Suelo rico, gente pobre

A partir del año entrante todas las regiones del país en donde haya actividad minera comenzarán a tener fondos económicos directos, no solo para el desarrollo social sino para la reparación de la devastación ecológica que genera esa actividad.

Con la reforma a la Ley Federal de Derechos, aprobada por el pleno de la cámara de diputados, todas las mineras están obligadas a pagar un impuesto que será concentrado en ese fondo de apoyo.

La intención es que todos los municipios con actividad minera puedan contar con recursos que permitan el desarrollo local mediante una distribución más equitativa de la riqueza generada por la explotación del subsuelo.

El diputado Fernando Rubio Quiroz, uno de los promotores de la iniciativa, explicó que en la ley ya existía esa posibilidad, pero se busca que ahora sean las propias comunidades –en coordinación con las autoridades locales– quienes determinen la aplicación de los recursos del llamado Fondo Minero.

“El objetivo del Fondo Minero es elevar la calidad de vida de los habitantes en las zonas de extracción minera”, refiere la SEDATU en su página electrónica.

El fondo, explicó Rubio Quiroz, busca responder a la demanda de los habitantes de las comunidades asentadas en las áreas mineras.

“(…) Las cuales habían sido históricamente excluidas de los beneficios de esta actividad basada en la explotación de recursos naturales no renovables”, detalló el legislador.

Dicho Fondo –creado en el 2013 y que comenzó a recaudar dinero por la vía de impuestos a las mineras desde el 2014 y a aplicarse en obras a partir del 2016– proyectaba de manera ambigua la ejecución de los trabajos requeridos en cada región.

Lo hacía bajo una determinación dictada desde Gobierno Federal, a través de las Secretarías de Economía (SE) y de Desarrollo, Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Por eso ahora serán las propias comunidades en coordinación con los gobiernos locales quienes decidan la forma y los tipos de obras en que podrán invertir los fondos pagados por las mineras.

Estas empresas mantienen bajo usufructo la explotación de 25 mil 425 minas en más de 228 municipios de 25 estados de todo el país, sobre una extensión de 22.3 millones de hectáreas, lo que equivale a 11.4 por ciento del territorio nacional.

Mucha plata

De acuerdo al IV informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, al cierre de 2015 México fue el principal productor de plata a nivel mundial y se ubicó entre los 10 principales productores de otros 15 minerales.

Pero el grado de pobreza en las regiones de las minas no se ha podido abatir.

Datos de la Cámara Minera de México revelan que al cierre del 2015 el sector minero metalúrgico tuvo una inversión de 4 mil 630.4 millones de dólares.

Además, para 2016 se estima que esta sea de 4 mil 702.6 millones de dólares, sin embargo, ese financiamiento poco o nada se ha visto reflejado en la forma de vida de los habitantes de las zonas pobres, pero ricas en minerales.

Una reforma de justicia social

“Esta reforma de ley es un acto de justicia social”, dijo el diputado Fernando Rubio Quiroz.

El legislador, junto con Waldo Fernández González y Evelyn Parra Álvarez, de la fracción del PRD en la Cámara de Diputados, propuso modificaciones a los artículos 271 y 275 de la Ley Federal de Derechos a fin de beneficiar de la explotación minera a las comunidades más marginadas del país.

Y es que, de acuerdo a datos de INEGI, casi todos los municipios en donde se encuentran los principales sitios de explotación minera ocupan rangos de pobreza moderada y pobreza extrema.

Eso hace que resulte inconsistente que las regiones con mayores recursos naturales, también en ocasiones sean las más abandonadas en materia de desarrollo social, explicó Rubio Quiroz.

Actualmente el Fondo Minero cuenta con recurso por más de 2 mil millones de pesos, de los que al menos mil 498.7 millones de pesos ya fueron etiquetados por la SEDATU para aplicarse en 716 proyectos de mejoras a la infraestructura social, donde no han tenido participación de decisión las comunidades locales.

“Ahora las comunidades de cada zona minera podrán acceder al fondo para decidir cuáles son las obras que más requieren”, insistió Rubio Quiroz.

Actualmente, de acuerdo al Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMA), en México se presentan 37 conflictos graves entre mineras y pobladores, en donde no solo es la devastación del medio ambiente lo que ha llevado a la confrontación, sino que también se asoma la negativa al pago de regalías por parte de las mineras.

 Regalías polémicas

En ese sentido, son pocas las empresas mineras que dispersan parte de sus utilidades económicas con los vecinos de las zonas explotadas.

Según Aurelia Téllez, del colectivo En Defensa por la Tierra , menos del 4 por ciento de las mineras asentadas en el país pagan regalías a los vecinos afectados por su actividad extractiva.

Solo algunas mineras de Michoacán, Guerrero, Chiapas, Puebla y Veracruz, son las que a la fecha mantienen acuerdos privados con pobladores locales, a los que se les entrega anualmente un porcentaje que a veces representa apenas el 0.002 por ciento de las utilidades.