Más allá del impacto ecológico que la actividad extractiva representa para las diversas regiones del país, en donde se asientan 18 mil 874 minas muchas de ellas a cielo abierto, la recaudación de impuestos que logra el gobierno mexicano por parte de las mineras es casi simbólicos frente a los montos económicos que este sector logra en forma anual.
Lo anterior queda evidenciado en el informe “Las Actividades Extractivas en México: Minería e Hidrocarburos Hacia el Fin del Sexenio. Anuario 2017” presentado este día por Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., en donde se establece que esta irregular situación prevalece pese a que dos de las cinco mineras más importantes de América Latina, son mexicanas.
El aporte tributario de las mineras que raya en lo simbólico se revela al considerar que México, a pesar de su importancia minera, es el país que menos impuestos cobra a ese sector, comparado con otros países mineros de América Latina: en el periodo 2010-2014, en México apenas el 1 por ciento de los ingresos fiscales provinieron de esta actividad, mientras que en Chile, Perú y Bolivia la proporción fue de 13.8 por ciento, 6.4 por ciento y 2.8 por ciento, respectivamente.
Entre las causas que se reconocen que favorecieron a los bajos impuestos pagados por las mineras, se encuentran “la evasión fiscal, la existencia de privilegios e incentivos fiscales injustificados, o la ausencia de políticas tributarias que graven de manera efectiva la riqueza de personas y empresas”, señala el informe.
Así, aun cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó que en el 2017 la industria minera pagó por concepto de ISR (Impuesto Sobre la Renta) un total de 28 mil 805.6 millones de pesos, su contribución tributaria al erario en realidad fue menor, debido a que las industrias mineras lograron deducir saldos de IVA e IEPS (Impuestos Especial sobre Producción y Servicios), para dejar el monto de pago en un total de 4 mil 973.2 millones de pesos.
La tesis de la aportación tributaria del sector minero de manera casi simbólica, se fortalece con el hecho de que durante el periodo del 2006 al 2015 las mineras en su conjunto obtuvieron ingresos por el orden del Billón 714 mil 342.7 millones de pesos, pero solo pagaron de impuestos la suma de 22 mil 397 millones de pesos, esto debido a las condiciones tributarias laxas permitidas por la autoridad federal.
Otra de las razones que reconoce Fundar como la causa de la baja recaudación de impuestos mineros es la desorganización que en el sistema federal existe para saber siquiera quienes y donde están los depositarios de las concesiones mineras: la Secretaria de Economía (SE) no cuenta con un registro actualizado que relacione de manera precisa a los concesionarios mineros con sus concesiones, lo que ha imposibilitado el trabajo de fiscalización del SAT.
Ejemplo de lo anterior es el hecho de que hasta octubre del 2017 el Sistema de Administración Tributaria únicamente pudo ubicar a 3 mil 227 contribuyentes mineros, a quienes pertenecen 19 mil 174 concesiones de un total de 24 mil 961 registradas por la SE, lo que significa que el gobierno federal no sabe con exactitud a quién le pertenecen, ni cuáles son las características del 23.1 por ciento de las concesiones mineras que ha otorgado.
De la misma forma el gobierno federal ha sido omiso en el cobro del derecho adicional sobre minería, el que resulta en multas que van desde los diez a los 2 mil días de salario mínimo o la cancelación del permiso cuando los concesionarios no han realizado obras o trabajos de exploración durante dos años continuos sobre las minas entregadas.
En ese sentido la Secretaría de Economía ha sido omisa en sancionar a los titulares de Mil 918 concesiones mineras que se encuentran en ese parámetro, en donde Fundar señala que esa misma dependencia “incluso omitió entregarle al SAT la información básica de los concesionarios que se encontraban en esta circunstancia”.
