“(Exigimos) la verdad sobre la participación u omisión del Estado y las acciones que está tomando para evitar que vuelva a suceder”
“Es una vergüenza que las víctimas tengan que ampararse para acceder a la información o para que se les reconozca como víctimas”
Después de siete años de que se hizo público el hallazgo de una fosa clandestina en San Fernando, Tamaulipas, con los restos de 72 migrantes, los familiares de las víctimas y organizaciones defensoras de los derechos humanos siguen en búsqueda de certeza sobre lo ocurrido.
En una conferencia en memoria de las víctimas de una de las mayores tragedias de los últimos años, los familiares, con el respaldo de organizaciones civiles, hacen un llamado a las autoridades a transparentar las investigaciones y exigen verdad, justicia y reparación.
Además de que los familiares de las víctimas siguen sin conocer el contenido de las investigaciones realizadas por la PGR y sin saber quiénes son los responsables, algunos continúan con la incertidumbre de saber si los restos que les fueron entregados realmente corresponden a sus familiares.
Tal es el caso de Mirna Solórzano, salvadoreña, madre de Glenda, una de las víctimas de la masacre de San Fernando, quien hasta el día de hoy no está completamente segura de que los restos que le entregaron en 2010 sean los de su hija, pues ninguna autoridad le ha entregado una constancia de las pruebas realizadas para determinar su identidad.
Cuando el cuerpo de Glenda fue repatriado a El Salvador las autoridades les dijeron a ella y a su esposo que no podían abrir el féretro; a pesar de la advertencia, Mirna lo abrió y entre los restos que contenía no pudo reconocer a su hija.
“Siete años después lo que tenemos es una historia de vergüenza, porque a siete años todavía faltan 10 restos por identificar, porque hay familias que todavía tienen dudas. Es una vergüenza que las víctimas tengan que ampararse para acceder a la información o para que se les reconozca como víctimas”, afirma Carolina Jiménez, de Amnistía Internacional.
Sin pruebas de ADN
Glenda García, de nacionalidad guatemalteca, perdió a su padre Efraín y a sus hermanos Richard y Nancy en la masacre de San Fernando, y a siete años de distancia ni ella ni su madre han podido encontrar la relativa paz que les daría la certidumbre, la seguridad de saber que los restos que les fueron entregados en verdad sean los de sus familiares.
Para determinar la identidad de su padre y de su hermano, las autoridades no realizaron las pruebas de ADN, por lo que la petición de Glenda es que se haga la exhumación de los restos porque tiene dudas.
“El Estado no ha hecho nada. Seguimos esperando justicia, seguimos esperando la verdad. Quisiéramos que las autoridades se pusieran en nuestro lugar y comprendieran y que agilizaran esos trámites”, reclama García.
Los familiares de las víctimas apoyados por diversas fundaciones y organismos como Artículo 19 y Fundación para la Justicia han tenido que emprender acciones legales para poder tener acceso a la investigación de PGR, aunque hasta a la fecha la información ha sido escasa.
“Nosotros queremos saber la verdad”, es la exigencia de Mirna Solórzano y Miguel Ángel Medrano, padres de Glenda, quien perdió la vida hace más de siete años junto con otros 71 migrantes.
Para estos padres de familia, como para otros familiares de las víctimas, es una tortura el hecho de tener restos enterrados y no tener la certeza y la seguridad de que corresponden a sus familiares.
Entre opacidad y omisión
Más allá de este grito para pedir el esclarecimiento y la transparencia en los procesos para determinar la identidad de los migrantes encontrados en San Fernando, las organizaciones en defensa de los derechos humanos piden un verdadero ejercicio de rendición de cuentas sobre la masacre y sus consecuencias.
Para Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 México, la sociedad en su conjunto también sufrió la violencia derivada de ese suceso en Tamaulipas, por lo que también le corresponde seguir exigiendo cuentas.
“Las verdades no solo se construyen desde las palabras de las víctimas, desde la palabra del Estado, todos nosotros formamos parte de la construcción de verdades”.
“Necesitamos como sociedad empezar a transmitir, a hacer que esto se convierta en memoria, que se vuelva parte de la historia de México para que no se vuelva a vivir una historia así”, señala.
Ruelas también advierte que a pesar del discurso oficial y los esfuerzos del Estado por construir instituciones que promuevan la transparencia, los hechos demuestran que el acceso a la información no es una realidad en el Estado mexicano.
“Ni siquiera la defensa, las personas que están defendiendo a las víctimas, ni siquiera las víctimas pueden ver un expediente íntegro, constantemente tienen que enfrentarse a la opacidad, a la falta de capacidad del Estado de hacer una investigación diligente, capaz”.
Una de las peticiones centrales de las organizaciones y las víctimas es no solo conocer la verdad sobre los hechos, sino que se transparente la acción del Estado para permitir que un suceso de tal magnitud ocurriera a pesar de los signos de advertencia.
“Estamos aquí para exigir la verdad, la verdad sobre los hechos, la verdad sobre la participación u omisión del Estado y las acciones que está tomando para evitar que esto vuelva a suceder. Necesitamos garantías de que esto no vuelve a ocurrir”, concluye Ruelas.
