El estallido de decenas de huelgas en maquiladoras ubicadas en Matamoros, Tamaulipas, es el primer conflicto laboral que le toca enfrentar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por ello que la intervención para solucionar esa problemática podría marcar la pauta de cómo se resolverán este tipo de pugnas a futuro.
En Matamoros no sólo están en juego las exigencias de los trabajadores y la problemática o resistencia de los patrones para cumplirlas, de por medio están también las pérdidas económicas y el posible cierre de plantas de trabajo que podrían ser repatriadas a sus países de origen o trasladadas a otras ciudades mexicanas.
En la ciudad tamaulipeca los paros de labores que iniciaron hace 17 días, alcanzaron su punto más complicado el viernes de la semana pasada cuando cerca de 30 mil trabajadores de 45 plantas maquiladoras de los sectores automotriz, textil, plástico y eléctrico, entre otros, se declararon en huelga.
Los obreros frenaron sus actividades después de no haber alcanzado un acuerdo laboral con la Asociación de Maquiladoras, debido a que integrantes del Sindicato de Jornaleros, Obreros Industriales y Similares exigían un aumento salarial del 20 por ciento, además de un bono de 32 mil pesos anuales por empleado.
Las peticiones de los trabajadores ocurren tras el decreto de Estímulos Fiscales de la Frontera Norte, que entre sus nuevas reglamentaciones señala que en una franja de 25 kilómetros en la frontera los salarios mínimos deben ser acordes a la realidad del mercado fronterizo y transfronterizo, lo que implicaría un incremento
El día del paro laboral, Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó en su cuenta de Twitter que ya estaba interviniendo para buscar acuerdos entre ambas partes.
“Respecto al conflicto laboral en Matamoros, a pesar de tratarse de un asunto estatal la @STPS_mx está coadyuvando para que se llegue a un acuerdo. Hemos llamado a las partes a continuar con el diálogo para bien de los trabajadores y las fuentes de empleo”, indicó la funcionaria federal.
Sin embargo, pese al intento de mediación por parte de la secretaria del Trabajo, el viernes, Juan Villafuerte, secretario general del Sindicato de Jornaleros, informó que no lograron acordar las condiciones para que a cambio los empleados volvieran a sus actividades.
El domingo, 19 compañías accedieron otorgar el aumento salarial y el bono mayor a 30 mil pesos para los trabajadores con el propósito de que estos levantaran la huelga.
En tanto, el Sindicato de Jornaleros continúa negociando con las empresas para buscar que las prestaciones exigidas sean cumplidas.
En contraste con las empresas que sí accedieron, Cepillos de Matamoros anunció el cierre de su planta con lo que alrededor de mil 700 trabajadores perderían su empleo al no llegar a un acuerdo con el sindicato.
De las compañías en las que se detuvo por completo la producción 13 son de la industria automotriz, considerada la segunda actividad económica con mayor participación en el Producto Interno Bruto manufacturero a nivel nacional
Aunque la participación de Tamaulipas en la manufactura de partes automotrices es mínima en comparación de otras entidades ubicadas en el Bajío, los paros de labores en Matamoros ya han provocado preocupación en el sector.
Por su parte, Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), aseguró que la problemática en Matamoros no es solamente de orden local, indicó que están en riesgo miles de empleos, pero también la reputación del país.
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