México: ¡cuidado con el precipicio!

Por fin se acabó el suspenso… Al menos por un par de meses. 

El debate sobre el precipicio fiscal de Estados Unidos que acaparó titulares en todo el mundo, terminó con un acuerdo que tiene vigencia de solo ocho semanas.

Tras un intenso jaloneo político, que llegó a su clímax horas después de la fecha límite del 31 de diciembre, congresistas aprobaron un convenio que logra poco pero evita un golpe económico que nadie toleraría. Incluyendo nuestro país.

Las negociaciones eran de pronóstico reservado. En las manos de legisladores estaba aceptar la ley actual, que hubiese impuesto una carga de más de 500 millones de dólares a la economía. 

La decisión podría ser la opuesta: cambiar los términos en los cuales se haría la obligatoria reducción del déficit.

Al final del día, los congresistas decidieron pagar un precio político a cambio de mayor plazo para pagar una abultada tarjeta de crédito; terminaron aumentando impuestos a los ricos y dejaron para otro día la discusión sobre el gasto público.

En una sesión apresurada, el 1 de enero a las 22:45 horas tiempo local, la cámara de representantes aprobó un acuerdo que evita el alza repentina de gravámenes sobre la renta, lo que afectaría a la mayoría de los ciudadanos estadounidenses. 

Es decir, autorizaron la permanencia del beneficio fiscal promulgado por el presidente George W. Bush para individuos y familias que ganan menos de 400 mil y 450 mil dólares anuales, respectivamente. 

Y si bien los peores temores de los mercados sobre el precipicio fiscal no se cumplieron, el problema está lejos de solucionarse. Y es que para reducir el déficit presupuestario, es necesario incrementar impuestos o reducir el gasto dramáticamente. 

Ambas situaciones afectarían adversamente a la economía mexicana.

A pesar de los intentos por no afectar a los ciudadanos, se anunció un incremento en el impuesto a la nomina, por lo que cerca del 77 por ciento de las familias verán un aumento marginal en sus impuestos para  2013.

Este incremento afectaría directamente el ingreso de los norteamericanos, y por lo tanto en la demanda de bienes y servicios, muchos de los cuales son importados de México.

Y si bien los estudios académicos sobre el tema son pocos, se ha estimado que por cada punto porcentual que disminuye el ingreso disponible estadounidense, se deja de importar entre 1.2 y 1.5 por ciento del exterior.

Sin duda una mala noticia para los empresarios nacionales.

Considerando que el 87 por ciento de las exportaciones manufactureras mexicanas van hacia nuestro vecino del norte, una contracción del ingreso –aun y cuando sea pequeña– no parece muy prometedora para el comercio exterior mexicano.

Sin demanda por productos, la inversión extranjera directa también se podría ver afectada, al ponerse en espera proyectos que dependen de la salud financiera de Estados Unidos.

Colgados de un hilo

Lo que sucedió en Washington en los días festivos, debe importar a los mexicanos… y mucho.

Y es que la magnitud del ajuste en las finanzas públicas de Estados Unidos puede ser la diferencia entre una recesión en nuestro principal socio comercial o un crecimiento económico moderado.

Como el último episodio del 2000 puede mostrarnos, una recesión en Estados Unidos tiene consecuencias potencialmente peores del otro lado del Río Grande.

Ahí está el caso del famoso “catarrito” que pudo terminar en “pulmonía”.

De acuerdo con economistas del banco estadounidense JP Morgan Chase, el acuerdo aprobado a las primeras horas del 2013, evitaría una recesión pero también reduciría el crecimiento de la economía y crearía condiciones para otra novela dramática, en la cual México tiene mucho que perder.

En su último informe trimestral sobre la inflación, el Banco de México hace alusión a estos riesgos e indirectamente, al precipicio fiscal. 

Este organismo oficial argumenta que la recuperación de la economía estadounidense “dependerá en buena medida de la magnitud del ajuste fiscal que tenga lugar el próximo año”, es decir en el 2013.

La OCDE y el Fondo Monetario Internacional también han advertido a los países emergentes de los riesgos que nacen de las disputas en Washington.

En la última consulta del FMI sobre la línea de préstamo contingente de México con el organismo, enlistan al “ajustamiento abrupto de la política fiscal estadounidense” como un obstáculo para el crecimiento mexicano.

Agustín Carstens lo advirtió

Desde principios de noviembre del año pasado, Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, llamó la atención sobre las posibles repercusiones que un ambiente inestable en las finanzas de EU, podrían tener hacia México.

En la cumbre del G20, el mandamás de Banxico habló sobre la importancia de una solución definitiva a los problemas de finanzas públicas que aquejan a Estados Unidos.

Carstens argumentó en ese entonces que ello se traduciría en una economía mexicana más sana y estable.

El exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade, también aprovechó diversas oportunidades para hablar del tema fiscal estadounidense.

Pero más que el nivel, otros expertos cuestionan al Congreso estadounidense la incertidumbre con la que se toman decisiones.

El riesgo para México es que las compras de nuestras principales exportaciones, como automóviles o televisiones, que en conjunto representan casi 4 de cada 10 dólares que recibimos de exportaciones no petroleras, se pospongan hasta que el ciudadano común sepa exactamente lo que sucederá con su situación económica.

Diversos indicadores, principalmente en inversión productiva, han estado a la baja por algunos meses, presuntamente a la espera de conocer el impacto de los ajustes fiscales.

Sin embargo, este acuerdo lejos de generar certidumbre para el inversionista, tan solo retrasa unos meses más las decisiones de todos.

Quien no invirtió en el 2012 por miedo a los impuestos y recortes que el gobierno federal impondría, difícilmente lo hará en estos dos meses siguientes.

En el corto plazo es posible que el golpe no se sienta tan fuerte en México por que la nueva recaudación que aceptaron los legisladores provendrá de los estadounidenses más ricos.

El sector inmobiliario, estrechamente ligado con las remesas hacia México, también se ha mantenido a flote por expansiones monetarias de la reserva federal, pero estas no pueden garantizar que seguirá así.

Los nuevos impuestos solo pagarán por unos meses los recortes al gasto que iniciarían en enero y no serán suficientes para cubrir la brecha deficitaria.

Es decir, a finales de febrero la situación será similar a la vivida en año nuevo, y tal vez no tenga un desenlace tan favorable para los mercados financieros o la economía mexicana.

Hasta entonces, México tendrá que continuar viendo desde fuera la telenovela que podría definir su futuro económico.

¿Tendrá un final feliz?

Drama político de año nuevo

Por Rodrigo Villegas

México no es el único país en donde los acuerdos legislativos urgentes se dejan para el último momento. En Estados Unidos, el acuerdo parlamentario para evitar el denominado precipicio fiscal llegó 17 meses después de lo esperado.

Justo unas horas antes de que abrieran los mercados financieros por primera vez en 2013, la Casa Blanca y el Congreso aprobaron un acuerdo para prevenir el abismo fiscal.

La discusión pareció eterna y estuvo llena de contratiempos. Desde 1940 no había sucedido que un Congreso se encontrara tan divido como el que votó a favor del acuerdo en las últimas horas del pasado primero de enero.

Las negociaciones entre Demócratas y Republicanos iniciaron en 2011 cuando entró en discusión el “techo de deuda” .

En ese entonces el presidente del congreso, el representante republicano de Ohio John Boehner, inició una serie de pláticas con el presidente Barack Obama con el objetivo de alcanzar un acuerdo para elevar el límite de deuda. 

Obama también intentó negociar una reforma fiscal que incrementaría la carga tributaria a los más acaudalados.

Tras meses de negociaciones el líder republicano dejó la mesa de acuerdos acusando a Obama de mal negociador y de querer sacar ventaja política. El presidente se montó en una campaña para desacreditar a los Republicanos, acusándolos de falta de voluntad política para lograr consensos.

En víspera de las elecciones presidenciales del pasado 6 de noviembre, el Congreso y la Casa Blanca pospusieron el debate para finales del 2012. 

Cuando se esperaba que la batalla más fuerte se diera entre Demócratas y Republicanos, sucedió lo inevitable.

Con los reflectores mundiales sobre ellos, las dos facciones políticas de Estados Unidos fueron sometidos a enormes presiones mediáticas. Pronto los desencuentros entre políticos del mismo partido comenzaron a darse.

La principal diferencia radicaba en cuál sería el rango de ingreso de los ciudadanos que estarían obligados a pagar más impuestos.

En campaña  Obama propuso que todo aquel que ganara más de 250 mil dólares anuales, debería pagar un poco más al fisco. La contrapropuesta de los Republicanos inició en que se diera a partir del millón. 

Algunos llegaron a pensar que tanto Demócratas como Republicanos estaban dispuestos a dejar que los impuestos para la mayoría aumentaran, y que con la llegada del nuevo Congreso –hoy se instaura el 113 Congreso de los Estados Unidos– sería posible revocar el proceso y aprobar otra ley.

Para el 31 de Diciembre, cuando las negociaciones estaban en su peor momento, dos veteranos salieron al rescate de un acuerdo. 

El vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien legalmente es el presidente del Senado, y Mitch McConnell, líder de la minoría republicana, hicieron uso de una añeja relación de camaradería para pactar un acuerdo.

Biden fue llamado por los republicanos para negociar con él directamente, ante lo que consideran “falta de compromiso” y “mala fe” del líder de la mayoría demócrata en el senado, Harry Reid, ya que no tuvo la habilidad para acordar con los republicanos. 

El experimentado senador por Nevada tuvo que ser relevado por el negociador por excelencia del presidente Obama. Sin embargo, a unas horas del año nuevo, Biden convenció a los senadores durante una encerrona en el Capitolio. Posteriormente los senadores terminaron por aprobar el acuerdo en el que 0.7 por ciento de la población vería un incremento sus impuestos.

El acuerdo fue que todo ciudadano estadounidense que tuviera ingresos por encima de los 450 mil dólares anuales, sería sujeto a un incremento en el gravamen. De esta manera, el país recaudaría 620 mil millones de dólares anualmente, y el gobierno se comprometería a reducir el gasto en 12 mil millones de dólares. 

El siguiente paso fue turnar a la Cámara de Representantes el acuerdo para su aprobación.

Fue el primero de enero del 2013 cuando el drama político que parecía haberse superado acaparó la atención del mundo. Los mercados que se encontraban a horas de abrir daban muestras de nerviosismo. 

La mayoría republicana en la Cámara de Representantes, liderados por Eric Cantor y Kevin McCarthy, daban muestras de que cabildeaban para que la ley no fuera aprobada.

El presidente, que había interrumpido sus vacaciones familiares en Hawái, ordenó al vicepresidente Biden que intentara convencer a los representantes en un último intento por conseguir el acuerdo.

Miembros del staff del Congreso califican al pasado martes 2 de enero como un verdadero “drama” y “caos” político.

John Boehner, el republicano que preside el Congreso, llamó al presidente Obama para decirle que una gran parte de sus colegas se negaba a votar a favor de ese acuerdo, pero no obstante, él estaba de acuerdo.

Finalmente Biden y Boehner lograron convencer a un grupo selecto de republicanos de votar a favor. 

Nancy Pelosi, líder de los demócratas en la cámara de representantes, hacía lo propio para disipar los desencuentros entre sus propios correligionarios y conseguir votos para evitar el precipicio fiscal.

Finalmente el acuerdo se aprobó con 257 votos a favor y 167 en contra.

¿Qué es el precipicio fiscal?

El término “Precipicio Fiscal” es utilizado para describir el paquete de ajuste a los impuestos y recorte al gasto a nivel federal en Estados Unidos.

El tiempo óptimo para que estas medidas entren en vigor debe de ser al principio de este año y representa un ajuste automático del déficit del presupuesto por 503 mil millones de dólares, entre el año fiscal 2012 y el 2013, de acuerdo a las proyecciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso de EU.

¿Por qué aumentarían los impuestos?

El 31 de diciembre expiró el llamado “Bush tax cuts”, paquete de beneficios fiscales promulgados desde la administración George W. Bush. Con el fin de esta legislación, una ola de aumentos entraría en vigor: las tasas de impuestos más altas aumentarían 4.6 por ciento, así como el Impuesto Mínimo Alternativo, que aplica a millones de ciudadanos norteamericanos.

¿Qué gastos se recortarían?

Sin un pacto entre legisladores, un recorte en el gasto federal hubiera tenido efecto de forma automática ayer 2 de enero.

La mitad de la reducción programada (109 mil millones de dólares por año de 2013 a 2021) vendría directamente del presupuesto de la Defensa Nacional, según el Consejo de Relaciones Exteriores. De igual forma, la ayuda federal al desempleo, entraría en estos recortes.

Techo de la deuda

Es la cantidad máxima en la que el gobierno federal de EU puede incurrir por ley. Actualmente se encuentra en 16 billones 39 mil millones de dólares. 

La oficina del Tesoro espera alcanzar el límite de la capacidad de préstamo en los primeros meses de este año.

En 2011 se llevó a cabo uno de los debates más fuertes entre republicanos y demócratas por alcanzar un acuerdo.. 

La disputa puso en peligro la capacidad del país de cubrir sus obligaciones financieras, lo que provocó que Standard & Poor’s degradara a Estados Unidos en su clasificación.

Obama fracasó como el líder

El presidente no ha hecho bien su tarea: ayudar a EU a enfrentar realidades que, aunque desagradables, son inevitables 

Por Robert J. Samuelson

El “precipicio fiscal” es un enorme fracaso de liderazgo presidencial.

Las tediosas negociaciones son sólo una trama secundaria en una obra mucho mayor. El gobierno ya no puede cumplir con todas sus promesas. 

Algunas de ellas se reducirán o no se cumplirán. ¿Cuáles? Sólo el presidente puede formular esas preguntas en forma tal de iniciar una conversación nacional sobre las decisiones que habrá que tomar; pero hacerlo implica que el presidente debe decir a la gente cosas que no quieren oír. Esa es su tarea: ayudar a que los norteamericanos enfrenten realidades que, aunque desagradables, son inevitables. Barack Obama se ha negado a desempeñar ese papel. 

En cambio, ha presentado el problema del presupuesto como una cuestión de si el 1 o 2 por ciento más rico debe pagar o no más impuestos. 

No sólo eso, ha insistido en que los impuestos más altos se paguen elevando las tasas, en lugar de reducir las diversas exenciones fiscales de las que gozan, principalmente, los norteamericanos de altos ingresos. 

La obsesión con las tasas es una mala política pero se la considera como políticamente conveniente: Presenta a Obama como macho; duro con los ricos, a quienes se acusa de los males presupuestarios.

Comoquiera que uno piense con respecto a elevar los impuestos en las categorías más altas (y yo no tengo objeción a esta parte), no es el quid de la cuestión. 

El quid de nuestro problema —que radica en las promesas insostenibles realizadas por ambos partidos sobre altos beneficios gubernamentales e impuestos bajos— surge del envejecimiento de la población y los costos de la asistencia médica, que causan rápidos aumentos de gastos en el Seguro Social, Medicare y Medicaid. Permítanme repetir algunas estadísticas que cito a menudo.

En 2012, el Seguro Social, Medicare y Medicaid representaron el 44 por ciento de los gastos federales que no son intereses. 

En cuanto a los impuestos, el 5 por ciento más rico pagó casi el 40 por ciento de los impuestos en 2009 (y dentro de eso, el 1 por ciento más rico pagó el 22 por ciento de los impuestos). 

La Oficina de Presupuesto del Congreso lo expresa de la siguiente manera: 

“Con el envejecimiento de la población y la probabilidad de que los costes de la asistencia médica por persona crezcan más rápidamente que la economía [producto bruto interno], Estados Unidos no puede sostener los programas de gastos federales que están ahora vigentes”.

Mientras Obama no reconozca estas realidades y las exprese —algo que no ha hecho y que no hay indicios de que vaya a hacer— no puede decirse que esté encarando honestamente el presupuesto ni al pueblo.

El principal motivo por el que seguimos teniendo estos enfrentamientos sobre el presupuesto no es simplemente porque muchos republicanos hayan sido intransigentes con respecto a los impuestos. 

La causa mayor es que Obama se niega a conceder que el Seguro Social, Medicare y Medicaid están impulsando los gastos y déficits futuros. Así pues, cuando los republicanos hacen concesiones relativas a los impuestos (como lo han hecho), obtienen poco a cambio de eso. Naturalmente, eso envenena el clima de las negociaciones. 

Por supuesto, Obama ofendería a muchos demócratas si contemplara reducciones de los beneficios en el Seguro Social y Medicare: edades requeridas más elevadas, primas más altas para los ancianos en posición holgada, cambios en el sistema de la asistencia médica. 

Así como muchos republicanos no quieren que se eleve ni un centavo de los impuestos, muchos demócratas no quieren que se recorten los beneficios. 

Consideremos la propuesta sumamente técnica de virar el índice de precios al consumidor estándar (IPC) a un IPC “encadenado” para ajustar los beneficios del Seguro Social. 

Entre 2013 y 2022, se estima que ese cambio reduciría los gastos del Seguro Social en 100 mil millones de dólares. En el curso de esa década, se estiman los beneficios totales del Seguro Social en 10 mil 588 billones de dólares; el recorte representaría menos del 1 por ciento. 

Sin embargo, muchos demócratas reaccionaron con horror.

Lamentablemente, muchos medios han aceptado la narrativa de Obama de que la rigidez de los republicanos es lo único que frustra las negociaciones.

Eso significa, por supuesto, que hay aún menos incentivos para que Obama y los demócratas realicen negociaciones genuinas. 

El resultado es que no tenemos el debate que nos merecemos y que las decisiones presupuestarias se realizan casi automáticamente. 

Y lo que es igualmente importante, los periódicos y desagradables enfrentamientos sobre la política presupuestaria —la parálisis y el resentimiento que conllevan— corroe la confianza y debilita la economía.

Una economía débil crea pocos puestos de trabajo, y la falta de trabajo es el principal problema social. La abdicación de Obama de su responsabilidad quizás le sea conveniente políticamente, pero es profundamente hostil al interés nacional.