El recorte presupuestal promovido por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sí quita privilegios a la burocracia dorada, pero también pega en áreas que pueden afectar el pleno ejercicio de los derechos de los mexicanos.
Un análisis de Fundar, Centro de Investigación y Análisis, sobre el Paquete Económico del 2019, revela que la Comisión Nacional de Búsqueda, encargada de realizar la búsqueda de personas desaparecidas, tuvo una reducción de 38 millones de pesos, y pasará de 439 millones a 401 millones
“El PPEF 2019 debilita la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, impulsada por decenas de colectivos de familiares de personas desaparecidas en todo el país”, sostiene el estudio.
En materia de justicia, apunta el análisis, se seguirá priorizando el combate a la delincuencia organizada y no a la protección de los derechos humanos.
Además, se favorece a la militarización del país y no a la procuración de justicia en una fiscalía independiente.
Mientras se redujo el presupuesto para la Procuraduría General de la República, que pasaría de 16 mil 870 millones de pesos a 15 mil 328 millones (una disminución del 9 por ciento), la Secretaría de la Defensa Nacional tendrá aumentos por casi 10 mil millones de pesos más, pues pasará de 84 mil 149 millones a 93 mil 670 millones (un crecimiento del 11.3 por ciento).
Al analizar el presupuesto para la función denominada “Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior” se aprecia que hay una disminución en general, pero se incluye a la Sedena con recursos por 2 mil millones de pesos para esta función.
“Esto resulta en la oficialización, por la vía del presupuesto, de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, incluso cuando el legislativo no ha discutido ni aprobado aún la propuesta de la Guardia Nacional”, expone Fundar.
Con la asignación presupuestal que hizo el Ejecutivo también se confirma que se pone más énfasis al combate a la delincuencia organizada que a la protección de los derechos humanos, en el área de justicia.
“Ello se refleja en la preponderancia en términos presupuestarios de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO) frente a otras Subprocuradurías o Fiscalías vinculadas a la investigación de violaciones a los derechos humanos”, señala el análisis.
A la SEIDO le fueron asignados 597 millones de pesos; esto significa 4 veces más recursos que a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, que tendrá un presupuesto de 151 millones de pesos; 33 veces más dinero que el asignado a la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada, que solo tendrá 18 millones de pesos
Significa también 755 veces más dinero que a la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, que tendrá 790 mil pesos; y mil 304 veces el presupuesto de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, que tendrá 458 millones de pesos.
“El PPEF 2019 para la Procuraduría General de la República mantiene la inercia de las administraciones anteriores. Esto resulta preocupante porque se privilegia una dependencia que ha sido señalada como responsable de actos de tortura, detenciones ilegales y arbitrarias, así como manipulación ilegal de evidencia.
“Al mismo tiempo, resulta preocupante que en el PPEF 2019 aparezca la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, a pesar del acuerdo A/006/18 por el que se crea la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, conforme a la Ley General en la materia”, recrimina Fundar.
La organización civil recomienda que para avanzar hacia un verdadero modelo de seguridad ciudadana es necesario fortalecer a las áreas de lucha contra la impunidad y garantizar que el involucramiento de las Fuerzas Armadas sea temporal.
Además, se deben asignar recursos suficientes para garantizar una política de Estado para hacer frente a las desapariciones en el país, tema clave de la crisis de seguridad en México.
