Analistas consultados por Reporte Índigo coinciden en que para enfrentar la crisis de inseguridad que hoy se vive en la región Bajío-Occidente de la República, hace falta tanto la intervención apropiada de las fuerzas federales como la correcta aplicación de la ley y no la militarización, particularmente en lo que respecta a la judicialización de los casos.
José Luis Hernández-Ramírez, candidato a doctor en Seguridad y Ciencia Criminal por la University College London, plantea que la apuesta por la militarización de las tareas de la extinta Policía Federal no ha funcionado y que, en su lugar, se debe priorizar la profesionalización de corporaciones civiles y la colaboración entre las fiscalías estatales y la federal.
“Mientras sigamos una ruta de militarización, una procuración de justicia ineficiente y políticas de seguridad estatal que sólo velen por intereses propios, la región Bajío-Occidente seguirá bajo el acecho de organizaciones delictivas cada vez más violentas. El tiempo de cambiar es ya”, señala en entrevista.
Para recuperar la paz y seguridad en México, el gobierno debe tomar dos posibles caminos: la construcción de policías locales eficaces o seguir con la militarizaciónhttps://t.co/8pydUJmv7W
— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) July 17, 2021
Hernández-Ramírez, exintegrante de la Comisión Nacional de Seguridad, cuestiona que “pareciera que por evitar conflictos con otros partidos políticos, los gobernadores no están dispuestos a afrontar los costos de reconocer que necesitan apoyo no sólo de su ciudadanía, también de otros gobernadores y por supuesto, de la Federación”.
En esto coincide José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, quien señala que “el canal por el que se tiene que mandar es a través del Poder Judicial, de los estados o de la Federación, para poder parar esta violencia. Si esto no se hace a través de la ley, estamos en medio de la selva”.
De igual manera, considera urgente que el Gobierno federal deje la postura de “abrazos, no balazos”, aclarando que no se trata de que las Fuerzas Armadas busquen frenar la violencia con más violencia, sino con la correcta aplicación de la ley, el respeto a los derechos humanos y sin dejar cabida para la impunidad.
