“El Grande”, colaborador de la PGR, habló de sus contactos de las redes entre su grupo, Los Beltrán Leyva y la Familia Michoacana, con quienes se reunió siete meses antes de ser capturado
A pesar de este grueso expediente, nunca se abrió el capítulo de la conexión entre narcos y servidores públicos del Edomex.
Hasta un rancho ubicado en el poblado de Cuatro Caminos, municipio de Múgica, Michoacán, llegaron los jefes de La Familia Michoacana.
Armados, con escoltas y lujosas camionetas, los narcotraficantes se reunieron con un objetivo: abrir la plaza del Estado de México al tráfico de drogas.
Los convocados llegaron puntuales. Cada uno con su equipo de seguridad atravesó un amplio terreno hasta topar con una finca que tenía múltiples cuartos y caballerizas.
Era mayo de 2007. Ahí, antes de su división y fractura, coincidieron los míticos líderes de la organización, José de Jesús Méndez Vargas, alias “Chango Méndez” detenido en junio de 2011 y Servando Gómez Martínez.
La presencia de los jefes de la organización y otros tantos lugartenientes asignados en diversas regiones del país provocó una movilización en la ranchería de poco más de nueve mil habitantes, cercana a Nueva Italia.
Llegaron en camionetas Harley, Hummer y Pick Up, que se mantuvieron estacionadas en el amplio terreno de aquella construcción cuyo ingreso estaba flanqueado por dos pilares y un enorme portón custodiado por escoltas de los asistentes.
Lo que el “Chango Méndez” quería era abrir brecha más allá de Michoacán, fue por eso que cuando ya estaban todos reunidos les dijo a los jefes de plaza que uno de los principales objetivos era apoderarse de la zona de Toluca, Valle de Bravo y los municipios limítrofes al Distrito Federal.
Además de “La Tuta”, quien se mantiene prófugo de la justicia, lo escuchaba con atención Saúl Solís Solís, “El Lince”, quien años después tras la fractura de la Familia Michoacana, se convertiría en uno de los supuestos fundadores del grupo “Los Caballeros Templarios”.
El relato corresponde a un testigo protegido de la Procuraduría General de la República (PGR), con el nombre clave de “Emilio”, quien junto con otros “colaboradores” de las autoridades identificados como “Ricardo”, “Paco”, “Mateo”, “Carlos”, “Montana” y “Bony” dieron forma a un grueso expediente que detalla la forma de cómo “La Familia Michoacana” se infiltró al Estado de México para apoderarse del mercado de la droga y los secuestros, con la complicidad de las autoridades mexiquenses durante el mandato de Enrique Peña Nieto.
Los testimonios forman parte de la investigación del llamado “Michoacanazo” ejecutado por el gobierno federal en mayo de 2009, episodio donde se detuvo a 35 funcionarios del gobierno de Michoacán, quienes supuestamente estaban al servicio de dicha organización criminal para facilitar el trasiego de droga.
Sin embargo, nunca se abrió el capítulo de la conexión entre narcos y servidores públicos del Estado de México.
Con esta información no se quiso o no se pudo exhibir al gobernador y sus funcionarios, tampoco se les puso contra la pared como ocurrió con el perredista Leonel Godoy Rangel de Michoacán y los 35 funcionarios detenidos que hoy están en libertad ante la falta de pruebas por parte de la PGR.
Con los mismos testigos que la PGR utilizó para armar el llamado “Michoacanazo” se hizo una historia similar que habla de la penetración de La Familia Michoacana en el Estado de México y su poder económico para corromper funcionarios públicos de las áreas de seguridad pública.
¿Planeó el gobierno de Felipe Calderón el mismo golpe que dio a Michoacán para el Edomex?
Tras la vergüenza de no haber podido mantener en prisión a uno solo de los 35 funcionarios michoacanos al servicio del narco, según las versiones de los testigos protegidos, la PGR quedó exhibida.
Pese a ello, la PGR se empeñó en seguir acumulando testimonios de narcotraficantes atrapados, que bajo el programa de testigos protegidos operado por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), aportaban información de sus organizaciones criminales y sus integrantes.
Fue así como sumó las declaraciones de Sergio Enrique Villareal Barragán, alias “El Grande”, uno de los operadores más importantes de “Los Beltrán Leyva”, quien en octubre de 2010, en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/497/2010 ayudó a perfilar a los líderes activos de la Familia Michoacana en ese momento, contra quien se direccionó la cacería.
“Mateo”, testigo clave
A partir de su detención el 12 de septiembre de 2010, “El Grande” se convirtió en uno más de los múltiples colaborares de la PGR, quien le dio oficialmente el alias de “Mateo” como testigo protegido.
Llegado el momento, el capo habló de los contactos de las redes entre su grupo, Los Beltrán Leyva y La Familia Michoacana, líderes con lo que se reunió siete meses antes de ser aprehendido.
El cónclave autorizado por Héctor Beltrán, “El H” se efectuó en Holanda, una pequeña comunidad de no más de 500 habitantes, en el municipio de Apatzingán hasta donde acudieron “La Tuta”, Enrique Plancarte Solís, alias “Kike Plancarte”; Dionicio Loya Plancarte, “El Tío”; Nazario Moreno González “El Chayo” y Saúl Solís Solís, “El Lince” o “El señor del sombrero”.
Este último, asignado por La Familia Michoacana como el responsable de la plaza en el Estado de México.
“En las reuniones se trataban asuntos de narcotráfico, ellos me ofrecieron vender marihuana, pero nunca he vendido esa droga, asimismo me ofrecieron utilizar el puerto de Lázaro Cárdenas para el paso de la droga”, relató el capo ante el Ministerio Público federal.
Los contactos que intervenían para poder concretar dichas reuniones eran fundamentalmente “El Grande” por parte de la organización de “Los Beltrán Leyva” y Kike Plancarte por parte de La Familia.
Ambos servían de emisarios y entre ellos había comunicación previa a las juntas para acordar lugares, horas, seguridad y logística a fin de evitar riesgos para una u otra organización.
Debido a que los roces entre ambos grupos del narcotráfico eran constantes debido al pleito por las plazas, en febrero de 2010 coincidieron en que era necesario llegar a un acuerdo.
El pacto que los líderes de ambas organizaciones acordaron por aquellas fechas tenía que ver con el libre tránsito y la seguridad de sus familias.
Por ello acordaron que los integrantes de la Familia Michoacana podrían acudir a los estados de Morelos y Guerrero, territorio dominado por los hermanos Beltrán Leyva, con el estricto objetivo de vacacionar, incluso vivir con sus familias.
Quedó claro que mientras no intervinieran en el mercado de las drogas ellos y sus familias no serían molestados.
Lo mismo ocurriría con los integrantes de Los Beltrán Leyva que quisieran ir de paseo al estado de Michoacán. Tenían la promesa de no ser atacados.
Como suele ocurrir con los testigos colaboradores de la PGR, “Mateo” identificó mediante una colección de imágenes fotográficas a los líderes de la Familia Michoacana con quienes había convivido en aquellas reuniones ocurridas en ranchos de provincia.
Aunque muchos de estos ya eran conocidos públicamente e incluso se ofrecían recompensas millonarias por sus capturas, “El Grande” puso en la mira a un personaje clave que tenía a su cargo justamente expandir la distribución de droga en el Estado de México para el grupo de la Familia Michoacana, su nombre, Saúl Solís Solís, “El lince” de quien la PGR ya tenía un historial que lo vinculaba al tráfico de estupefacientes.
