A través de mantas colocadas el martes en San Luis Potosí y Zacatecas, y la madrugada de ayer en Monterrey y su área metropolitana, el grupo de la letra se desligó de la mutilación de los 49 cuerpos y hasta exihibió al propio Domene, al secretario de Seguridad Javier del Real y al Procurador Adrián de la Garza.
La investigación criminal por los 49 cuerpos mutilados que arrojaron en Cadereyta parece dirigirse al limbo institucional.
Y es que tanto la PGR como la Procuraduría estatal de Nuevo León han asumido sus tradicionales posturas para eludir el asunto central y de fondo: cuál es el móvil y quiénes son los autores de la mutilación de 49 personas.
Gente asesinada que todavía hasta ayer seguía sin ser identificada por las autoridades.
El domingo, a un costado de la Carretera a Reynosa, en el poblado de San Juan, Cadereyta, fueron encontrados 49 cuerpos mutilados y decapitados, entre los que se encontraban 6 mujeres.
Ese día la autoridad estatal responsabilizó, sin ninguna investigación, al grupo delictivo de Los Zetas, tomando como única fuente de probanza la narcomanta que dejaron los criminales en el sitio.
Con esa acusación la administración del gobernador Rodrigo Medina sólo pretendía una cosa: lavarse las manos y mandar esta múltiple ejecución a la competencia federal.
La respuesta de la PGR no se hizo esperar: a través de un comunicado la dependencia federal anunció que abrió una acta circunstanciada para tomar conocimiento de los hechos ocurridos en Cadereyta.
Sí, una acta circunstanciada.
Lo mismo que hace la autoridad cuando uno reporta la pérdida de un teléfono celular, por ejemplo.
Esta fue la respuesta institucional de la dependencia que encabeza la Procuradora General de la República, Marisela Morales, contra uno de los actos de mayor barbarie cometido por el crimen organizado en el país.
A pesar de que existen en la matanza de Cadereyta elementos claros para tipificar este crimen como un delito federal de la delincuencia organizada, la PGR no se hizo responsable de la investigación.
A diferencia de la masacre de Cadereyta, en octubre del año pasado la PGR atrajo la investigación y se hizo cargo de la averiguación de los 35 cuerpos que fueron tirados en una de las avenidas principales de Boca del Río, Veracruz.
Así que tomando aquel caso como ejemplo, el de los cuerpos de San Juan le compete investigar tanto al Gobierno Federal como al de Nuevo León.
Las dos instancias tienen facultades para iniciar un procedimiento formal, sin embargo eluden esta responsabilidad.
Pero esta evasión a investigar no es ninguna novedad.
Lo mismo pasó con la investigación del ataque al Casino Royale donde murieron 52 personas inocentes el 25 de agosto del 2011, tras un ataque del grupo criminal de Los Zetas contra el establecimiento.
La PGR nunca atrajo la investigación del mayor atentado contra la población civil en México, mientras que la Procuraduría de Justicia de Nuevo León se concentró principalmente en detener a los integrantes de este grupo delictivo que incendiaron el centro de apuestas.
Hasta el momento las autoridades han detenido a 15 presuntos integrantes de Los Zetas implicados en la masacre para ser consignados por este ataque que conmocionó a México.
Sin embargo, trascendió que más que detenciones fueron entregas que hizo el propio grupo delictivo, porque la célula que cometió el homicidio masivo actuó de manera independiente.
Ni la Procuraduría estatal ni la PGR encontraron en su investigación elementos para consignar penalmente al dueño del casino Royale, Raúl Rocha Cantú, quien huyó del país.
Tampoco pudieron consignar al director de Protección Civil del Estado, Jorge Camacho, quien autorizó la operación del casino aunque no cumplía con las medidas de seguridad.
En el archivo y bajo carpetazo también está la averiguación penal por la masacre de 44 reos ocurrida el pasado 19 de febrero en el Cereso de Apodaca.
Como en el Casino Royale, como en la matanza de Cadereyta, la PGR tampoco se hizo cargo de la indagatoria judicial.
De los 37 reos fugados, las autoridades han recapturado a 12 y 2 más han resultado muertos en enfrentamientos con el Ejército.
Hasta ahora ambas dependencias están llevando a cabo un juego muy cómodo: una no investiga y la otra no interviene.
Pero mientras hay 49 personas mutiladas en la morgue del Hospital Universitario.
Y decenas de familiares de gente desaparecida esperan, al menos, conocer la identidad de esos cuerpos, luego de que la autoridad se adelantó a decir que no son de Nuevo León.
Estrategia mediática de CDG vs. Zetas
Para engañar o incluso para hacer aclaraciones sobre sus crímenes, la delincuencia organizada emplea sus propios medios de comunicación, que terminan por exhibir a las autoridades.
Como en el caso de los 49 cuerpos mutilados que fueron arrojados la madrugada del domingo en la entrada de la comunidad San Juan, en Cadereyta.
Aquí la autoridad no sólo fue engañada y exhibida por los criminales luego de que se adelantó a culpar a un grupo.
También cayó en contradicción con su propio dicho del domingo, porque ayer el vocero de Seguridad Jorge Domene dijo que no culpó a Los Zetas de esa masacre, cuando todo Nuevo León lo escuchó señalar a ese grupo delictivo como el autor de la matanza.
Y es que ante la falta de investigación de la Procuraduría del Estado y de la Procuraduría General de la República, los grupos criminales en guerra están utilizando sus leyendas escritas en mantas para engañar a la población.
Porque así como sucedió en Nuevo Laredo, en Reynosa y en Jalisco, la alianza entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo habría utilizado en Cadereyta la estrategia de montar una escena de asesinato masivo para colocar una manta atribuyendo la masacre a sus rivales Los Zetas.
Por ello es que sin investigación de por medio, el mismo domingo Domene salió a decir que Los Zetas se atribuyeron la mutilación de los 49 cuerpos.
Así que luego entró la estrategia mediática que está utilizando el grupo de Los Zetas para aclarar que ellos no fueron los culpables de esa masacre.
A través de mantas colocadas el martes en San Luis Potosí y Zacatecas, y la madrugada de ayer en Monterrey y su área metropolitana, el grupo de la letra se desligó de la mutilación de los 49 cuerpos y hasta exihibió al propio Domene, al secretario de Seguridad Javier del Real y al Procurador Adrián de la Garza.
La organización criminal les pidió que se pongan a trabajar y que investiguen antes de culpar a un grupo.
Pero también hay una segunda parte muy importante en la manta.
En ella Los Zetas aseguran que el cerebro de los atentados con coche bomba que han estallado en Ciudad Victoria y en Nuevo Laredo es un hombre que apodan Mike “El Gringo” y que los atentados con ejecutados por Juan Carrizales.