La mañana del 3 de marzo un comando armado irrumpió en una casa en el Fraccionamiento Villas de la Hacienda, en Tlajomulco, Jalisco, para secuestrar a un hombre. Durante el plagio, una niña de 3 años, hija de la víctima, fue herida con arma de fuego y murió poco después en el hospital. Esa misma tarde fue localizada una casa en San Sebastián el Grande, en ese mismo municipio. Ahí habían sido víctimas de privación de la libertad varias personas.
Habían salido huyendo y entre ellas se encontraba el hombre plagiado horas antes. En ese sitio fueron localizadas entre 12 y 18 personas con signos de tortura y también cuatro cuerpos.
El 25 de mayo, tres hombres acusados de ser responsables de la operación en ese lugar fueron consignados ante las autoridades por los delitos de desaparición y homicidio.
En el último año, Tlajomulco de Zúñiga se ha convertido en el municipio que va a la cabeza en este tipo de crímenes. Concentra 231 reportes de privación de la libertad y 40 por tentativa, según los datos de sus policías municipales entre 2018 y lo que va de 2019, como publicó Reporte Indigo el pasado 16 de julio.
Pero no es el único. Registros en poder de Reporte Indigo muestran que la mayoría de los municipios metropolitanos tienen alarmantes reportes sobre privaciones ilegales de la libertad.
Esta información también se destaca ante la falta de registros por parte del grueso de los municipios del interior del estado.
Después de Tlajomulco, el municipio con más reportes policiales es Guadalajara, que reporta 141 casos.
Le sigue el municipio de Zapopan, con 107 registros y siete en grado de tentativa. Mientras que la policía en Tlaquepaque cuenta con 13 casos.
Sin embargo el panorama cambia cuando los reportes oficiales se desglosan a partir de las llamadas que hicieron las víctimas o familias a los servicios de emergencia del 911 cuando se es víctima de privación de la libertad o se intentó hacerlo.
En estos casos la Coordinación General Estratégica de Seguridad, dependiente del Gobierno de Jalisco, reportó que entre 2018 y lo que va de 2019 el municipio con más llamadas de emergencia fue Guadalajara, con 756 reportes de intentos o privaciones ilegales de la libertad.
A la capital tapatía le sigue el municipio de Tlajomulco, con 310 llamadas de emergencia. Después está Tonalá, ubicado al oriente de la metrópoli con 190 registros al 911, y posteriormente Zapopan con 134 y Tlaquepaque con 79.
Estos últimos datos son relevantes porque no todos los policías registran los intentos de privación de la libertad. Muestran la amplia diferencia que existe entre los reportes interpuestos ante la Policía local y los denunciados a las autoridades estatales.
La Fiscalía Estatal de Jalisco indica que solo existen 63 averiguaciones previas y/o carpetas de investigación por este delito en casos que involucran a 70 víctimas.
Estos datos revelan que todos ocurrieron en la zona metropolitana.
Las llamadas al 911 muestran que la mayoría de los casos se dan en colonias del norte y el oriente de la metrópoli, así como en las zonas industriales del sur de la ciudad, donde se encuentran las más pobres de municipios como Guadalajara, Tlajomulco, Tonalá y Tlaquepaque.
“Hay temporadas en las que se recrudecen ese tipo de hechos, eso fue lo que nos ocurrió en los días anteriores”, dijo el fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez.
Solís Gómez ha dicho que el aumento de las privaciones de la libertad, sucedidos en su mayoría en Tlajomulco y Guadalajara, se deben a que los involucrados están relacionados con el narcomenudeo y la lucha por el territorio entre grupos.
Pero Carlos Flores Pérez, investigador del Centro de Investigación y Estudios superiores en Antropología Social (CIESAS), expresa que es difícil dar una respuesta única a este fenómeno. Aunque estos hechos podrían estar ligados a organizaciones más locales, como las pandillas, que se dedican a la venta al menudeo, también puede haber casos en los que las privaciones se den por parte de autoridades que abusan de su posición, dice el académico.
“Hay gente que eventualmente también, de acuerdo con las evidencias que han surgido por las organizaciones de derechos humanos (…) pueden vivir algo semejante por abuso de las propias instituciones de seguridad en el ejercicio de sus tareas o porque se les confunde con un delincuente y que de cualquier forma no son sujetos a debido proceso sino que son sujetos a una acción conflictiva.
“Hay otros casos en los que se trata meramente también de acciones de grupos mucho más pequeños que están rivalizando entre ellos y que eventualmente también secuestran a alguna persona con afán de presionar al grupo rival. Hay toda una cantidad de posibilidades que es difícil dar una sola determinación a la respuesta”, explica el catedrático del CIESAS.
