Minería ilegal conduce a Autlán

La actividad minera ilegal que se desarrolla en los municipios jaliscienses con una fuerte presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es investigada actualmente por la Procuraduría General de la República (PGR) a través de siete averiguaciones previas que tiene en curso. 

Una de estas indagatorias condujo a la PGR hasta uno de los municipios sureños del estado,  que ha aparecido como una constante en al menos un par de los magnicidios que han cimbrado al Gobierno de Jalisco y a la clase política local en menos de un año: Autlán de Navarro.  

De acuerdo con información entregada por la PGR, el 15 de mayo de 2014 se detectó un cargamento ilegal de hierro en el Puerto de Manzanillo listo para zarpar hacia China, y que tenía a Autlán como municipio de procedencia. 

En este reporte se especifica que el mineral habría sido extraído ilegalmente de la mina registrada con el nombre “Jorge Eduardo”, ubicada en ese municipio, y concesionada a la empresa J. Guva S.A. de C.V. En este caso, sin embargo, la PGR no ha logrado detenidos. 

Hoy en día la Operación Jalisco que implementan las fuerzas federales para la desarticulación del CJNG, tiene en dos regiones su mayor despliegue: la Costa Sur y Sierra de Amula; Autlán se encuentra en la segunda. 

En Autlán fue alcalde y líder político Javier Galván, el delegado local del ISSSTE asesinado el 19 de junio pasado, quien representó como diputado federal al distrito 18 donde se halla ese municipio y también presidió el PRI en Jalisco. La Fiscalía General del Estado atribuyó el homicidio al CJNG.

Antes, el 22 de septiembre de 2014, fue asesinado el diputado federal Gabriel Gómez Michel, plagiado en Tlaquepaque y luego hallado sin vida en Zacatecas. Había llegado a la Cámara baja también por ese mismo distrito electoral con cabecera en Autlán, también fue alcalde del colindante El Grullo. 

Otra averiguación previa de la PGR abierta por minería ilegal en Jalisco apunta hasta un municipio vecino directo de Autlán, y que hace muy poco fue el foco de atención nacional: Villa Purificación, donde el CJNG derribó al helicóptero militar Cougar, causando la muerte de nueve efectivos, el 1 de mayo. 

Esta investigación de la PGR comenzó el 22 de mayo de 2014 a partir de la detección de otro cargamento de hierro que marcaba a Villa Purificación como punto de origen, y en específico, a la mina “El Fortín II”, registrada a nombre de la firma Minerales El Fortín S de RL de CV. 

En una tercera indagatoria la PGR siguió el rastro del hierro hasta La Huerta, contiguo a Villa Purificación, como otra zona de extracción ilegal. 

Al igual que los dos anteriores, este caso surge de mineral inspeccionado en el Puerto de Manzanillo, con destino a China.  

El mineral de La Huerta se descubrió el 9 de mayo de 2014, y según los registros del Ministerio Público federal, este habría sido obtenido de la mina “El Panal”, a nombre de la empresa Mintor S.A. de C.V. 

Por la coincidencia de fechas, es probable que estas indagatorias de Villa Purificación y La Huerta, ambos en la Región Costa Sur, estén relacionadas con los 10 embargos que realizó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en ese puerto, entre el 29 de abril de 2014 y el 20 de mayo. 

En esos operativos el SAT aseguró 232 mil 197 toneladas de hierro extraído ilegalmente de esos municipios, que fue valuado en 62 millones 27 mil 729 pesos, como se dio cuenta en “Minería Impura”, publicado el 13 de julio pasado en Reporte Indigo. 

Más casos

Estas tres averiguaciones por minería ilegal que se emprendieron a partir de cargamentos que serían exportados, no son las únicas que tiene en curso la PGR en Jalisco.

Hay cuatro más,  aunque los registros sobre éstas no son tan precisos como los anteriores. 

Las cuatro indagatorias restantes se abrieron entre el 16 de diciembre de 2011 y el 1 de abril de 2014, y aunque no detalla los municipios que se investigan, sí las minas de origen: Las Encinas; Predio Carlos I y La Santa Cruz; Predio Piedra Imán; y Predio La Santa Cruz. 

Según referencias periodísticas y oficiales, es probable que por Las Encinas se refiera a una mina situada en Pihuamo; por Piedra Imán a otra en Cuautitlán; y por el par de La Santa Cruz al mismo Autlán, que suma así tres averiguaciones en total de PGR. 

Cierran minas

Es llamativo que en las dos regiones del estado que se consideran con la mayor dominancia del CJNG, se ha dado un cuarto de todas las cancelaciones de concesiones mineras que ha registrado aquí la Secretaría de Economía (SE), de 2007 a  junio de 2014. 

En el oficio SE/181.-11251/2014, del 21 de octubre de 2014, emitido por el subdirector de Control de Obligaciones de la SE, Eleuterio Bello, obtenido a través de una solicitud de información, esa secretaría refiere que en dicho lapso canceló en Jalisco 610 lotes concesionados para minería. 

De estos, 162 se situaban en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula, ambas enclaves de la operación del CJNG. Estas cancelaciones que arroja la SE se dieron por el desistimiento de los titulares de las concesiones (84) o porque simplemente dejaron de pagar los derechos (526). 

Villa Purificación es, de hecho, el segundo municipio del estado con más lotes mineros cancelados, con 29; el primer lugar es Tequila, con 53. Autlán tiene el cuarto número más alto de cancelaciones con 21 y La Huerta tiene el octavo, con 15. 

Multas millonarias

La presencia de la minería ilegal en las zonas bajo influencia del CJNG también se refleja en los archivos de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa). De 2007 a 2014 clasificó así 11 eventos en Jalisco, entre el 2 de febrero de 2009 y el 18 de julio de 2014, ninguno con detenidos. 

Seis de ellos se dieron en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula, prácticamente en los mismos municipios que señala la PGR: La Huerta y Villa Purificación, con un caso cada uno, y Autlán –otra vez– con tres. 

El sexto caso de minería ilegal que sitúa ahí cerca la Profepa ocurrió en Ayutla, donde fue asesinado el 3 de agosto de 2014 su alcalde, Manuel Gómez, lo que se atribuyó al CJNG. 

El resto de los hechos se distribuyen en municipios de otras zonas: Tecalitlán, Hostotipaquillo, Tolimán, Tapalpa y Etzatlán. 

Estos casos involucraron la extracción ilegal de hierro, cobre, ópalo, varita, y fueron sancionados por la Profepa con solo 5 millones 25 mil 807 pesos. 

En todo el país la dependencia da cuenta de 76 hechos de extracción ilegal de minerales en esos siete años, liderados por: Baja California Sur, 20; Colima, 16; Sonora, 12; Jalisco, 11 y Querétaro, nueve.