Muerto y enterrado el niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, el gobierno de Puebla insiste en echar más fuego a la hoguera.
Mientras el Congreso de Puebla se apresta a abrogar la polémica Ley Bala a petición del propio gobernador Rafael Moreno Valle, su administración insiste en deslindarse a toda costa de la muerte del menor de edad.
Ayer el procurador Víctor Carrancá salió a escena insistiendo que la muerte de Tehuatlie no fue responsabilidad de los policías estatales y que éstos nunca utilizaron balas de goma sino gases lacrimógenos.
Para respaldar su dicho argumentó que la autoridad cuenta con dictámenes periciales y videos que acreditan lo ocurrido durante las seis horas que duró el conflicto.
Fue en un paraje de la autopista Puebla-Atlixco que tuvo lugar la protesta de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, por el cambio en las disposiciones del Registro Civil. Ahí fue herido Tehuatlie y días después murió.
Entre las líneas de investigación que ayer anunció la Procuraduría de Justicia estatal se maneja que el chico de 13 años pudo ser lesionado por un cohetón detonado por los propios manifestantes durante la trifulca.
“Es muy lamentable la muerte del niño pero si esto fue una acción premeditada para provocar a la policía y en ese descontrol, porque se arrojaron más de 200 cohetones, uno de comportamiento errático pudo lesionar y matar al menor”, afirmó Carrancá en una entrevista a Radio Fórmula.
Explicó que en un momento del enfrentamiento los pobladores atacaron con piedras, bombas molotov y cohetones a los uniformados. Y que fue entonces cuando los policías dispararon gases lacrimógenos para repeler a los agresores.
En ese momento “el menor estaba en un punto distante donde se estaba dando la confrontación” y la lesión que sufrió en la cabeza fue por causa de “un efecto expansivo”.
El desprendimiento de cráneo que sufrió el menor según lo determinado por los médicos forenses lo produjo una explosión que le causó un traumatismo cerebral.
Versiones contradictorias
La madre de Tehuatlie salió de nuevo a relucir.
El procurador Carrancá insiste en que Elia Tamayo se ha contradicho en sus versiones: que tanto a los médicos del hospital adonde fue llevado su hijo llevado tras ser herido como al Ministerio Público les dijo su hijo había sido herido por un cohetón.
La versión que da la autoridad judicial contradice además otras más sobre lo acontecido el pasado 9 de julio.
El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia recuerda que, en un comunicado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla refirió que la noche de los acontecimientos, los visitadores de este organismo se presentaron en el hospital para conocer la situación. Iban acompañados por un médico legista e iniciaron la queja (con folio 2475) sobre una lesión que recibió el menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo y al respecto señalaron:
“La madre del menor describió la forma en que ocurrieron los hechos, por lo que señaló a la Policía Estatal como la autoridad responsable de la agresión donde resultó lesionado su hijo”.
Tamayo ha referido que “los granaderos eran de montón y estaban aventando cosas que explotaban y cuando yo oí eso mi hijo cayó de un lado. Estaban aventando y agrediendo a las personas”.
Por otro lado está la versión del neurólogo Luis Felipe Loria Rosa que tras contactado por senadores de la izquierda en Puebla concluyó que la lesión expuesta de tres centímetros la provocó un objeto contuso y fuerte que no pudo ser un cohetón.
Entrevistado el sábado 19 de julio al salir del Hospital General del Sur Loria, que iba acompañado por la diputada Roxana Luna Porquillo y la madre del menor, aseguró que “no tiene huella de quemada en el rededor de la cicatriz”. Ese sábado Tehuatlie que estaba en coma desde 10 días antes, fue diagnosticado con muerte cerebral. Lo conectaron a un respirador artificial.
No fue sino hasta varias horas después que Luna y un equipo de abogados refirieron que el gobierno de Moreno Valle nunca comunicó el parte médico del niño a sus familiares y se desconocía quién había autorizado desconectarlo.
Elia Tamayo se enteró de que su hijo había muerto por un paro cardiorrespiratorio por los medios.
Denunciaron además que el cuerpo de Tehuatlie fue entregado con gran retraso, hasta las 21.30 horas del domingo 20 de julio, y sin cumplirse medidas jurídicas estrictas como el reconocimiento del cadáver o el hecho de haberle practicado la autopsia sin notificar a los familiares e interesados.
Desde ese momento comenzaron a circular las versiones de que se buscaría a toda costa cambiar el dictamen de la necropsia para así deslindar la responsabilidad de todas las autoridades en la muerte del menor.
Diversos juristas insisten en que se debe hacer una investigación independiente e imparcial en breve término para deslindar responsabilidades y establecer mecanismos de no repetición.