No te puedo asegurar 100 por ciento que lo van a meter a la cárcel, sería muy tonto (asegurarlo). Depende de los jueces”
Ernesto Canales Santos, subprocurador de la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León, dijo ante legisladores locales que no puede garantizar que el exgobernador Medina vaya a ir a la cárcel por el proceso que se le sigue por el delito de ejercicio indebido de funciones tras dar incentivos a la
empresa Kia.
“No te puedo asegurar 100 por ciento que lo van a meter a la cárcel, sería muy tonto. Depende de los jueces”, dijo Canales.
“Nosotros sí somos responsables de construir un buen caso. Lo que presentamos hoy está suficientemente sustentado para que vaya a la cárcel”,
Además de Ernesto Canales Santos, en la sesión ordinaria compareció ante el Congreso del estado de Nuevo León la contralora Nora Elia Cantú Suárez, para desahogar la Glosa del primer Informe de Gobierno.
Los casos de corrupción
Canales indicó sobre el caso denominado “cobijagate” que respecto a los servidores públicos involucrados se determinó no ejercitar acción penal.
“En virtud de que, en las pruebas recabadas por parte de todos los involucrados en este asunto, no se acreditó conducta de la estimada como constitutiva de delito, y por tanto no se determinó acción penal, si bien existieron faltas de carácter administrativo en la entrega recepción de las cobijas estas faltas no trascendieron para ser consideradas como delictivas.
“Por lo que toca al proveedor a través de la institución procesal denominada acuerdo reparatorio, se estableció de forma voluntaria, entre el ofendido, en este caso el Gobierno del estado, y el imputado, resarcir el daño, motivo por el cual, se reintegró al patrimonio estatal 60 mil cobijas de la calidad convenida”, indicó.
En relación con la exalcaldesa del Municipio de Monterrey, Margarita Arellanes, y ocho personas más de su administración local, informó que se encuentran vinculadas a proceso por los delitos de ejercicio indebido de funciones públicas y ejercicio abusivo de funciones.
Derivado del otorgamiento indebido e innecesario de un contrato a un particular por más de 8 millones de pesos para que les proporcionaran defensa jurídica al finalizar el periodo 2012-2015.
El funcionario anticorrupción informó que la Subprocuraduría inició 193 expedientes, compuestos por 11 averiguaciones previas y 182 carpetas de investigación.
“El estatus que guardan las carpetas de investigación es el siguiente: en integración, 111; judicializadas, 9; determinadas en inejercicio, siete; incompetencias, 47; acumuladas 6; no iniciados, dos, dando un total de 182”, expresó.
