El gobierno de México invitó a que los análisis sobre el narcotráfico, violación de derechos humanos y la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado se realizasen desde un espectro más amplio que incluya el tráfico indiscriminado de armas desde los Estados Unidos hacia el territorio mexicanos y los flujos de capital a organizaciones criminales.
Asimismo, se comprometió a investigar diligentemente, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), los hechos presuntamente cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas en contra de civiles, particularmente aquellos que podrían constituir violaciones a derechos humanos.
“Estudios en ese sentido serían una enorme contribución a la imperiosa necesidad de establecer mayores controles a la venta de armas y drogas en el vecino del norte”, indicaron en un comunicado conjunto la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Procuraduría General de la República (PGR).
“La participación de las Fuerzas Armadas de México en atención al crimen organizado forma parte de las tareas de acompañamiento temporal a las autoridades locales, y responde a los enormes retos que plantea el tráfico internacional de armas y drogas, que afecta de manera particular a nuestro país”, dijo el gobierno.
Esto, en respuesta a la difusión del informe “La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México” publicado por la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
WOLA: Abusos de DDHH de ejército mexicano quedan impunes
El informe de WOLA asegura que la mayoría de las violaciones a los derechos humanos presuntamente cometidas por los soldados mexicanos que luchan contra cárteles del narcotráfico quedan impunes a pesar de las reformas que permiten a las autoridades civiles investigar y juzgar esos crímenes.
El estudio de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos señala que la justicia civil solamente condenó a 16 soldados de un total de 505 investigaciones penales realizadas de 2012 a 2016, una tasa de éxito de 3,2%. Además, indicaron, sólo hubo dos condenas por “responsabilidad de la cadena de mando” de oficiales cuyas órdenes derivaron en abusos.
Según el informe, los factores que obstaculizan las investigaciones civiles de personal militar incluyen:
- Las investigaciones paralelas civiles y militares.
- El acceso limitado a los testimonios de la tropa.
- Las alteraciones de la escena del crimen efectuadas por soldados.
- Falsos testimonios.
“Este modelo de seguridad pública militarizada ha tenido un impacto negativo en el sistema de justicia penal de México. El sistema de justicia civil enfrenta retos _como las medidas de las autoridades militares que provocan obstrucciones o demoras de las investigaciones_ que limitan la capacidad de las autoridades civiles para sancionar a los soldados implicados en crímenes y violaciones de los derechos humanos”, dice el informe.
Las fuerzas armadas han desempeñado un papel central en la guerra contra los cárteles de la droga al menos desde finales de 2006, cuando el recién elegido presidente Felipe Calderón envió a los soldados a combatir el narcotráfico. La ofensiva militarizada ha continuado bajo su sucesor Enrique Peña Nieto.
Durante todo este período se han multiplicado las acusaciones de violaciones graves a los derechos humanos a manos de militares, tales como torturas, matanzas y desapariciones.
Los detractores dicen que las fuerzas armadas mexicanas no están entrenadas para realizar actividades policiales. Pero muchos cuerpos policiacos en el país son considerados corruptos, superados en armamento e incluso cómplices de los grupos mafiosos, por lo que no se puede confiar en ellos para combatir a los cárteles.
Casos de impunidad
El estudio pone como ejemplo el caso de la matanza de 22 presuntos delincuentes a manos de soldados en Tlatlaya, en 2014.
En un principio el ejército dijo que fue un enfrentamiento, pero la evidencia dejó entrever que no hubo un tiroteo prolongado, y algunos de los muertos mostraban señales de haber sido ejecutados.
Siete soldados fueron acusados de homicidio, pero las cortes civiles desestimaron los cargos por falta de pruebas. En agosto de este año, un juez ordenó investigar si los jefes del ejército habían desempeñado algún papel en la matanza.
Según el informe, Tlatlaya es una muestra de un caso en que los investigadores militares tuvieron acceso a la escena del crimen y a las declaraciones de los soldados antes que las autoridades civiles.
“El caso de Tlatlaya revela que las investigaciones militares y civiles concurrentes demoran y obstruyen la justicia… (y) demuestra que en la jurisdicción militar, los casos de violaciones graves de los derechos humanos no se verifican o permanecen impunes”, dice el informe.
WOLA dijo que el informe se basó en tres fuentes: en entrevistas con los grupos defensores de los derechos humanos y con abogados; en solicitudes de derecho a la información que dieron datos sobre las condenas de los soldados, entre otras cosas, y en la colaboración que tuvieron con los periodistas que crearon un sitio en internet sobre el tema, Cadenademando.org.
