En comisiones de la Cámara de Diputados fue desechada la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto para permitir el matrimonio igualitario; pero sobrevive otra que, desde una visión conservadora, busca asentar en la Constitución que el matrimonio es tal, solo si es entre un hombre y una mujer.
En la iniciativa se establece que “el varón y la mujer serán depositarios del derecho humano a ser definidos por su naturaleza y no por la cultura”.
Además, define que el matrimonio es el derecho humano que puede ser ejercido por una pareja entre hombre y mujer; y que el Estado debe garantizar la protección de la vida de los miembros de una familia, desde la fecundación.
La propuesta, presentada por la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social (PES), fue suscrita por 24 diputadas y 23 diputados de las bancadas del PRI, el PAN, el PRD, el PVEM, Morena y su propio partido.
Se presentó en septiembre pasado y su estudio continúa pendiente en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos, de la Cámara de Diputados. No ha sido desechada, como sí lo fue la del presidente de la República.
Martínez Guzmán, diputada plurinominal –como los nueve de la bancada del PES- por Jalisco, ganó notoriedad en redes sociales cuando, en días pasados, en el debate para rechazar la iniciativa presidencial afirmó que la cuestión no es si las parejas homosexuales se casan o no, sino las consecuencias que esto traería en la sociedad.
“Generacionalmente estamos experimentando con una teoría –la teoría, perspectiva o ideología de género- que nos vendieron como la igualdad entre hombres y mujeres; pero que se trataba del engaño en donde nadie es hombre ni es mujer, sino que cada quien es una tábula rasa, que por su mera libertad decide ser hombre, mujer, bisexual, transexual, transespecie, neutro, intersexual, travesti, indefinido, transedad, o mera quimera, y podría agregar algunos otros adjetivos”, dijo.
La legisladora, que toda su vida ha pertenecido a grupos que rechazan el aborto y defienden la familia “tradicional”, causó conmoción al decir que si se permite el matrimonio igualitario, después podría haber en México otras conductas absurdas.
“¿Cómo nos recordarán nuestros nietos cuando vean a su alrededor los absurdos que ya se ven en Canadá, en Holanda, en Inglaterra? Casos reales de gente casándose con delfines, con laptops; casos reales de un señor de 52 años siendo adoptado porque dice ser una niña de 19 años”, cuestionó la legisladora.
Aunque tal declaración fue reprobada por el presidente de su partido -y también diputado federal-, Hugo Eric Flores Cervantes, la postura de la legisladora va en concordancia con el pensamiento que se sigue y se enseña en el PES, identificado con los grupos cristianos y evangélicos del país.
Flores Cervantes fue el primero en suscribir la iniciativa de Martínez Guzmán; es decir, apoya en sus términos todo el contenido de la propuesta.
Lo hicieron así los diputados de otras bancadas –menos de Movimiento Ciudadano-.
Derecho ‘natural’
La bancada del PES ha llevado una serie de iniciativas conservadoras a la Cámara de Diputados, escondiendo en ellas sus tendencias religiosas bajo el argumento de defender el “derecho natural”.
Éstas se han presentado principalmente en temas de derechos humanos.
La propuesta de la diputada jalisciense, Martínez Guzmán, va en el sentido de desvalorizar “el afecto” como motivo de dos personas para contraer matrimonio pues, según su dicho, si el asunto se trata de una emoción no debería interesarle al Derecho.
Por ello, argumenta que cuando un “pequeño sector” de la población quiere acceder a ciertas ventajas jurídicas, deben revisarse leyes, “más no se alteran las instituciones ya existentes”.
En su texto, la legisladora considera que no puede decirse que hay discriminación, simplemente porque una persona no cumple los requisitos para poder acceder a un derecho.
“El principio de igualdad y no discriminación exige no ignorar diferencias relevantes. La unión hetero es estructuralmente fecunda. La unión homo es estructuralmente estéril; por lo tanto, las uniones hetero son socialmente relevantes; las homo no”, sentencia.
En todo caso, define Martínez Guzmán, habría discriminación si a una persona no se le permitiera contraer matrimonio en absoluto, lo que no ocurre hoy día.
“Habría discriminación si al homosexual se le impidiera radicalmente contraer matrimonio con cualquier persona, por el hecho de ser homosexual, lo que no ocurre: puede casarse cuando quiera, en matrimonio, que ya está definido (…).
“Un deseo no es un derecho: hay muchos amores sinceros que no tienen ninguna ventaja. No parece claro por qué el amor que se profesan las uniones homosexuales se diferencia de otros, mereciendo semejante beneficio legal (…) El Estado debe tutelar la continuidad y la supervivencia de la sociedad y no los vaivenes del ‘afecto’ humano, ya que si éste último fuera el valor tutelable nada impediría en el futuro la legalización de otros tipos de uniones como la poligamia o poliandria, el poliamor, el incesto y aún el bestialismo (unión de un hombre y un animal)”, insiste la legisladora.
La congresista jalisciense señala que, de aprobarse el matrimonio igualitario, se convertiría en una conducta aceptada que deberá enseñarse en las escuelas.
“El Estado por su carácter laico no puede promover ni en la legislación ni en la educación una ideología contrapuesta al desarrollo saludable de la familia e individuos que la conforman.
“El Estado no debe confundir el bienestar de su población con los intereses exclusivistas o ideologías exóticas, que provengan ya sea de grupos minoritarios dentro de su sociedad, o desde afuera, es decir, gobiernos, empresas o colectivos internacionales”, apunta.
En los anexos de su iniciativa, Martínez Guzmán desestima los estudios que se han hecho sobre las terapias de reemplazo hormonal para niños inconformes con su género; o sobre el origen genético de la homosexualidad.