Trump marca la agenda legislativa

La influencia del nuevo presidente de Estados Unidos ha salpicado no solo al Gobierno federal, sino al Poder Legislativo del país.

Hoy comienzan los trabajos del Congreso de la Unión y su agenda está ya marcada por el fenómeno Donald Trump.

El golpe Trump pegará en seco en los trabajos del Congreso.

Con medidas e ideas que han sido planeadas apenas en semanas recientes, diputados y senadores buscarán paliar lo más posible el impacto que tendrá la política del nuevo mandatario estadounidense.

Buscarán tener reflectores para hablar de problemas que, dicen, son inusitados, pero que han estado presentes durante décadas y ante los que han actuado con pasmo, sin prestarles siquiera atención.



Por ejemplo, baste hablar sobre el pago a los exbraceros, que no se ha concretado durante décadas, a pesar de que en cada negociación presupuestal decenas de adultos mayores se apuestan a las afueras del Palacio Legislativo de San Lázaro para reclamar el dinero que, acusan, se quedó el gobierno mexicano.



Por si fueran pocos los retos que se vienen con el tema migratorio y de la relación de México con Estados Unidos, los legisladores federales llegan al nuevo periodo ordinario de sesiones con pendientes que traen arrastrando desde antes del inicio de la 63 Legislatura, en el 2015.



Entre ellos están la Ley de seguridad interior; el mando mixto policial; la Ley para el combate de la Desaparición Forzada; la Ley contra la tortura; la Ley general de Archivos; entre otras.


A todo esto se suman los múltiples nombramientos de órganos estratégicos que deberán hacer en los próximos meses.

Todo esto, en medio del ambiente electoral previo a la elección en tres entidades del país –entre ellas, el Estado de México- y a meses ya de arrancar el proceso de sucesión presidencial del 2018.



Priorizan agenda migratoria



Las bancadas en el Congreso de la Unión buscan minimizar el impacto que tendrán las decisiones del nuevo gobierno estadounidense en México.



Por un lado, en el Senado –instancia que tiene la facultad de incidir en la política exterior del país- se han preparado una serie de estrategias para apoyar a los mexicanos que viven en Estados Unidos.



Uno de los temas que buscan proteger con más ahínco son las remesas ante un posible ataque del gobierno norteamericano, como el cobro de alguna comisión o la retención del dinero que envían los mexicanos en Estados Unidos.



Bajo el nombre de “Operación Monarca”, un grupo de senadores de diferentes partidos impulsan una serie de medidas para afrontar la situación que se avecina.

Esas propuestas, ahora serán tratadas a la brevedad por ambas Cámaras del Congreso.

En el ámbito educativo, las bancadas han coincidido en impulsar reformas legales que permitan que los niños y adolescentes que sean deportados puedan ser admitidos en las escuelas de educación básica del país sin problema alguno.



Buscan también que la revalidación o el reconocimiento de validez oficial de estudios hechos en Estados Unidos sea expedita, para que así los profesionistas que estudiaron allá como indocumentados –los llamados dreamers- puedan integrarse al mercado laboral mexicano.


Otras medidas que impulsarán será la creación de una ley de retorno, que obligue al Estado a dar apoyos de salud, empleo o financiamiento para emprender un negocio, a aquellas personas que sean deportadas de Estados Unidos.


Para la operatividad de la red consular mexicana, las bancadas coincidieron en que se deben dar más herramientas a la Secretaría de Relaciones Exteriores para hacerse de más recursos; una propuesta es reformar la Ley de la Administración Pública Federal para permitir que los consulados se queden con los recursos que captan –por ejemplo, en emisión de matrículas consulares o de pasaportes-.


Los congresistas también quieren modificar la Ley de Derechos para que un mayor porcentaje del dinero que pagan los turistas que ingresan al país se canalice al Instituto Nacional de Migración.


Otra de las medidas que se busca impulsar es que se exima de impuestos a los artículos que quieran ser introducidos a México, como el menaje de casa, ropa o maquinaria y equipo de trabajo; así como que no sea necesario contratar a un agente aduanal para la importación de todas esas mercancías.


Contra la corrupción



Otras prioridades fijadas por los grupos parlamentarios tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado pasan por la economía, la austeridad, la seguridad y la lucha contra la corrupción.



Los partidos de oposición coincidieron en que buscarán que se modifique la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) para que baje el precio de las gasolinas y el diésel o buscar otros mecanismos para que los combustibles bajen.

En esto se unió hasta el PVEM, aliado del partido en el gobierno, que propuso que los ahorros obtenidos como parte de los programas de austeridad de todas las dependencias, sean utilizados para subsidiar el precio del combustible

Otras reformas que se impulsarán serán las relacionadas a la seguridad pública, tema en el que tienen ya varios pendientes sobre la mesa.

Por un lado, desde el 2014 se tiene pendiente el análisis y la aprobación de la reforma policial para poner en marcha el mando mixto, que ha estado en la congeladora legislativa desde entonces.

A esta reforma que no se ha concretado, se suma ahora la que debe hacerse sobre Seguridad Interior, para otorgar una base legal a las Fuerzas Armadas para actuar en tareas de seguridad.

Los pendientes también se acumulan por dos leyes que no han podido encontrar consenso entre las bancadas y con el Gobierno federal: la de combate a la tortura y contra la desaparición forzada y de particulares.

En la Cámara de Diputados está pendiente la aprobación del uso medicinal de la mariguana, que ya fue aprobada por el Senado.

Está también pendiente la ley reglamentaria de la Fiscalía General de la República, en la que se transformará la Procuraduría General de la República y el nombramiento del fiscal general, así como del fiscal anticorrupción.

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