Migración letal

Todos los días cruzan la frontera. Se filtran por las aduanas y se dispersan a lo ancho del país gracias a la corrupción que impera en los tres órdenes de gobierno.

Son responsables de 7 de cada 10 homicidios dolosos cometidos año con año y refuerzan a las organizaciones criminales que mantienen a México sumergido en una ola de violencia. Se trata de las armas de fuego y su tráfico ilegal proveniente de Estados Unidos que representa uno de los retos más importantes de seguridad a nivel nacional.

Datos recientes publicados por la organización Stop US Arms to Mexico, señalan que el flujo de armamento y explosivos en la frontera norte del país logró uno de sus puntos más elevados en décadas, generando ganancias para los traficantes en Estados Unidos –tan sólo entre 2015 y 2017– superiores a los 122 millones de dólares. Dinero que permanece en el país del norte y que provee de poder de fuego a la delincuencia organizada

La importante derrama económica que deja la entrada de los objetos bélicos a nuestro territorio resulta tan alarmante como su volumen de llegada. Cifras reunidas en marzo del 2015 por el Journal of Economic Geography de la Universidad de Oxford revelaron que en promedio anualmente ingresan 212 mil 887 objetos bélicos de forma ilegal desde Estados Unidos. Una cifra que equivale a un millón 277 mil 322 armas, municiones y explosivos que “brincaron” la frontera en todo el sexenio.

La estimación de la Universidad Oxford en 2015 no solo se confirmó, sino que se vio rebasada por las declaraciones de Renato Sales Heredia, extitular de la Comisión Nacional de Seguridad, quien a principios de noviembre de este año declaró que en 10 años se duplicaron los homicidios consumados con armas de fuego.

“En el 2007 se cometían 3 de cada 10 homicidios (con armas). Hoy, se cometen 7 de cada 10 y noventa por ciento con armas que provienen del vecino país. Un cálculo aproximado señala que diariamente cruzan la frontera en forma diversa más de 2 mil armas de fuego”, dijo Sales Heredia.

De ser correctas estas declaraciones, el desafío que deberá enfrentar la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad, será el crear mecanismos para frenar la llegada de 730 mil armas que entran al país de manera ilegal cada año.

¿Cómo llegan las armas?

Para Rachel Stohl, directora del centro de investigaciones en materia de seguridad internacional Stimson, son nueve las causas que propician el tráfico ilegal de armas hacia el país.

Entre dichas causas destacan la falta de seguridad y desorganización administrativa en los depósitos de armamento –lo cual facilita el acceso a intermediarios y el trato con miembros del crimen organizado; la venta de armas por parte de oficiales del ejército o soldados a grupos delictivos, así como la inefectividad y ambigüedad en las legislaciones locales –en el caso de Estados Unidos– que permiten la compra ilimitada de arsenal para su reventa en otros países.

Otras razones del por qué existe el tránsito de armas se debe a la corrupción de los funcionarios de gobierno, quienes otorgan licencias de importación a aquellos que incumplen los requisitos; los oficiales de aduana que no aplican los protocolos para la revisión de cargamentos; y los legisladores que aminoran las condenas hacia la portación, compra y acopio de armas –delitos que en la actualidad no ameritan prisión preventiva de acuerdo con los artículos 19 constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

A este respecto, un estudio del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California menciona que la legislación sobre la portación de armas es tan solo uno de los tres aspectos que componen esta compleja problemática de seguridad. A esta premisa se suman la responsabilidad compartida de la ATF (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos) y el fenómeno de las “aduanas porosas”, por donde se filtran los armamentos que alimentan las estadísticas de incidencia delictiva a nivel nacional.

Sobre esta problemática, el informe del Consejo indica que entre enero y septiembre del 2018 se tuvo registro de 21 mil 383 asesinatos en todo el territorio nacional, 14 mil 655 de ellos fueron perpetrados con arma de fuego, es decir, el 69 por ciento.

Acciones preventivas

El 2018 concluye a la par de uno de los sexenios más sangrientos en la historia, con 120 mil 666 ejecuciones dolosas registradas desde el 1 de diciembre del 2012 hasta octubre de este año, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Durante este periodo, los esfuerzos del gobierno federal por minimizar la creciente ola de violencia en el territorio se concentraron mayoritariamente en la captura de objetivos criminales prioritarios –siendo Joaquín “el Chapo” Guzmán el más representativo de ellos–, pero dejando a un lado aspectos cruciales como el tráfico de armas que estimula la actividad de las organizaciones criminales, las cuales incrementaron el número de enfrentamientos y disputas territoriales ante la falta de liderazgos.

La magnitud de esta crisis quedó plasmada en el más reciente informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos (CMDPDH), en donde se afirma que los datos históricos proporcionados por el SNSP, muestran que en dos décadas los homicidios perpetrados con arma de fuego incrementaron 570 por ciento.

Todo un reto para el nuevo gobierno, el cual comienza a dar señales de interés en esta problemática, pues en el punto 57 de su Plan Nacional, Andrés Manuel López Obrador destacó que la portación de armas podría ser castigada con mayor severidad.

“Serán delitos graves la corrupción, el robo de combustible, la portación ilegal de armas, la falsificación de facturas, el fraude electoral, la compra de votos y el uso de presupuesto para favorecer a candidatos y partidos”, mencionó el actual presidente en su discurso.