Mecanismo de protección rebasado
Falta de personal y de presupuesto para brindar seguridad son algunas de las fallas que la ONU encontró en el Mecanismo de Protección para Periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos
Montserrat SánchezMás de diez periodistas y 13 defensores de derechos humanos han sido asesinados en México en lo que va del 2019. Ante este panorama, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizó un diagnóstico del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, instrumento legal que les da protección a ambos sectores.
En el diagnóstico, si bien se menciona que el mecanismo puede ser una buena medida para salvaguardar la vida de sus beneficiarios, se destacó que uno de los mayores obstáculos para un mejor funcionamiento es la escasez de personal y de presupuesto.
Nashieli Ramírez, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la CDMX –lugar donde se presentó el informe– dijo que la evaluación se daba en un momento muy oportuno ya que tan sólo este fin de semana se supo del asesinato del periodista Nevith Condés en el Estado de México.
“Los homicidios son la muestra extrema de la violencia. De 2013 a la fecha hemos recibido 12 quejas de defensores denunciando injerencia arbitraria para impedir la defensa de sus causas. Es tiempo de poder garantizar la labor social de ambos sectores”, sentenció.
En 2019, la ONU-DH ha documentado al menos 11 asesinatos de periodistas: José Rafael Murúa, Jesús Eugenio Ramos Rodríguez, Reynaldo López, Santiago Barroso, Telésforo Santiago, Francisco Romero, Norma Sarabia, Rogelio Barragán, Edgar Alberto Nava, Jorge Celestino Ruiz y Nevith Condés.
Para los defensores de derechos humanos, el organismo tiene un registro de 13 casos: Sinar Corzo, José Santiago Gómez, Noé Jiménez, Gustavo Cruz, Bernardino García, Óscar Cazorla, Samir Flores, Eulodia Díaz, Luis Fuentes, Abiram Hernández, Héctor Domínguez, José Luis Álvarez y María Cristina Vázquez.
En vista del panorama, Aarón Mastache Mondragón, titular del Mecanismo de Protección afirmó que la Secretaría de Gobernación (Segob), dependencia en donde recae la responsabilidad de la protección a estos sectores vulnerables, necesitaba la evaluación para hacer mayores aportaciones y cambios positivos que mejoren la seguridad de los beneficiarios.
“2019 es un año alarmante por el incremento de casos atendidos pues hubo un incremento del 172.5 por ciento con respecto a 2018”, comentó.
De acuerdo con Mastache, se trata de 976 solicitantes, de los cuales 639 son defensores de derechos humanos –328 son mujeres y 311 hombres– y 337 periodistas en el registro –83 mujeres y 254 hombres.
Insuficiencia del Mecanismo de Protección ante la violencia
Entre los retos del Mecanismo, Aarón Mastache Mondragón mencionó que en la actualidad la poca atención que se le da al tema en estados donde antes no se presentaban problemas de esta naturaleza –tales como Quintana Roo, en donde existe un aumento alarmante en el número de agresiones– es uno de los principales retos que enfrentan.
“Entre las áreas que tenemos que mejorar es que hay pocas medidas de prevención. Existe una empresa privada que desde el origen del mecanismo tiene reportes de deficiencias en su operación de personal y dispositivos tecnológicos. Además si bien si hay cooperación entre la federación y las entidades no son normativamente vinculatorias, lo que genera discrecionalidad en la atención a personas. Ya estamos trabajando en la sustitución de escoltas privadas por el servicio de protección federal al igual que en la ampliación del catálogo de medidas de protección”, señaló.
Sin embargo, esas no son las únicas fallas que presenta el mecanismo. Jan Jarab, representante de la ONU-México en derechos humanos, mencionó otros desafíos que el Estado mexicano debe de superar para garantizar la seguridad de los comunicadores y defensores sociales.
“Se tiene que condenar pública e inequívocamente todas las agresiones hacia estos dos gremios, recomendamos desde la ONU realizar una campaña nacional de reconocimiento y que sea liderada por la Presidencia de la República”, expuso.
Otro de los focos rojos que mencionó fue la falta de personal, la cual calificó como “un gran problema en recursos humanos”, anticipando que la insuficiencia se agudizará pues desde 2014 es el mismo personal, pero el número de solicitudes de protección aumenta cada año.
“Hay pendientes 114 solicitudes de revaluación y 22 evaluaciones de solicitud de primera vez, si logramos fortalecer al personal se protegerá mejor a las personas del mecanismo” argumentó Jarab.
También explicó que hay 18 estados que no han creado su Unidad Estatal de Protección (UEP) y en los que sí existe ésta no cuenta con el personal ni los recursos necesarios para poder operar de manera adecuada.
“Para poder trabajar todos los niveles, sugerimos hacer un encuentro anual entre el mecanismo, la Conago y las autoridades estatales para analizar y fortalecer su colaboración.
‘Ya mejor dispárame tú’
Durante la presentación del diagnóstico, periodistas desplazados y solicitantes de protección a través del mecanismo denunciaron que las medidas impulsadas por la Segob no son suficientes.
Con cartulinas en las que se leía “Mecanismo, ya mejor dispárame tú”, Omar Bello Pinedo, periodista guerrerense, dijo en entrevista para Reporte Índigo que lleva dos años en la CDMX ya que ha sufrido amenazas relacionadas con su labor periodística.
“Venimos a denunciar el maltrato de Óscar Ochoa Mancera, responsable de la segunda unidad del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos quien durante todo este tiempo nos ha sometido a una serie de faltas a nuestras medidas cautelares, hemos tenido problemas de seguridad con nuestras familias y hace caso omiso cuando le pedimos que las cuide, esto nos preocupa porque hay compañeros que han asesinado aún estando bajo el mecanismo”, declaró.
Rodrigo Santiago Juárez director del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de la CNDH, dijo en entrevista que se debe de parar la descalificación y criminalización contra la actividad de ambos gremios y sobre todo, que se reconozca que los dos contribuyen al desarrollo sostenible de los países y al bienestar de la sociedad.