta instancia.

El Artículo 122 de la Constitución de Chihuahua señala que la Fiscalía General debe contar con una Fiscalía Anticorrupción y que es facultad de los diputados nombrar a su titular

“La o el titular de esta fiscalía especializada será nombrado por el Congreso del estado por el voto de las dos terceras partes de las y los diputados presentes, de una terna enviada por un panel de nueve especialistas en materia de combate a la corrupción, de los cuales cinco serán designados por el Ejecutivo y cuatro por el Legislativo, de conformidad con la convocatoria pública que para estos efectos expida el citado panel”, se indica en esa ley.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Chihuahua, Cuauhtémoc Estrada, dijo que la gobernadora cometió un error al designar a Orpinel Pizarro en el cargo porque existe una disposición expresa respecto a qué autoridad está facultada para determinar quién debe ser el o la fiscal anticorrupción.

Aunado a ello, indicó, la mandataria dejó de lado que junto a la anterior fiscal —Gemma Guadalupe Chávez Durán, quien renunció a ese cargo en mayo pasado—el Congreso nombró a un vicefiscal, Ulises Soteno Torres y es él quien debería asumir la responsabilidad.

“No cumple con los requisitos que establece la actual legislación el nombramiento temporal porque hay un vicefiscal que se origina cuando se hizo el nombramiento de Gema, y entiendo, él debe de llevar a cabo las funciones de fiscal anticorrupción.

“Sin embargo, la gobernadora determinó hacer un nombramiento en otra persona distinta, entiendo que está sujeto a alguna interpretación, sin embargo, sostengo que no es correcto ese nombramiento como lo hizo el Ejecutivo”, expuso el diputado.

“No cumple con los requisitos que establece la actual legislación el nombramiento temporal porque hay un vicefiscal que se origina cuando se hizo el nombramiento de Gema, y entiendo, él debe de llevar a cabo las funciones de fiscal anticorrupción”
Cuauhtémoc EstradaPresidente de la Jucopo del Congreso de Chihuahua

El legislador explicó que el fundamento jurídico utilizado por la gobernadora Maru Campos para la designación de Orpinel es inoperante porque a la par de la creación de la Fiscalía Anticorrupción se generó un ordenamiento jurídico que rige a esta instancia, como un decreto emitido por la Sexagésima Legislatura de Chihuahua en 2019 en el que se establece que quedan derogadas todas las disposiciones legales contrarias a la Ley Reglamentaria y Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción, ley que precisamente remite al Artículo 122 de la Constitución de Chihuahua al establecer quién tiene la facultad de designar al titular de esa dependencia.

De acuerdo con el artículo 122, es un panel de especialistas quienes deben presentar al Congreso de Chihuahua una terna para que de ahí se elija al titular de la Fiscalía Anticorrupción. El Poder Ejecutivo debe nombrar a cinco integrantes del panel y el Poder Legislativo a cuatro.

El panel de especialistas debe emitir una convocatoria, entrevistar a los aspirantes y presentar la terna al Congreso de Chihuahua. Para eso todavía no hay fecha.

El diputado Cuauhtémoc Estrada dijo que es posible que el próximo 12 de julio el Congreso vote para elegir a sus cuatro especialistas, pero aún no es seguro.

Pasado duartista de elegida por Maru Campos

La nueva titular de la Fiscalía Anticorrupción, Nidia Aidín Orpinel Pizarro, declinó dar una entrevista a Reporte índigo. El vocero de la dependencia, Leonel Rodríguez Grajeda, dijo que la funcionaria estaba ocupada revisando el estado de las carpetas de investigación y en reuniones.

A Orpinel Pizarro se le vincula con el exgobernador acusado de haber cometido los delitos de peculado y asociación delictuosa, César Duarte Jáquez.

El propio Duarte le tomó protesta, el 23 de septiembre del 2014, como titular de Fiscalía de la Zona Centro Sur, con cabecera en Delicias; y en mayo 2016 la nombró fiscal de la Zona Sur de Chihuahua, con sede en Parral.

Antes de ser nombrada por la gobernadora María Eugenia Campos como fiscal Anticorrupción, Orpinel se desempeñó como coordinadora general de los Centros de Justicia para las Mujeres.

Se prevé que el día de hoy el Congreso de Chihuahua vote para elegir a sus cuatro especialistas para conformar el panel que seleccionará la terna de la que se elegirá al titular de la Fiscalía Anticorrupción

Pocos resultados

En 2021 la Fiscalía Anticorrupción inició apenas 19 carpetas de investigación, y 69 —contando asuntos de años anteriores—se dieron por terminadas. Del total, en tres se emitió sentencia.

En la mayoría de los casos, la Fiscalía determinó el no ejercicio de la acción penal, de acuerdo con el “Segundo Informe de Actividades Sustantivas y Resultados Ejercicio 2021” emitido por la propia dependencia antes de la renuncia de Gemma Guadalupe Chávez Durán.

En septiembre del 2021 antes de que Maru Campos tomara protesta como gobernadora, la Fiscalía Anticorrupción desistió de formularle cargos legales por presuntamente haber cobrado sobornos a empresarios cuando era presidenta municipal de Chihuahua.

La Fiscalía había iniciado la causa penal 3022/2020 pero después de desistir la vinculación a proceso por la “nómina secreta”, así como por los sobornos, los cargos quedaron sin efecto.

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