El boom de narcolaboratorios que ha vivido México en los últimos años, con el consecuente aumento en la producción de drogas sintéticas, no fue acompañado en su combate de medidas que garantizaran el manejo adecuado de todos esos químicos nocivos para la salud humana y el medio ambiente.
Desde el sexenio del expresidente Felipe Calderón y hasta el 2015, casi mil 300 laboratorios de metanfetaminas fueron desmantelados, sin embargo, es poca la certeza sobre el destino final que tuvieron las ingentes cantidades de sustancias y precursores químicos asegurados por las autoridades.
Recientemente la Procuraduría General de la República (PGR) tuvo que transparentar por instrucción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la totalidad de las contrataciones que ha hecho de firmas especializadas para la destrucción idónea de los precursores y drogas sintéticas asegurados.
Es revelador que solo en una veintena de las delegaciones estatales de la PGR se encontraron contrataciones con ese fin específico, pero ni una sola en las 12 restantes, a pesar que entre estas están dos de los tres principales estados productores de metanfetaminas: Sinaloa y Jalisco, según el informe de cumplimiento al recurso de revisión RRA 0802-16.
Es decir, que de 2007 a 2016 solo en esas 20 delegaciones de PGR se cuenta con antecedentes contractuales, que verifican que han recurrido a firmas especializadas para destruir sus precursores y drogas sintéticas, en lugar de otros métodos de gran riesgo como su incineración a cielo abierto.
Las delegaciones que sí arrojaron soportes documentales como contratos y facturas, o reportaron contrataciones específicas de este tipo, según el oficio PGR/UTAG/02955/2016, son:
Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas y la Ciudad de México.
Mientras que aquellas delegaciones donde dichos soportes y antecedentes son inexistentes, son: Baja California Sur, Coahuila, Hidalgo, Jalisco, Sinaloa, Estado de México, San Luis Potosí, Nuevo León, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
Tan solo de 2009 a 2015 más de 2 mil toneladas y 4.6 millones de litros de precursores y sustancias químicas fueron asegurados por la PGR, como ácido fenilacético, ácido clorhídrico, sosa cáustica, tolueno, ácido sulfúrico, amoniaco, 1-fenil-2-propanona y metilamina (folio 0001700298015).
En 2013 la Organización de los Estados Americanos (OEA) lanzó una alerta justamente por el mal manejo de estas sustancias por parte de las autoridades de la región, en su Informe sobre el Problema de la Drogas en las Américas:
“La producción de metanfetaminas provoca impacto ambiental en los principales países productores, incluyendo los Estados Unidos, México y cada vez más Centroamérica. Debe considerarse que cuando las fuerzas policiales encuentran ‘fábricas’ clandestinas, aplican el método de destrucción más accesible para ellos, lo que normalmente significa que vierten barriles de insumos líquidos y arrojan envases plásticos al suelo o a los arroyos o les prenden fuego”.
Historia química
Aun en esa veintena de delegaciones de la PGR donde sí hay antecedentes de contrataciones de firmas especializadas en manejo de químicos, lo que se evidencia es que su participación en estos procesos de destrucción es reciente.
De todas las 51 contrataciones de este tipo que reportaron las delegaciones de PGR, ninguna es anterior al 2010, pues la más antigua que pudo ser encontrada por la institución data del 22 de abril de ese año, y está en la delegación de Nayarit, con clave PGR/NAY/10/2010.
Ese contrato se otorgó a la empresa Gen Industrial, por 120 mil 363 pesos, para destruir: “13 mil 93 litros y 8 mil 56 kilogramos de diferentes residuos químicos peligrosos, contenidas en diferentes tambos, costales, bidones y cubetas de material sintético”.
Es llamativo que las delegaciones no arrojaran contratos más allá de 2010, pues si bien en ese año se desmantelaron 155 laboratorios de metanfetaminas, la situación había sido mucho peor en 2009, cuando se detectaron 207 y se aseguraron 30.2 toneladas y 11 mil 177 litros de sustancias químicas.
De hecho, en ese periodo de 2007 a 2009 del gobierno de Calderón para el que no se hallaron contrataciones de esta naturaleza, se desmantelaron en todo el país 282 narcolaboratorios.
Luego de ese primer contrato de 2010 hay también solo uno de 2011, hallado en la delegación de Aguascalientes, y respaldado por la factura 279 de la firma Química Rimsa por 24 mil 983 pesos.
Pese a ello, durante el 2011 se detectaron a nivel nacional 220 laboratorios en 17 estados -la mitad del país-, y fueron aseguradas 63.9 toneladas y 697 mil 754 litros de precursores y sustancias químicas.
Del 2012 hay seis contratos en cinco entidades: Guanajuato, para Grupo Tecnología y Servicios Integrales; CDMX, para Simari; Chiapas, con clave SCRPPA/010/2012; Guerrero, para Estela Medrano; y Nayarit, con dos para Construcciones Pesadas del Pacífico.
El 2012 es el del mayor pico en la detección de laboratorios con 265 en 12 estados, un aumento sobre el 2011 del 20 por ciento, o de mil por ciento con respecto a 2007; esto se reflejó claramente en las mil 266 toneladas y 3 millones de litros de químicos que incautó la PGR.
Drogas y ambiente, última llamada
En realidad, la gran mayoría de las contrataciones que arrojó la PGR para la destrucción adecuada de las sustancias detrás de las metanfetaminas, datan ya de la actual administración federal: de las al menos 51 reportadas, 43 se comprenden de 2013 a 2016.
La tardanza en la utilización de estos servicios especializados se dio no obstante que, como lo advierte la OEA -haciendo eco de la Administración para el Control de Drogas (DEA)- “se utilizan aproximadamente 12 productos químicos peligrosos en la fabricación de esta droga, estos incluyen el ácido sulfúrico, éter, tolueno, acetona y amoníaco anhidro”.
De ahí pues que “la producción de un kilo de metanfetamina puede producir cinco o seis kilos de residuos tóxicos, que a veces se vierten directamente al drenaje, contaminando el agua de uso doméstico y los sistemas agrícolas de riego”.
Este riesgo ambiental de las drogas sintéticas está presente también en los estados productores de heroína, como Guerrero.
“Similar es el caso de la cocaína y la heroína, que requieren la aplicación de sustancias tóxicas como amoníaco, acetona y ácido clorhídrico, que también afectan negativamente el entorno donde se producen”, indica la OEA.
Es significativo que de las 30 contrataciones de PGR en 2007-2016 cuyo costo sí fue reportado –no en las otras 21-, suman solo 3 millones 81 mil 989 pesos: esa es la inversión que se ha dirigido a esta disposición adecuada; en tanto, las 12 delegaciones sin estos servicios sumaron 594 laboratorios en 2007-2015 (de mil 289 totales).
El narco mexicano, empero, no solo trafica su droga, también el impacto ambiental de su logística.
La OEA le atribuye una pérdida de 40 mil hectáreas de bosque en la Reserva de Biosfera Maya en Guatemala, hoy “bajo la amenaza de los cárteles mexicanos de droga y de las pandillas salvadoreñas”, quienes “construyeron docenas de pistas de aterrizaje, entre ellas una apodada el ‘aeropuerto internacional’, que contaba con tres pistas y más de una docena de aviones abandonados”.
La respuesta actual
El informe de la PGR permite conocer el tratamiento que da el actual Gobierno federal a la arista ambiental de las metanfetaminas.
En 2013 existe soporte documental de siete contratos en las delegaciones de Aguascalientes, para Recycler; Baja California, para Maypa; CDMX, para Nova Ecológica; Nayarit, para Tizaquim; Puebla, para Tizaquim; Tlaxcala, para Waste Services; y Zacatecas, con clave SCRPPA/28/2013.
Ese año la detección de laboratorios cayó a 125 centros -la mitad con respecto a 2012-, en 11 entidades, con 147.7 toneladas y 382 mil 851 litros de sustancias incautadas por la PGR.
Del 2014 hay ocho contratos en seis entidades: Chihuahua, con clave SCRPPA/017/2014; Guerrero, para Estela Medrano; Nayarit, con dos para Construcciones Pesadas del Pacífico; Querétaro, para Waste Services; Quintana Roo, para Simari; y Sonora, con uno para Simari, y otro para Esmero Servicios Ecoamigables.
En ese 2014 se encontraron en el país 131 laboratorios en 13 entidades, y se aseguraron 132.4 toneladas y 152 mil 91 litros de químicos.
Del 2015 hay 13 contratos en 12 delegaciones: Campeche, para Wastes Services; Chiapas, el PGR/CHIS/SERV/21/2015; Colima, con dos: SCRPPA/002/2015 y SCRPPA/003/2015; CDMX, para Simari; Guanajuato, para Procesos Ambientales Alfa; Guerrero, para Estela Medrano; Morelos, para Tizaquim; Oaxaca (uno sin dato); Puebla, para Tizaquim; Querétaro, para Simari; Quintana Roo, para Tizaquim; y Zacatecas, el SCRPPA/01/2015.
Hasta julio de ese año se habían desmantelado 111 laboratorios en nueve entidades y se sabía del
aseguramiento de 332.2 toneladas y 319 mil 324 litros de químicos.
Finalmente, en 2016 la PGR arrojó 12 contrataciones en siete delegaciones: Baja California, para Temarry; Colima, el PGR/AD/CONFINAMIENTO/001/2016; Durango, con cuatro: el DED/001/2016 y seriado hasta 004; Guanajuato, con tres para Procesos Ambientales Alfa; Morelos, para Tizaquim; Oaxaca (sin dato) y Querétaro, para Simari.
Michoacán reporta al menos tres contrataciones pero sin años específicos. Con respecto a Sinaloa, la PGR ha emitido tres boletines (uno de 2015, dos de 2016) sobre destrucciones de químicos en ese estado que, afirma, sí contaron con firmas especializadas.
En Sonora, Quintana Roo, Campeche, Baja California, CDMX, Morelos y Tlaxcala, empresas con contrataciones utilizaron precursores para destruir droga sintetizada.
Incluso la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Comercio de Narcóticos Destinados al Consumo Final, reportó que “en caso de destrucción de narcóticos se auxilia de las áreas de destrucción del Estado de México y CDMX, sin que en los procedimientos de destrucción involucre contratación de empresas”.
Fuera de las delegaciones, solo hay otra área que halló este tipo de servicios: la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, con 18 facturas pero también a partir de 2010 y a 2015.
Jalisco, el gran ausente
Es significativo que en Jalisco, a pesar de ser uno de los tres estados con la producción más grande de metanfetaminas, la PGR no pudo dar con un solo contrato para la destrucción especializada de precursores y drogas sintéticas de 2007 a 2016.
Ello resulta preocupante, pues de 2007 a 2015 Jalisco se posicionó como el tercer estado con la mayor cantidad de laboratorios de metanfetaminas -solo después de Michoacán, con 520, y Sinaloa, con 343-, de los que 183 datan del sexenio pasado, y 34 ya en el gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz.
No hay certeza, por tanto, del destino final que se dio a las 100.6 toneladas y 147 mil 950 litros de químicos que se aseguraron en los municipios de Jalisco, como ácido fenilacético, ácido sulfúrico, 1-fenil-2-propanona, metilamina, monometilamina y tolueno, de 2009 a 2015, según la PGR.
La doctora Gloria Gómez Sánchez, del Departamento de Farmacobiología de la Universidad de Guadalajara, especializada en criminalística general y química y toxicología forense, confirma los riesgos de un manejo inadecuado de estas sustancias.
“Si estos no se incineran como debe de ser, bajo un incinerador de alto grado y completamente sellado para recolectar las cenizas totales, qué puede pasar: si se riegan a lo que es el río o la tierra esto trae consecuencias muy graves a la comunidad, porque empiezan los vapores, y hay contaminación continua en las lluvias y se genera un deterioro en nuestro medio ambiente”, dice Gómez Sánchez.
Esta destrucción controlada es necesaria no solo para los precursores, también para la metanfetamina ya sintetizada, como pastilla o cristal, pues aun sus cenizas resultan nocivas.
Pero las autoridades no se hallaban listas para estos retos.
“No había tal preparación porque se manejan cantidades enormes para poder hacer la extracción de soluciones, les hacía falta un poco más de seguimiento en protocolos, tanto nacionales como internacionales, para qué hacer con los productos confiscados”.
Fue en Jalisco donde durante el gobierno de Calderón se dio el decomiso de metanfetamina más grande de México, según dijo en su sexto informe.
“En febrero de 2012, derivado de una denuncia ciudadana, en el rancho ‘Villarreal’, Tlajomulco, se localizó un laboratorio para elaborar drogas sintéticas, asegurando 14 mil 950 kilogramos de metanfetamina, el más relevante en la historia del país”, informó el entonces presidente.
Fueron 14 millones de dosis valuadas en 2 mil 307 millones de pesos. En este gobierno, apenas el 28 de abril de 2016, la PGR dio a conocer la detección de un laboratorio del Cártel Jalisco Nueva Generación en Zapopan, y “uno de los más grandes laboratorios destinados a la elaboración y distribución de metanfetamina”, o cristal.
Michoacán y Sinaloa
La información de los otros dos puntales de la producción nacional de metanfetaminas, Michoacán y Sinaloa, tampoco es lo confiable que se esperaría con respecto a la contratación de servicios especializados para la destrucción idónea de sus químicos.
En Michoacán, el estado con más laboratorios en 2007-2015 con 520, y donde organizaciones como
La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios llegaron a enseñorearse, la PGR afirma que sí existen estas contrataciones, aunque no ofreció los documentos.
“Michoacán informó que el lugar de deshabilitación de la sustancias químicas desde el 2014 se ha llevado a cabo en Tenango del Valle, Estado de México, la cantidad de droga deshabilitada es 569 toneladas y 798 kilos. Precisó que las empresas que ha contratado a fin de dar el destino final de la sustancias químicas aseguradas son: Ambiental Michoacana Recolectora de Residuos, Nova Ecológica, Estela Medrano Rojas”, dice.
Tampoco precisa la cantidad y años de los contratos; no obstante, de 2009-2015 se aseguraron en ese estado al menos 392.2 toneladas y 332 mil 498 litros de químicos.
La delegación de Sinaloa, el segundo estado con más laboratorios de 2007-2015 con 343, no dio con ningún documento de este tipo de servicios, aunque reporta que de 2012 a 2016 destruyó 334.3 toneladas y 888 mil 211 litros de precursores; y en metanfetamina 59 toneladas y 29 mil 11 litros.
En ese estado, de 2009 a 2015, se aseguraron más de mil 251 toneladas y 545 mil 144 litros de químicos. Pese a la inexistencia de estos soportes documentales, la PGR ha boletinado destrucciones ahí de estas sustancias que, dice, sí siguieron parámetros de cuidado ambiental por firmas especializadas.
Hay al menos tres boletines que lo afirman: uno del 6 de febrero de 2015, y otro par del 7 de abril y 30 de abril de 2016.
En el primero sobre 13.4 toneladas y 32 mil 730 litros de precursores; en el segundo de 51.9 toneladas y 72 mil 682 litros, y en el tercero de 10.7 toneladas y 45 mil 447 litros.