Migajas de la iniciativa Mérida
Las instituciones de seguridad de Jalisco han recibido muy pocos recursos de Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida, pese a lidiar con el CJNG. Mientras el Congreso de EU reporta asignaciones por 2 mil 745 millones de dólares, al estado apenas han enviado 314 mil dólares
Luis Herrera[kaltura-widget uiconfid=”38045831″ entryid=”0_0j0axjbi” responsive=”true” hoveringControls=”true” width=”100%” height=”75%” /]
El esquema de transferencia de recursos con el que el Gobierno de Estados Unidos busca fortalecer a México en su combate a las organizaciones criminales, conocido como Iniciativa Mérida, ha tenido un impacto mínimo para el estado de Jalisco y sus instituciones de seguridad.
Pese a tratarse del estado que funge como el corazón neurálgico de uno de los grupos más poderosos de la actualidad, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así reconocido por el propio gobierno estadounidense, el apoyo de este hacia las instituciones jaliscienses de seguridad ha sido más bien raquítico.
Si en el periodo de los años fiscales 2008 a 2017, el Congreso de Estados Unidos aprobó la asignación de 2 mil 745.9 millones de dólares (MDD) para la Iniciativa Mérida, la fracción que ha llegado a Jalisco no alcanza siquiera el punto porcentual de esa bolsa: representa apenas un 0.01 por ciento.
Según informes obtenidos de la Secretaría General de Gobierno, su Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) y la Fiscalía General, en todo este tiempo de existencia de la Iniciativa Mérida Jalisco ha sido beneficiario de únicamente tres entregas de equipamiento, por un monto de solo 314 mil 046 dólares.
Aunque la Iniciativa Mérida ha permitido a las fuerzas locales de seguridad el acceso a conferencias y cursos de capacitación con agencias estadounidenses, sus alcances han sido limitados.
Solo 296 agentes y funcionarios jaliscienses han participado en este tipo de cursos formativos, de los 21 mil 648 miembros que integran las áreas de seguridad estatales y municipales, de procuración de justicia y reinserción social.
La amenaza
Si el ingente consumo de drogas estadounidense es lo que alimenta financieramente a la narco-maquinaria en México, con su imparable estela de asesinatos, desaparecidos, miedo esparcido y corrupción, entonces Jalisco, la casa del CJNG, es uno de sus principales damnificados.
La Iniciativa Mérida no le ha representado a las fuerzas estatales la transferencia de bienes que se correspondan con la amenaza que ese grupo constituye.
Ni vehículos terrestres o de otra índole, ni siquiera armamento de cualquier calibre, han sido recibidos por las fuerzas locales con la Iniciativa Mérida, e incluso, el poco equipamiento que sí se ha provisto con ese mecanismo no ha sido táctico-útil para el combate directo-.
Las tres entregas de equipamiento que se han dado en estos años con la Iniciativa han tenido tres objetivos principales: el desmantelamiento de laboratorios de metanfetaminas, en cuya producción Jalisco es uno de los tres pilares, con Michoacán y Sinaloa; el desarrollo de la investigación en la escena del crimen; y por último, la protección de funcionarios públicos.
Para control
Cantidades que han fluido desde Estados Unidos hacia México para la Iniciativa Mérida 2008-2017:
> Asignaciones para México: 2 mil 745.9 MDD
> Equipo para Jalisco: 314 mil 046 dólares
> Protección de funcionarios: 14 mil 195.14 dólares
> Desmantelamiento de laboratorios: 262 mil 084.15 dólares
> Investigación escena del crimen: 37 mil 766.90 dólares
Total: 314 mil 046 dólares
Asignaciones del Congreso de EU en millones de dólares:
Año Partida
2008 400
2009 460
2010 639.2
2011 143
2012 281.8
2013 222.2
2014 178.1
2015 143.6
2016 139
2017 139
Total 2,745.90 mdd
El equipamiento
El equipo de mayor cuantía entregado por la Iniciativa Mérida a agentes jaliscienses fue el referido a laboratorios de drogas sintéticas, el 24 de agosto pasado, por 262 mil 084 dólares, con 75 pares de botas con punta de acero, 79 pares de guantes de butilo, 32 aparatos de respiración, 180 overoles plásticos y otros 204 con capucha, por ejemplo.
Del 3 al 7 de agosto de 2015 se efectuó la entrega de equipo del Curso Investigaciones en la Escena del Crimen (CSI), valuado en 37 mil 766 dólares; y también en 2015 se recibió el equipo del programa Capacitación sobre la Protección de Funcionarios, por 14 mil 195 dólares.
Este último equipamiento para la instrucción de agentes en la protección de funcionarios, incluyó, por ejemplo, una bomba de maletín simulada, chaleco suicida simulado, bomba de carta simulada y cartuchos de dinamita inertes, lo que parece responder a que entre 2007 y 2016 no menos de 208 miembros de los tres niveles de gobierno fueron ultimados en Jalisco.
Justo ese año 2015 se había desatado el asesinato de oficiales y funcionarios públicos a manos del CJNG, como el del delegado del ISSSTE y expresidente del PRI, Javier Galván Guerrero; las emboscadas de 15 policías de Fuerza Única y la de cinco miembros de Gendarmería; y los nueve efectivos federales caídos el 1 de mayo.
La Iniciativa Mérida data de 2008. Con Felipe Calderón como presidente sumó asignaciones por mil 924 MDD (2008-2012); con Enrique Peña van 821.9 MDD (2013-2017), pero a marzo pasado las transferencias efectivas eran de 1.6 mil MDD, según el Servicio de Investigación del Congreso (CRS) de aquel país.
La capacitación
Los cursos de capacitación prestados por el Gobierno de Estados Unidos a agentes y funcionarios locales se pueden enmarcar en cuatro grandes rubros: el tratamiento de explosivos, la indagatoria y desmantelamiento de laboratorios de metanfetaminas, habilidades y técnicas policiales y de investigación, y gestión y vigilancia de reclusorios.
Destaca el tema de reclusorios donde el personal de la Fiscalía de Reinserción Social, a cargo del sistema penitenciario, ha recibido cursos como estos: Traslados de alto riesgo, administración de reclusorios, respuesta ante emergencias.
Además, concientización en temas de seguridad, grupos vulnerables, competencias iniciales de liderazgo y operación de pandillas dentro de las prisiones.
Estos cursos se prestaron durante este 2017, un año que ha dejado muy mal parado al sistema penitenciario de Jalisco y que lo ha exhibido con una pobre rectoría del Estado, contrario a lo que hacía parecer el Gobierno estatal.