Este jueves, CNN reveló la preocupación de Estados Unidos después que México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE), detuvo la emisión de visas para agentes de la agencia antinarcóticos, DEA.
Y es que en vísperas del Diálogo de Seguridad de Alto Nivel, que tendrá lugar en la Ciudad de México este viernes, funcionarios estadounidenses revelaron a CNN que nuestro país no ha aprobado ninguna visa este año para los agentes.
De hecho, los funcionarios expresaron que este proceso se lleva, por mucho, en un mes pero llevan esperando más de seis meses además que tampoco se han aprobado extradiciones a Estados Unidos.
Lo anterior se produce después del caso de la acusación, arresto y eventual repatriación del general Salvador Cienfuegos Zepeda por delitos de narcotráfico.
Por su parte, el semanario Proceso compartió las declaraciones de un alto funcionario de la SRE, quien confirmó que el retraso de las visas se debió a dicho conflicto.
“Quedaron paradas desde lo del general Cienfuegos Zepeda y su aprobación y renovación dependerá de lo que acordemos con el gobierno de Estados Unidos en el Diálogo de Alto Nivel de Seguridad (DANS)”, dijo.
“Son 12 visas las que están pendientes y son para agentes nuevos que reemplazarán a los 12 que operaban en México, la aprobación depende de la reciprocidad de Estados Unidos”, explicó el alto funcionario de la SRE bajo el total acuerdo de no revelar su identidad.
Cuestionado sobre el punto de la reciprocidad, el representante del gobierno de López Obrador explica que, por ejemplo, a Estados Unidos las autoridades mexicanas han extraditado a 34 delincuentes solicitados por el Departamento de Justicia.
“Nosotros, en el gobierno de México seguimos esperando el caso, por ejemplo, de la decisión del caso del ex gobernador priista del estado de Chihuahua, César Duarte (acusado de malversar varios miles de millones de pesos en su entidad”, añadió el funcionario de la SRE.
Finalmente, el caso Cienfuegos Zepeda es uno de los capítulos más oscuros en la relación bilateral y fue uno de los secretos más guardados por parte del Departamento de Justicia que no compartió con el gobierno de López Obrador.