‘Miente presidente de CEE’: comisionados
Los comisionados ciudadanos de la CEE suben el tono al debate en torno a la auditoría practicada al organismo por un despacho externo.
Los representantes afirman que el presidente de la Comisión, Luis Daniel López Ruiz, miente y quiere desvirtuar las anomalías detectadas en los resultados del reporte.
Manuel Gerardo Ayala Garza y Gilberto Pablo de Hoyos Koloffón niegan las declaraciones del titular, quien afirmó que ellos siempre estuvieron de acuerdo en que la firma Pricewaterhouse Coopers realizara sólo una revisión de los gastos.
Javier Estradahttp://www.youtube.com/watch?v=35onlS92mC4
Los comisionados ciudadanos de la CEE suben el tono al debate en torno a la auditoría practicada al organismo por un despacho externo.
Los representantes afirman que el presidente de la Comisión, Luis Daniel López Ruiz, miente y quiere desvirtuar las anomalías detectadas en los resultados del reporte.
Manuel Gerardo Ayala Garza y Gilberto Pablo de Hoyos Koloffón niegan las declaraciones del titular, quien afirmó que ellos siempre estuvieron de acuerdo en que la firma Pricewaterhouse Coopers realizara sólo una revisión de los gastos.
Los funcionarios contraatacan. Ante las cámaras de Reporte Indigo presentan decenas de correos electrónicos, oficios internos, comunicaciones con partidos políticos, invitaciones a despachos y reportes de avances en los que López Ruiz menciona que se practica una “auditoría”.
Aunque reconocen un acta fechada el 11 de diciembre del año pasado, en la que todos los comisionados aprobaron la propuesta de la firma, concuerdan en que es un “juego de palabras” para confundir ambas expresiones.
“Eso es simple y sencillamente una mentira, es un juego de palabras que le quita (el término) auditoría, para llamarle revisión”, espeta Ayala Garza, rodeado de los documentos que muestra como evidencia.
“Por favor, comisionado presidente, eso es un absurdo, esto es jugar y no estamos nosotros jugando”, advierte el comisionado.
Los representantes exhiben el contrato de prestación de servicios entre la firma y la CEE, en el que se especifica claramente que el organismo requería esta asistencia durante el periodo de enero de 2011 a julio de 2012.
La cláusula octava del convenio define que la confidencialidad de la información proporcionada sólo está restringida a Pricewaterhouse Coopers, contrario a lo manifestado por el titular, quien siempre argumentó que no era posible publicar el reporte por esta disposición.
“Quedando obligado el prestador a darle tratamiento confidencial y a no divulgarla a ningún tercero sin el consentimiento previo y por escrito de la Comisión”, se lee en esta condición.
El contrato fue firmado el pasado 14 de enero entre el presidente; el coordinador técnico electoral, Héctor García Marroquín; el director jurídico del organismo, José Enrique Iván Mata Sánchez, y el representante del despacho, Sergio Aguirre Reyna.
“Él siempre manejó que había un contrato de confidencialidad: Miente y mintió siempre, nunca hubo un convenio de confidencialidad”, dice sin rodeos Ayala Garza, mientras sostiene entre sus manos el documento.
El funcionario asevera que fue informado por parte del representante de la firma, Rogelio Garza Rodríguez, de que no existía esa reserva.
“Lo puedo corroborar, porque el responsable de ese despacho de auditores a mí me dijo que él no había firmado ningún convenio de confidencialidad, que había cierta presión porque no le habían hecho el pago”, relata.
Por su cuenta, el comisionado De Hoyos manifiesta que las declaraciones del titular de la CEE tienen como objetivo distraer a la opinión pública sobre el contenido de la auditoría, donde se detallan irregularidades que ameritan ser investigadas y sancionadas.
“Este es un juego de palabras, entre revisión y auditoría. No importa ya como le quieran llamar. Sí se me hace que es una estrategia para poder confundir a la opinión pública para desvirtuar, a lo mejor, la atención”, dice.
“De todas formas, revisión o auditoría, los resultados fueron que existieron anomalías”.
Ambos presentan como pruebas de sus dichos diversos oficios girados por López Ruiz el 3 de diciembre de 2012, a las firmas Ernst & Young, Baker Tilly International, Deloitte y a la propia Priwaterhouse Coopers, donde las invita a que envíen sus propuestas de servicios para realizar la auditoría.
Además, muestran correos electrónicos enviados por el coordinador electoral, García Marroquín, en los que exhorta a los representantes de la CEE a asistir a las reuniones de trabajo para discutir los resultados.
“Por indicaciones del Lic. Luis Daniel López Ruiz, comisionado presidente de la Comisión Estatal Electoral, me permito convocar a ustedes a las reuniones de trabajo para analizar los resultados de la auditoría”, se lee en un mensaje del 17 de junio pasado.
Los representantes ciudadanos afirman que decidieron acudir sólo a una de esas tres juntas porque no contaban con una copia de la auditoría.
“No tenía caso estar asistiendo a una reunión, donde te iban a estar hablando de ciertos puntos que tú no conocías con anticipación. En ninguna organización puedes llevar juntas de seguimiento sin tener los antecedentes,” justifica De Hoyos.
En otra misiva de López Ruiz, fechada el 9 de julio pasado, el titular convoca a los comisionados a una reunión para tratar “posibles responsabilidades de los servidores públicos derivados de los resultados de la auditoría”.
Por estas razones, los comisionados exigen transparencia en la Comisión y hacen un anuncio a los partidos políticos.
“Nosotros pugnamos por una total independencia del órgano electoral y que seamos transparentes.
“No queremos injerencias de ningún partido, no queremos injerencias de dirigentes partidistas”, concluye Ayala Garza.