El gobierno de México alzó la voz luego de que el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos informara al Congreso de aquel país su decisión de extender la implementación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad a la garita fronteriza que comunica a Mexicali con Calexico, pues esto implicará, como en el caso de Tijuana, que migrantes que esperan se resuelva su trámite de asilo político lo tengan que hacer en México.
A partir de esta semana los migrantes solicitantes de asilo serán devueltos a Mexicali para que esperen. La Secretaría de Gobernación (Segob) y la de Relaciones Exteriores (SRE) ya pidieron a las autoridades estadounidense información sobre las personas que serán retornadas para brindarles asistencia humanitaria aunque no coinciden, de ninguna manera, con la medida unilateral.
“Este intercambio de información no significa en modo alguno que el Gobierno de México esté de acuerdo con las decisiones y acciones tomadas unilateralmente por el Gobierno de Estados Unidos”, especificó en un comunicado en el que abundó que autoridades federales se coordinarán con las municipales de Mexicali a fin de brindar a los migrantes una estancia segura.
“Por instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores mantendrán permanente y estrecha colaboración para que los derechos de lo migrantes sean respetados y protegidos, en el marco de la nueva política migratoria del Gobierno de México”, finalizó informando el comunicado.
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