A siete días de la visita al reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla y luego del análisis de 550 asuntos, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, anunció cinco medidas que se desprenden de la reunión con las internas.
La primera medida es que, de manera inmediata, el Instituto de la Defensoría Pública Federal (IDPF) iniciará la defensa de 200 casos, por lo que hoy una delegación de dicha institución encabezada por Netzaí Sandoval, director del IPDF, acudirá al penal.
Zaldívar Lelo de Larrea aseguró que por las características de esos asuntos se podrán lograr resultados favorables.
“De estos 550 asuntos, hay 25 de los cuales no tenemos ningún dato, salvo el número de la causa, nuestras defensoras y defensores se darán a la tarea de localizar estas causas para saber si son asuntos en los cuales podemos apoyar de alguna manera”, mencionó.
La segunda medida se deriva de un criterio que aprobó la Primera Sala de la Corte que determina que, al cumplirse dos años de una prisión preventiva, ésta deberá ser revisada y le corresponderá al Ministerio Público acreditar las razones que justifiquen que esa figura de reclusión debe seguir funcionando.
“Coadyuvaremos con el Instituto de la Defensoría Pública de la Ciudad de México para que se pueda hacer lo mismo en el caso de las mujeres de Santa Martha Acatitla”, precisó.
La tercera medida consiste en que, a través del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), se emitirá un acuerdo para concentrar en dos o tres Juzgados de Distrito los amparos indirectos en contra de la determinación de prisión preventiva justificada.
Esto con la idea que se puedan establecer las reglas y lineamientos, que no son claros en la ley, para que juezas y jueces puedan decretar esta medida.
“Hay otro criterio que se logró también en la Primera Sala para que de oficio se tengan que analizar todas las pruebas con perspectiva de género, y hay un criterio reciente de un Tribunal Colegiado de Circuito, en el cual se establece que la prisión preventiva debe ser revisada de oficio y con perspectiva de género”, afirmó.
La quinta medida se enfoca en la defensa de las personas indígenas que están en prisión. Al respecto, el ministro destacó el avance que ha desarrollado IDPF al contemplar 148 variantes de lenguas indígenas para el trabajo de defensoría, en contraste con las 39 lenguas originarias que se consideraban al inicio de la gestión de Arturo Zaldívar.
“Queremos ir más allá, de tal suerte que estamos haciendo un programa piloto en los estados de Oaxaca y Chiapas para determinar cuál es la situación de las personas indígenas en prisión por procesos locales.
“Y de ser viable, necesario y adecuado, propondré a los gobernadores de estos dos estados que podamos celebrar un convenio similar al que suscribí con la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para que nuestros defensores puedan defender a las personas indígenas”, manifestó.
