Matrimonio igualitario:¿derecho o dogma?

El anuncio del PRI de que la iniciativa sobre el matrimonio igualitario no será considerada como prioritaria en el próximo periodo de sesiones del Congreso, podría condenar la propuesta a la congeladora legislativa.


Se interrumpiría así un proceso de debate nacional para quitar cualquier rastro de discriminación a la institución matrimonial en todo el país.


“(Esta iniciativa) no está entre nuestras prioridades. Está ahí, hay una iniciativa, en el cúmulo enorme, casi diría interminable, inabarcable de asuntos, vamos a marcar prioridades. Por lo pronto, en este momento no lo está”, anunció César Camacho, coordinador de los diputados federales del PRI.


La presión de los grupos conservadores tuvo efecto. La principal oposición al matrimonio igualitario vino de las Iglesias y dobló las intenciones del Ejecutivo de impulsar su iniciativa.


La coacción ocurrió no solo en los dichos, sino en las urnas. El PRI fue castigado en las urnas, en algunas partes del país –como en Aguascalientes- por promover la agenda de derechos de la comunidad de la diversidad sexual; esto le costó perder elecciones y por ello decidió dar marcha atrás.


Y es que la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto para declarar constitucional el matrimonio igualitario prendió la mecha de la polémica.



El mandatario presentó su propuesta en mayo pasado, 20 días antes del proceso electoral del 5 de junio.


Peña Nieto también trató la la posibilidad de que una pareja del mismo sexo tenga las mismas oportunidades que una pareja heterosexual para adoptar hijos legalmente.


De inmediato, los grupos conservadores de todo el país comenzaron su ofensiva contra la iniciativa.


En algunas entidades, los sacerdotes incluso llamaron a no votar por el PRI porque pretende legalizar la unión entre personas del mismo sexo.


En las últimas semanas, la ofensiva de las iglesias y los grupos conservadores se ha incrementado.


Han anunciado, incluso, que presentarán una contrainiciativa para proteger la unión entre un hombre y una mujer.


Han centrado sus argumentos en la reflexión moral y religiosa.


La clase eclesial mexicana se ha dicho traicionada por el presidente Enrique Peña Nieto, que “siempre se ha dicho católico”.


En tanto, los esfuerzos de la comunidad de la diversidad sexual han sido más discretos y menos visibles; sin embargo, tienen apoyo de organizaciones civiles y hasta de la Embajada de Estados Unidos en México.


Su defensa se enfoca en el ejercicio de los derechos humanos.


Así, el debate por el matrimonio igualitario y la adopción sin discriminación anticipa un choque ideológico de grandes proporciones, que ya hace cimbrar los cimientos de la sociedad mexicana y de la clase política, que está entre la espada y la pared ante un país que, en la realidad, ya está transformándose.


El panorama


En México, no todos los estados tienen contemplada en su legislación la figura del matrimonio igualitario.


Las entidades que ya han avanzado en sus leyes y permiten casarse sin tramitar un juicio de amparo son nueve: la Ciudad de México, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Nayarit, Michoacán, Jalisco, Morelos y Quintana Roo.


En todos los demás, es necesario iniciar un juicio de amparo para reclamar el derecho a contraer nupcias con otra persona, sin importar su orientación sexual.


En todo México, más de 7 mil 500 parejas del mismo sexo han contraído matrimonio.


Esto no ha significado necesariamente un crecimiento en las adopciones, pues solo 14 menores han sido adoptados por personas homosexuales.


El otro lado de la moneda es el de la violencia.


La Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia ha alertado que a raíz de la iniciativa presidencial para aprobar el matrimonio igualitario, los casos de violencia por homofobia se han recrudecido.


Hasta el mes de julio, en el 2016 se cometieron 26 asesinatos contra personas de la diversidad sexual en el país.


En una nota de la Agencia France Press (AFP), las organizaciones refieren que en todo el 2015 se documentaron 44 crímenes de odio; en el 2014, la cifra fue de 72.


La iniciativa progresista


Congruente con las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la propuesta del Ejecutivo plantea la necesidad de eliminar cualquier rastro de discriminación que se aplique a la noción del matrimonio civil.


La iniciativa presidencial propone reformar el Artículo 4 de la Constitución Política para asentar que no debe aplicarse ningún tipo de discriminación para contraer matrimonio civil.


“El varón y la mujer son iguales ante la ley(…). Toda persona mayor de dieciocho años tiene derecho a contraer matrimonio y no podrá ser discriminada por origen étnico o nacional, género, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, preferencias sexuales, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana”, sugiere la iniciativa presidencial.


El Ejecutivo basa su argumentación en criterios de la SCJN y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que establecen que la orientación sexual se encuentra ligada al concepto de libertad y a la posibilidad de toda persona de autodeterminarse.


“Desde un enfoque de derechos es fundamental tener presente que la orientación sexual constituye un elemento esencial para la dignidad de toda persona que se vincula con los derechos a la identidad, a la auto-determinación, al libre desarrollo de la personalidad, a la vida privada, a la intimidad, a la integridad personal, entre otros, por lo que la orientación sexual no puede ser motivo de restricción de derechos.


“Para muchas personas el matrimonio forma una de las instituciones de realización existencial de especial importancia, por lo que la exclusión de esta posibilidad a las parejas homosexuales conlleva un simbolismo de exclusión de gran relevancia para las personas”, expone el texto presidencial.


El presidente Peña Nieto sostiene que el matrimonio es un derecho que conduce a otros, sean de tipo fiscal, de solidaridad, por causa de muerte de uno de los cónyuges, de propiedad, de decisiones médicas o migratorios.


Las mismas reglas


Al igual que en el matrimonio conformado por un hombre y una mujer, en el caso de las parejas homosexuales también deberán tener al menos 18 años cumplidos para contraer matrimonio o tener el consentimiento de sus padres cuando sean menores de edad.


Al mismo tiempo, el Ejecutivo presentó la iniciativa para modificar el Código Civil Federal para plasmar ahí la intención del matrimonio sin discriminación y también el derecho de las parejas del mismo sexo a tener las mismas condiciones que las parejas heterosexuales para adoptar a un menor de edad.


El presidente Peña Nieto destaca que negar el derecho a un niño o niña de ser adoptado por “el solo hecho de la orientación sexual de las personas adoptantes” significa una conducta discriminatoria tanto para los menores como los adoptantes.


“En el caso de la adopción de niñas, niños o adolescentes, los criterios que deben prevalecer para que una persona o personas puedan adoptarlos, es que ofrezcan las condiciones necesarias para su cuidado y desarrollo, y representen una mejor opción de vida, con total independencia de la orientación sexual de las personas adoptantes”, argumenta el Ejecutivo.


El mandatario presentó en el mismo paquete la propuesta de los cambios para que las personas con otra identidad de género puedan armonizar sus documentos, incluyendo actas de nacimiento, pasaportes, registros electorales u otros.


Además, se establecería la posibilidad del divorcio “sin expresión de causa”.


La propuesta conservadora


Un mes antes de que el Ejecutivo enviara su iniciativa a la Cámara de Diputados, al Senado llegó uno de los grupos más conservadores del país para entregar una iniciativa, acompañada de 200 mil firmas ciudadanas –según su propio dicho-, para pedir “blindar” el matrimonio civil tradicional y circunscribirlo a la unión entre un hombre y una mujer.


Se trata del Consejo Mexicano de la Familia (ConFamilia), dirigida por Juan Dabdoub, y quien ha hecho la batalla contra el matrimonio igualitario una de sus principales cruzadas.


En su iniciativa, este grupo señala que el matrimonio “es una institución de carácter nacional, ya que igual que la familia, existe mucho antes que la sociedad y el Estado”.


A lo largo de 78 cuartillas, ConFamilia da una serie de argumentos sobre el aumento en las posibilidades de que un menor tome conductas erróneas –como tener relaciones sexuales a una edad muy temprana o delinquir- si proviene de una familia diferente de la tradicional –padre, madre e hijos-, a las que llama también “familias intactas”.


Esta categorización incluye a familias que son sostenidas solo por uno de los padres, padres que viven en unión libre –sin casarse-, si los padres están separados o si se trata de una pareja del mismo sexo.


En uno de los puntos de argumentación, ConFamilia señala que las familias “intactas” – formadas en un primer matrimonio, con padre, madre e hijos- que atienden semanalmente los servicios religiosos en una iglesia, tienen mayores ingresos económicos que las familias “rotas” que no acuden a la iglesia.


Además, las familias de mujeres solteras, representan la mitad de todos los hogares en condición de pobreza en Estados Unidos –país al que citan en casi todos los ejemplos-.


La principal razón de la presentación de la iniciativa de ConFamilia es determinar que el matrimonio es una institución que solo puede fundarse entre un hombre y una mujer.


“Donde hay matrimonio, hay familia; y en ambos participa un hombre y una mujer (…) Cierto es que no todas las parejas quieren o pueden procrear por ciertos problemas particulares; sin embargo, en potencia, cualquier unión de hombre y mujer puede traer una nueva vida, pues tienen la capacidad de procrear, aunque esta pueda tener algún daño.


“Lo anterior es muy diferente a las parejas que no tienen, ni siquiera, la capacidad; como serían dos hombres o dos mujeres”, señala el texto.


La propuesta de esta organización enfatiza que, en caso de que un menor de edad sea impedido de crecer y vivir en una familia tradicional, sin la protección de uno o sus dos padres, es necesario que el Estado respete su derecho a ser criado en el seno de una familia tradicional.


Para ConFamilia, la decisión de la SCJN de amparar a las parejas del mismo sexo que han buscado contraer matrimonio en los estados donde no está permitido, ha sido errónea.


“La Suprema Corte de Justicia de la Nación (…) emitió una jurisprudencia que consideramos sin suficiente fundamento y motivación y contraria a los sentimientos de la Nación para establecer el acceso al matrimonio a las personas del mismo sexo, con el aventurado y ridículo ‘argumento’ de una supuesta discriminación que no existe.


“Al no contar con el respaldo del pueblo, sin mediar consulta alguna y violentando legislaciones estatales de décadas que respaldan y reconocen la protección del matrimonio natural hombre-mujer, la Corte con interpretaciones caprichosas e ideologizadas, determinó de un plumazo (…) que el matrimonio no tiene nada que ver con la vinculación hombre-mujer, ni con la procreación, no obstante que son parte de la naturaleza misma de la institución del matrimonio desde hace siglos como se acredita en esta exposición de motivos”, critican los conservadores.


Para lograr las firmas que acompañaron la iniciativa, ConFamilia se apoyó en organizaciones religiosas que pidieron a sus miembros firmar el documento que fue recibido en el Senado, en abril pasado.


‘Hacerlo legal no lo hace moral’


Las organizaciones religiosas tomaron como bandera la defensa de la familia tradicional y se han propuesto evitar por todos los medios evitar que la propuesta del primer mandatario sea aprobada en el Congreso de la Unión y después en los estados.


La clase eclesial del país, ha dicho Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis de México, se siente traicionada por el presidente Enrique Peña Nieto.


“No es que haya habido un trato previo, un acuerdo firmado, pero se sobreentendía una relación adecuada donde el Presidente, junto con su partido, venían salvaguardando valores familiares”, afirmó el sacerdote.


Las Iglesias, sobre todo la católica, han desplegado toda clase de juicios contra quienes defienden la posibilidad de que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio.


Sus métodos van desde la publicación de críticas y argumentos morales en sus órganos de difusión, hasta el llamado desde el púlpito para que los ciudadanos castiguen al PRI en las urnas.


A través de la Arquidiócesis Primada de México y la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Iglesia católica ha armado un frente de batalla para dar múltiples argumentos de por qué creen que permitir el matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres es un error.


En su semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis de México liderada por el cardenal Norberto Rivera Carrera, ha publicado una serie de artículos cada semana con la reflexión de “¿Por qué la Iglesia se opone a la iniciativa del Presidente que promueve el matrimonio igualitario?”. Ahí ha dejado ver algunos de sus argumentos para tal rechazo.


“El ano del hombre no está diseñado para recibir, solo para expeler. Su membrana es delicada, se desgarra con facilidad y carece de protección contra agentes externos que pudieran infectarlo. El miembro que penetra el ano lo lastima severamente pudiendo causar sangrados e infecciones.


“También en el sexo lésbico puede haber contagio de enfermedades de transmisión sexual, así como daños por la penetración de objetos que sustituyen el miembro masculino”, versa su artículo del 17 de julio pasado.


Que el Estado vuelva el asunto legal, no lo hace moral, sostienen en la Iglesia católica.


Se debe analizar


Las Iglesias evangélicas y cristianas son otros grupos religiosos que han puesto todos sus esfuerzos en evitar que la propuesta pase por el filtro del Congreso.


Relacionado con estos grupos religiosos se encuentra el Partido Encuentro Social (PES), cuya bancada en la Cámara de Diputados ha organizado hasta foros para exponer argumentos contra el matrimonio igualitario.


Hugo Eric Flores, presidente del partido y diputado federal, ha dejado clara su oposición a esta nueva legislación.


El diputado federal ha dicho que el derecho de los matrimonios del mismo sexo a adoptar es una “ola mundial” que lógicamente llegaría a México, pero que se debe analizar porque una situación así “hizo caer” a culturas como la griega y el imperio romano, “porque perdieron principios éticos y morales”.


“Este tipo de temas dividen a la sociedad y en México ya tenemos muchos que dividen a los mexicanos. No podemos permitir que este asunto nos divida. Tenemos que ser sabios y prudentes para defender nuestros principios con modestia, humildad, inteligencia y astucia”, afirmó Flores en el foro “Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia”, organizado en la Cámara
de Diputados.


Flores ha negado ser –o haber sido- pastor evangélico; sin embargo, en su ficha curricular del Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación se muestra como parte de su carrera.


Algunos legisladores de otros partidos, inclusive del PRI, también se han pronunciado en contra de la propuesta por considerar que va en contra de los principios que protegen a las familias nucleares.


‘No pedimos que nos acepten’


Derechos humanos y de la comunidad de la diversidad sexual en México ya preparan su estrategia para defender la iniciativa presidencial.


Aunque sus posiciones son más discretas, activistas de todo el país ya cabildean con algunos legisladores para conseguir el apoyo y generalizar el derecho a contraer matrimonio con la persona de su elección.


Para Lolkin Castañeda, activista por la diversidad sexual y miembro del comité redactor de la Constitución de la Ciudad de México, el debate por el matrimonio igualitario es de derechos y no de moral o de religión.


“El tema del matrimonio es un tema de derechos, no de dogmas, no de fe. Y hemos visto la postura de algunas iglesias, no solo la católica romana sino otras; y con un mal entendimiento de la representación social, alguna gente del Partido Acción Nacional, del Verde, de Encuentro Social –que cree que es un partido que está en la sociedad para imponer dogmas y no para legislar y hacer políticas públicas-. Esta postura tampoco es tan alejada de López Obrador y de Morena.


“Están intentando, las asociaciones religiosas, promover la desigualdad, incitar a la violencia, imponer sus discursos de odio, sus dogmas de fe, como imposiciones sociales. Y es ahí desde donde la sociedad civil organizada ya hemos llevado acciones”, comentó Castañeda.


Hace unas semanas, diversas organizaciones civiles de la diversidad sexual presentaron una queja ante la Secretaría de Gobernación para pedir que pusiera en orden a las asociaciones religiosas que han lanzado mensajes contra la comunidad de la diversidad sexual.


Además, se encuentran integrando una red de organizaciones a nivel nacional para acompañar la iniciativa presidencial desde el ámbito político y social, sin tener ningún tipo de interlocución con las iglesias, pues para ellos este no es un asunto de “querer o creer”, sino es el ejercicio de un derecho.


“No podemos seguir contemplando cómo los obispos y los cardenales se arremangan las sotanas para violar la ley y cómo hacen estos llamados para cuestionar la posibilidad de tener estos derechos de igualdad, bajo la lógica de: ‘los respetamos –a los homosexuales-, pero que no tenga derechos’.


“Pues es que no estamos pidiendo que nos reconozcan en sus iglesias, no estamos pidiendo que modifiquen sus reglamentos ni sus dogmas para darnos cabida; lo que estamos diciendo es que ante el Estado mexicano, como mexicana, yo pido los mismos derechos que tiene Margarita Zavala o cualquier otra mujer o cualquier otro hombre en mi país, no menos”, exigió Castañeda.


La activista dijo que, pese a todo, esperan sorpresas en todos los partidos, hasta en el PAN, donde algunos legisladores progresistas podrían defender la iniciativa presidencial, si es que no es enviada a la congeladora legislativa donde podría pasar años antes de ser retomada.