El gobierno de México quiere cambiar de guardias. La filtración sin freno de la corrupción y el narcotráfico a través de las puertas del comercio, puertos y aduanas, despertaron el deseo del presidente Andrés Manuel López Obrador de transferir su control al Ejército y a la Marina.
Dentro de las razones del inquilino de Palacio Nacional para tomar esta determinación sobre las aduanas y puertos, destacan el auge de mercancías ilícitas que ingresan todos los días al país, además del trasiego de drogas provenientes de diversas partes del mundo.
La intención, al menos por ahora, está lejos de convertirse en una realidad, ya que primero tienen que reformarse una serie de leyes vigentes como la de Administración Pública Federal, la de Puertos, la de Navegación y Comercio Marítimos junto con sus respectivos reglamentos, entre otras cosas.
De concretarse, las Fuerzas Armadas tendrán a cargo las labores administrativas y de seguridad de estos puntos, decisión que traería consigo una serie de implicaciones negativas para el sector marítimo nacional e internacional
Por principio, el empleo de diversos trabajadores en el área de administración estará en riesgo, pues en caso de no ser reubicados a otras áreas es probable que sean despedidos en concordancia con la política de austeridad.
Fernando Barbosa Sahagún, presidente de la Comisión de Aduanas de la International Chamber of Commerce México (ICC México), considera que otro aspecto fundamental es la logística, porque si el personal que se incorpora, ya sea civil o militar, no está bien capacitado en el tema de la merceología los procesos se retrasarán, sobre todo el de Just in Time (JIT) con el que una línea de producción depende de ciertas mercancías para fabricar otros productos.
“Reconocemos la labor de las Fuerzas Armadas en el país y el hecho de que se implementen estrategias gubernamentales para acabar con la corrupción, pero estos puntos son las puertas comerciales de México, por ello el paso de mercancías debe ser ágil y si se interrumpe el flujo por el que los inversionistas vinieron a México gastarán más para mover sus cargamentos”, comenta.
Durante los primeros seis meses del año la recaudación bruta de la Administración General de Aduanas (AGA) fue de 420 mil 900 millones de pesos, cifra 15.86 por ciento menor a la reportada durante el mismo periodo del año previo.
De igual forma el valor de las operaciones se desplomó a 6 mil 395 millones de pesos a causa de la parálisis económica por la emergencia sanitaria, 14.18 por ciento menos.
Rechazo de la oposición a propuesta para puertos y aduanas
Las diferencias entre el presidente y Javier Jiménez Espriú ante la propuesta de trasladar las labores aduanales y de puertos, a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a las Fuerzas Armadas, provocó la renuncia del funcionario.
Y no solo eso, el anuncio también ocasionó reacciones en el Congreso de la Unión donde legisladores de partidos opositores cuestionaron los alcances que podría tener la propuesta.
Una de las respuestas provino de Mónica Almeida López, diputada del PRD y presidenta de la Comisión de Marina, quien pidió al jefe del Ejecutivo revelar información para fundamentar su decisión.
“Al momento no hay sustento jurídico de la propuesta del Ejecutivo, incluso es inconstitucional. Al contrario, en la Comisión de Marina hemos observado que se requiere actualizar el cuerpo jurídico y normas administrativas para generar un modelo de gobernanza amplio para una administración estratégica de nuestro territorio marítimo”, informó la congresista mediante un comunicado.
Almeida López agregó que la población no puede conformarse con el objetivo de que para combatir la corrupción es necesario otorgarle esa labor a la Marina y al Ejército.
La perredista pidió al Presidente que en vez de tomar esa determinación elabore un plan nacional de desarrollo marítimo con el propósito de combatir las carencias en el sector.
La propuesta de que al Ejército y a la Marina se le otorguen más facultades no es nueva, en octubre de 2019, diputados de Morena presentaron un paquete de reformas a las Leyes Orgánicas de la Administración Pública Federal, de Navegación y Comercio Marítimos y de Puertos con el fin de que la Semar asumiera el control de esos sitios.
Desde entonces, la idea no fue secundada por Jiménez Espriú, quien mostró su rechazo a que una actividad civil pasara a mandos militares y aseguró que el documento presentado no se consultó con la SCT.
La propuesta de modificaciones fue negociada por las fuerzas políticas en San Lázaro pero no se logró un consenso y a la fecha permanece congelada.
Para Víctor Manuel Pérez Díaz, diputado del PAN y presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en San Lázaro, lo que mantiene en alerta a la oposición es la tendencia de atribuir tareas civiles a cuerpos militares.
Nos preocupa mucho que el presidente quiera acomodar o darle facultades metaconstitucionales a las fuerzas militares (…) Nos preocupa mucho que el presidente le siga dando proyectos que deben ser un tema de Comunicaciones y de Transportes, como el Tren Maya a la Secretaría de Turismo o que el Aeropuerto de Santa Lucía esté a cargo del Ejército
