Mineras voraces

Las transnacionales mineras se han lanzado a la colonización del territorio nacional sin importar el impacto social y ambiental que significa la explotación del subsuelo, principalmente en zonas declaradas reservas indígenas.

La voracidad de las mineras internacionales se refleja en el número de concesiones que han logrado para la explotación del subsuelo mexicano: una cuarta parte del territorio nacional ha sido entregada para extraer la riqueza minera de México, asegura el investigador de la Universidad Iberoamericana, Miguel Reyes Hernández.

La entrega de concesiones para la explotación de minas, que se comenzó a disparar en el periodo de gobierno de Vicente Fox y que alcanzó el pináculo durante la administración de Felipe Calderón, ha llegado a niveles desorbitantes.

Hoy la reforma energética, aprobada en la actual administración federal, representa una oportunidad para los planes de explotación del subsuelo nacional por parte de estos conglomerados transnacionales.

A la fecha el Gobierno Federal ha entregado 47 mil 862 concesiones de explotación minera, las que han sido acaparadas por una veintena de empresas internacionales, algunas con participación de inversionistas mexicanos.

El territorio nacional entregado en concesión para su explotación a empresas internacionales llega a 98 millones 682 mil 739 hectáreas.

La mayor parte de la superficie entregada a las mineras está ubicada en zonas indígenas, lo que ha generado el brote de por lo menos 73 conflictos sociales, donde las comunidades originarias han tenido que aportar muertos y desplazados.

En la mayoría de los casos de explotación minera, las transnacionales trabajan sin rostro, sordas a los reclamos de cuidado ambiental e impacto social que exigen los pobladores naturales, propiciando casos extremos como el de Michoacán, en donde la Minera Ternium en Aquila, para poner a salvo sus intereses económicos, creó sus propios grupos de autodefensa, una vez que ya no pudo negociar con el crimen organizado la compra de mineral extraído ilegalmente.

En la mayoría de los casos las mineras no respetan los límites establecidos en las concesiones federales, extendiendo su explotación minera a radios mayores que llegan a hasta tres veces más de la superficie entregada en concesión, esto con la finalidad de abarcar otros yacimientos cercanos a los entregados legalmente.

La extensión arbitraria de los radios de explotación minera, estima el investigador Miguel Reyes Hernández, obedece al plus que otorga la reforma energética, impulsada por la actual administración federal, que autoriza a las mineras -no solo a explotar los yacimientos minerales- sino también los hidrocarburos que se pudieran encontrar en el subsuelo de la superficie entregada en concesión.

Y es que la reforma energética le otorga a la minera el estatus de actividad preponderante al reconocer el uso de suelo preferencial, incluso por encima de la propia vida, la actividad económica o productiva de la población natural, lo que avala el desalojo de comunidades indígenas que obstruyan los procesos de explotación minera.

Proyectos de muerte

La llegada de las mineras a cada una de las regiones entregadas en usufructo siempre se anuncian como acciones de desarrollo y progreso para la región, pero no hay una sola localidad en el país en donde las trasnacionales exploten el subsuelo en armonía con los pobladores locales y el cuidado al medio ambiente, prueba de ello son los 73 conflictos sociales que se mantienen vivos en todo el país, donde los indígenas pelean contra las mineras.

Los llamados proyectos de muerte, como los han calificado los pueblos indígenas a los planes de explotación minera irracional, se han triplicado desde el año pasado. El estado de Puebla es el líder en la inconformidad.

Solo en esa entidad se han denunciado 174 proyectos mineros –que a veces tienen que ver con hidroeléctricas y termoeléctricas- que atentan contra la salud de la comunidad.

En el estado de Michoacán se registran 18 proyectos de muerte. En Colima se han denunciado 11 proyectos que atentan contra el medio ambiente. En Oaxaca son 23 las explotaciones de minas que afectan a los pobladores. En Durango se registran 10 proyectos de muerte, en tanto que en Zacatecas, Colima, San Luis Potosí, Chihuahua y Coahuila suman en total 48 las minas que atentan contra la población.

La mayoría de los proyectos mineros denunciados afectan el medio ambiente con daños severos e irreversibles a los mantos acuíferos. En otros como en Colima el daño de las mineras ha sido extremo, al grado de incrementar los índices de cáncer entre la población aledaña a las minas; los casos menos graves de proyectos de muerte son los que se dejan ver con efectos como el de la lluvia ácida.

Frente a este panorama, las instancias federales se manifiestan omisas.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en lo que va de este año solo ha emitido cinco sanciones de daño ambiental, pese a que los reclamos de los vecinos aledaños a las minas han levantado al menos 322 denuncias.

La mayor parte de las miles de concesiones otorgadas en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón fueron a parar a manos de los grupos empresariales: Peñoles de la familia Bailleres, Grupo México de Germán Larrea, y Frisco de Carlos Slim, cuyos grupos abanderan los proyectos de muerte.

La suma de las concesiones de esos tres grupos empresariales comprende por lo menos el 70 por ciento de la superficie minera del país, en donde no tienen presencia agrupaciones gremiales o sindicales que procuren la seguridad laboral de los que son empleados para la excavación del subsuelo.

Las mineras de Slim, Larrea y Bailleres, favorecidas desmedidamente en los últimos 12 años, de acuerdo a publicaciones especializadas, son las más rentables de todo el país, principalmente por los bajos salarios a los mineros y la condonación de impuestos federales y locales con que se les privilegia.

Solo la condonación en impuesto predial, servicio de energía eléctrica, suministro de agua potable y otros servicios locales, además de derechos federales no declarados, como el pago de cuotas de Seguro Social, hace que las utilidades de las empresas vayan a la alza bajo la complacencia de las autoridades federales.

Almaden Mineral, un caso aparte

La minera canadiense Almaden Mineral inició ya la exploración de más de 2 mil hectáreas de suelo comunal de Ixtacamaxtitlán, Puebla, el que era utilizado por los pobladores locales para el pastoreo, la siembra agrícola y la explotación forestal; en ese sitio se inició ya la barrenación –con el consecuente daño ecológico- para detectar las vetas de oro que abundan en la zona.

Con las 2 mil hectáreas más que se le han entregado a Almaden Mineral ya suman 16 hectáreas de suelo sobre las que tiene derecho preponderante de explotación la empresa canadiense, aun cuando en realidad viene teniendo dominio sobre casi 20 mil hectáreas de suelo, de donde decenas de pobladores indígenas ya han sido desplazados.

Almaden Mineral tiene presencia en la industria minera de Canadá, Estados Unidos y México, pero es aquí en donde ha logrado sus mayores utilidades al crecer exponencialmente en los último seis años, al obtener concesiones para explotación de suelo con yacimientos minerales para los próximos 50 años.

Las concesiones más importantes entregadas a la minera canadiense se lograron en el año 2008, cuando desde la federación le otorgaron los permisos para la exploración y explotación de 55 mil 990 hectáreas en la zona de Ixtacamaxtitlán, principalmente en la comunidad Tulgtic, en la sierra norte del estado de Puebla, donde lleva a cabo el llamado proyecto Ixtaca, el más ambicioso a nivel nacional para la extracción de oro.

Justicia por un tubo

Al ver que la comunidad indígena de Puebla no publicó un amparo por cuya inserción se cobraban 40 mil pesos, un juez federal determinó finalizar anticipadamente el juicio de garantías iniciado por los indígenas como única esperanza para no permitir el proyecto de muerte en su comunidad.

Con la decisión del juez de no atender la demanda de violación de garantías de la comunidad Nahua de Cuacuila, en el municipio de Huauchinango, Puebla, se benefició a las empresas Gasoductos del Altiplano Termigas S.A. de C.V. y Gasoductos Mexicanos S.A. de C.V.

Estas dos empresas son las que abanderan el proyecto del gasoducto de Gasomex, que consiste en el transporte por ducto de gas propano comercial, que va de la terminal de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, a la terminal de Atotonilco de Tula, en Hidalgo, con una extensión de 300 kilómetros lineales.

El proyecto del gasoducto que no quiso ser frenado por la justicia federal cruza por los estados de Hidalgo, México, Puebla y Veracruz, en donde afecta al entorno ecológico y las condiciones de seguridad de 24 municipios, mil 500 pequeños propietarios y 70 ejidos.

De todos los núcleos poblacionales que afecta el paso del gasoducto, solo el de la comunidad indígena de Cuacuila fue el que optó por la vía legal para frenarlo, pero el propio sistema les negó la posibilidad de defenderse.

Sin embargo, en una rueda de prensa, la abogada Patricia Montaño Flores explicó que en el Artículo 1 constitucional y los tratados internacionales amparan a la comunidad indígena para que decidan sobre los proyectos que se harán en sus territorios.

Este no es el primer caso en donde el sistema judicial se pone del lado de las empresas. Solo en lo que va del 2015, se estima que al menos 18 comunidades indígenas de la sierra norte de Puebla han buscado la protección de la justicia federal para tratar de frenar los proyectos de explotación del subsuelo, sin que a la fecha se haya concretado el amparo a favor de las comunidades demandantes.

En la mayoría de los casos los proyectos de amparo ni siquiera son admitidos en los juzgados al no cumplir con requerimientos técnicos, principalmente en su estructura de petición, lo que hace más cuestionable la aplicación de la justicia federal, dijo el maestro Juan Romero, especialista en derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Aseguró que en el país la negativa de los amparos para las comunidades indígenas es casi general, sobre todo cuando se trata de proyectos de explotación del subsuelo, porque los jueces buscan fallas técnicas en la demanda de amparo, en lugar de ver las razones que les asisten a los demandantes. Por eso se dan casos en donde se suspende el juicio porque no se cumplió con la publicación de un edicto, que es algo técnico.