México, el trato desigual

Las voces que alzan contra el trato que reciben los migrantes mexicanos en Estados Unidos, han polemizado aún más la estrechez de la política migratoria del presidente Donald Trump.

Sin embargo, México también tiene migrantes con los que trata a diario, ¿realmente el gobierno mexicano atiende a los migrantes ilegales como pide que sean tratados los mexicanos fuera del territorio nacional?

La respuesta es no.

El trato oficial hacia los migrantes que son deportados de suelo mexicano es a veces igual de humillante que el que reciben los mexicanos expulsados de Estados Unidos. El ejemplo se materializa en la frontera sur del país, en donde los inmigrantes ilegales africanos, mediorientales, centroamericanos y del caribe son tratados sin considerar sus derechos humanos.

La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha reconocido el maltrato a los migrantes ilegales en México.

Apenas el mes pasado, esa instancia emitió la recomendación 68/1027, dirigida al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas Fosado, “por violación al derecho humano al trato digno de las personas en contexto de migración internacional, alojadas en la estación migratoria de la Ciudad de México”.

No por nada, México se ubica como la tercera región más peligrosa del mundo, en el tránsito de migrantes, apenas superado por la región del mar Mediterráneo y la zona de Sudán, Libia y Egipto, en donde solo en el 2016, 4 mil 899 personas fallecieron en su intento por llegar a las costas europeas, según lo refiere la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

De acuerdo al organismo internacional de migraciones, al cierre del 2016 en México murieron o desaparecieron 578 indocumentados transfronterizos, entre Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Puebla, los que habrían estado en tránsito desde Centroamérica hacia la frontera con Estados Unidos.

Pero hay muchos más que son maltratados, amenazados, deportados sin ninguna garantía a sus derechos humanos, reconoció el sacerdote activista Alejandro Solalinde.

Es un verdadero viacrucis el que viven los migrantes transcontinentales, de Centroamérica y del Caribe, que cruzan por México, con destino a Estados Unidos, aseguró Solalinde, quien lamentó que el gobierno mexicano no predique con el ejemplo.

“Debería tratar a los migrantes en suelo mexicano, como demanda que sean tratados nuestros hermanos ilegales en Estados Unidos”, señaló.

El fundador del albergue para migrantes “Hermanos en el Camino”, en Ixtepec, Oaxaca, lamentó la doble moral del gobierno mexicano, al que calificó como “insensible” ante la crisis migratoria que se vive dentro de su territorio y a la cual, el Estado ha respondido con un cerco policiaco que solo ha traducido represión y violación de los derechos humanos.

Y es que mientras el gobierno mexicano emite una postura firme de respeto a las condiciones de trato a los migrantes mexicanos y ofrece “los recursos necesarios para que estén siempre preparados, conozcan los recursos legales a su disposición, elaboren un plan de emergencia y, en casos definitivos, tengan un retorno seguro”, en México, el trato a los migrantes apunta en otro sentido.
 
Migrantes vulnerables
 
De acuerdo a la recomendación 68/1027 de la CNDH, los migrantes detenidos por el Instituto Nacional de Migración (INM) en México son sometidos a condiciones inhumanas.

Durante su reclusión en las estaciones migratorias de la Ciudad de México hay hacinamiento, pues se alberga hasta 672 migrantes en áreas que tienen capacidad para 434 personas.

Ese es el menor de los maltratos que reciben los migrantes ilegales en suelo mexicano, pues Reporte Indigo pudo documentar casos de extorsión, maltrato, vejación que hacen elementos del INM en la frontera de Tapachula, en donde los grupos más vulnerables son los que provienen de Cuba, Haití, Guatemala, Honduras y El Salvador.

El retorno, nunca

Martha es salvadoreña. Llegó a México huyendo de la violencia de su país. A su hijo mayor lo asesinó un policía ligado a la banda de los Mara Salvatrucha, “solo porque no quiso reclutarse en las pandillas”.

Entró a suelo mexicano de forma ilegal y desde hace cinco meses sigue buscando la forma de lograr su residencia legal.

Le ha costado mucho su estancia en el país; no solo por el tiempo de espera, si no principalmente por el pago de sobornos a “policías” (funcionarios del INM) que le ofrecen no molestarla y no deportarla a cambio de 500 pesos a la semana.

Ella no tiene ingresos propios, pero una parte de lo que recibe en ayuda económica de una organización religiosa lo destina al pago del soborno.

“Prefiero pagar para que me dejen tranquila”, dice con resignación. Luego, entre sollozos, respira hondo: “el regreso, nunca”.

Sabe que, si la regresan a El Salvador, allá la espera la muerte.

“Es como pagar una renta por vivir”, dice más serena. No está dispuesta a tirar por la borda todo lo que ha tenido que pasar para llegar a Tapachula.

Cuenta que para llegar a esta parte de México, luego de cruzar por Guatemala, vivió loa indecible: fue secuestrada por la policía nacional de Guatemala, una pandilla de los Mara Salvatrucha la retuvo por dos días hasta que un familiar pago “el rescate” de 200 dólares y ya en suelo mexicano “los policías” también le cobraron 100 dólares para dejarla llegar al centro de Tapachula.

Finalmente cuenta que le fue bien.

A otras mujeres, jovencitas, no solo les cobraron el paso, sino que también las obligaron a pasar la noche con algunos de sus secuestradores, tanto en Guatemala, como en México, relata.

Martha se refugió en un albergue de una organización religiosa, en donde le dan techo, comida y mil pesos al mes, lo que apenas le alcanza para pagar a quienes la extorsionan.

‘Nadie los invitó a México’

Lidia es cubana. Ingresó a México por la frontera con Belice. Para su fortuna, ella y su novio, Uriel, no han tenido que batallar con el crimen organizado. Nadie los ha extorsionado, pero lamenta el trato despótico que se les brinda en la estación migratoria de Tapachula, en donde a gritos, una oficial del INM les explica “las normas” de su país.

La oficial es altanera. Les grita con voz en cuello cuál es el procedimiento a seguir para lograr un permiso de residencia temporal. Les advierte que todos los solicitantes serán investigados, en conjunto con la embajada de su país en México, “y si no resultan ser quien dicen ser… entonces se van de mi país”. Habla como si fuera dueña de México.

Lidia mueve la cabeza, se sujeta fuerte a su bebé de menos de dos años. Contiene las lágrimas y se traga el coraje. La oficial del INM sigue hablando: les recuerda a los casi 50 cubanos que esperan afuera de la estación migratoria de Tapachula, que “nadie los invitó a México” y por lo tanto se tiene que sujetar a lo dispuesto en las leyes mexicanas, si es que quieren hacer el trámite de solicitud de estancia legal y temporal en México.

La oficial del INM, de no más de uno 1.60 metros de estatura, mira -a través de sus anteojos- con recelo a los migrantes; les recuerda, en tono casi militar, que, dentro de la estación migratoria, durante el plazo que dure el trámite del permiso solicitado, “tendrán que acatar las reglas. Comerán solo lo que se les dé y nadie tendrá derecho a nada”.

“Es como entrar a la cárcel”, dice Lidia casi para sus adentros. Uriel le coloca la mano sobre el hombro izquierdo, como para darle la fortaleza que parece se le escapa por los ojos. El destino es incierto, pero están dispuestos a afrontarlo.

“Si esto es México, que es un país amigo ¿cómo será el tramite migratorio en Estados Unidos?”, pregunta Lidia como buscando una respuesta en el reportero.

Los servicios asistenciales oficiales por parte de los tres niveles de gobierno para los migrantes ilegales que llegan por la frontera de Tapachula, Chiapas, se encuentran abarrotados.

En los albergues temporales del DIF estatal y municipal, ya no hay cupo para los más de 15 mil migrantes que deambulan por las calles de esta ciudad.

Por eso, todos los que llegan a tocar las puertas de estas instituciones en solicitud de ayuda humanitaria son remitidos a otros albergues temporales que son sostenidos por organizaciones no gubernamentales, principalmente por iglesias que operan en la zona y que ofrecen asistencia por amor al prójimo.

Son las brigadas de voluntarios de los albergues temporales como las del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Albergue Misión México Dando Amor, Vida y Esperanza, Albergue Belén y del Albergue Jesús el Buen Pastor del Pobre y el Migrante, las que realizan recorridos por la zona urbana de Tapachula, para entregar agua y alimentos.

Otras brigadas de voluntarios, como las del Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada y Hogar de la Misericordia, van más allá: recorren la zona fronteriza de El Talismán para verificar que las detenciones de los migrantes que ingresan por Guatemala sean dentro de la legalidad por parte de los funcionarios del INM; los casos más recurrentes son de incomunicarlos.

Se estima que los 15 albergues temporales no gubernamentales que operan en Tapachula brindan asistencia a por lo menos el 30 por ciento de los migrantes ilegales que han llegado en los últimos 2 meses a Chiapas, los que de acuerdo a un funcionario del INM pudieran ser más de 16 mil personas, principalmente de África, Centroamérica y del Caribe.

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