En la frontera sur de México el llanto de las niñas y los niños migrantes es constante. También los gritos de las madres que son separadas de sus hijos por las autoridades migratorias, quienes han recrudecido su trato hacia esta población.
Una de las historias más recientes es la de Alexi, de tres años. Ella viajaba con sus padres y hermanos en una caravana que buscaba salir de Tapachula, Chiapas, cuando fue sorprendida violentamente por un operativo de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración (INM).
La mayoría de los menores de edad deportados de México son enviados a países como Guatemala, Honduras y El Salvador, que enfrentan graves problemas de pobreza y violencia
Durante el evento, Alexi se perdió y la familia se entregó para buscarla. Aunque después la encontraron, fueron horas de angustia. “No era necesaria la violencia, traíamos niños”, declaró Alejandra, su madre.
“En el último grupo vimos cómo el Instituto Nacional de Migración utilizó una táctica sucia, por así decirlo, porque se enfocaba en retener a los menores para que después los padres se entregaran voluntariamente, aquí es donde hubo un poco más de separaciones familiares”.
Así describe Josué Castañeda, del Colectivo de Documentación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, una de las situaciones que viven las y los migrantes que tratan de escapar de la ciudad de Tapachula, en Chiapas, donde están obligados a permanecer en condiciones de sobrepoblación sin recibir una respuesta de las autoridades sobre su estatus migratorio.
Las cifras revelan que las niñas, los niños y los adolescentes (NNA) son uno de los grupos más afectados en la crisis migratoria que se vive actualmente en la frontera sur de México.
Por ejemplo, el número de migrantes de entre 0 y 17 años que han sido repatriados de Estados Unidos a México se incrementó un 112 por ciento de enero a julio de 2021, respecto al mismo periodo del 2020.
Mientras que la cifra de menores de edad migrantes detenidos en México también tuvo un alza de más del 210 por ciento, indican los datos del INM.
Según el Instituto, la mayoría de las NNA deportados de México van a países como Guatemala, Honduras y El Salvador, que enfrentan graves problemas de pobreza y violencia.
Sin embargo, organizaciones reportan la llegada también de migrantes provenientes de Haití, de Cuba y de Venezuela, que se suman al éxodo rumbo a Estados Unidos.
Dejar todo atrás
La característica más común de las y los niños migrantes es que vienen huyendo de contextos de marginalidad y de una precarización de las economías tanto de sus países como de sus propias familias, dice Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
“Les hace tener que tomar una drástica decisión como es la migración: abandonar el lugar en el que están, dejarlo todo, correr múltiples peligros para poder garantizar un mínimo sustento y un mínimo nivel de vida, esa es otra de las características; en nuestro país también puede ser revelador para entender por qué las infancias migran”, señala.
Aunque el artículo cuarto de la Constitución consagra el interés superior de la niñez, que significa proteger y priorizar a niñas y niños por encima de cualquier otro interés y decisión, en la práctica no es así.
“Al ingresar a nuestro país, lamentablemente, el tipo de gestión que se da respecto de la situación migratoria no es la protección de derechos, sino la persecución, e incluso, la criminalización”
Además, las organizaciones civiles que brindan acompañamiento han visto que la política migratoria se ha ido recrudeciendo en México desde hace ya varios años.
“Vemos una política migratoria todavía muchísimo más ausente de querer garantizar los derechos de las personas migrantes o en movilidad de hace cuatro años para acá, sobre todo lo que hemos visto es un recrudecimiento.
“Se siguen dando muchos discursos románticos del gobierno mexicano en donde lo que pretende, según en estos discursos, es atender a las personas en un enfoque de derechos humanos, pero al final es una narrativa únicamente, es una narración de la política y la realidad es totalmente distinta”, señala Diego Lucero, coordinador del área de ejercicio colectivo de derechos en el Centro de Derechos Humanos Matías de Córdova.
Advierten peligros para menores migrantes
La Redim advierte que además de la violación a sus derechos humanos por las autoridades migratorias, la niñez migrante se ve expuesta a delitos como homicidios, feminicidios y trata en su tránsito por México.
Ese riesgo también se ve acompañado por el hecho de que las autoridades en el país a menudo mantienen vínculos con el crimen organizado.
De acuerdo con datos oficiales recopilados por la Red, tan solo de enero a julio de este año hubo 678 homicidios dolosos, 55 feminicidios, 5 mil 185 lesiones dolosas y 227 delitos de trata en personas de 0 a 17 años a nivel nacional.
“Ser niña, niño o adolescente en México y ser pobre quiere decir estar en una situación de mayor exposición en distintas expresiones de la violencia. Adicionalmente tiene un riesgo en la dificultad de enfrentar a las autoridades encargadas de gestionar el avance y el flujo migratorio”, dice Tania Ramírez.
Por eso, diversas organizaciones de la sociedad civil a favor de la infancia han propuesto como respuesta un mecanismo transnacional que involucre a Estados Unidos, México y los países de Centroamérica, es decir, los de origen, tránsito y destino
Además, piden respetar el marco legislativo nacional y los tratados internacionales para proteger a las personas migrantes. Entre algunas de las propuestas de regularización están las Formas Migratorias Múltiples para garantizar el traslado seguro de las personas a lugares de apoyo donde tengan redes de ayuda.
