El misterio de las 100 mil boletas apócrifas

[kaltura-widget uiconfid=”38045831″ entryid=”0_285ozpcx” responsive=”true” hoveringControls=”true” width=”100%” height=”75%” /] El hallazgo por la Policía Federal de 100 mil boletas apócrifas durante la elección extraordinaria de Colima en 2016 en un vehículo que salía de Guadalajara y que fue vinculado a la Tesorería del partido Movimiento Ciudadano (MC) de Jalisco ha tenido una indagatoria errática e infructuosa hasta ahora.

El 16 de enero de 2016, la Policía Federal detuvo a un sujeto de nombre Cristian Daniel Velasco Ramírez en la carretera Guadalajara-Colima, en el tramo de Ciudad Guzmán, cuando conducía una camioneta gris Hyundai 2016, con placas JMM2052 de Jalisco, con 14 cajas que contenían el material electoral ilegal.

Si bien el conductor aseveró que ignoraba lo que había en las cajas y que solo había sido contratado para transportarlas a Colima, lo que se regó como pólvora fue que el vehículo estaba a nombre de Luis Arturo López Sahagún, entonces tesorero de MC Jalisco, algo que el propio ex candidato del PAN a esa gubernatura, Jorge Luis Preciado Rodríguez, denunció.

Debido a la gravedad del caso parecía al inicio que la autoridad ministerial actuaría con presteza para esclarecer qué había realmente detrás del hecho, si era parte de una estrategia de fraude electoral orquestada desde Jalisco y cuál era el papel del MC local en todo ello.

Tres días después, el 19 de enero, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), entonces a cargo de Santiago Nieto Castillo, abrió la averiguación 059/FEPADE/2016 “por el presunto delito previsto en el art. 7 fracción XI, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales”, informó la Procuraduría General de la República (PGR) en el folio de transparencia 0001700211916.

Dicho delito se refiere a quien “se apodere, destruya, altere, posea, use, adquiera, venda o suministre de manera ilegal, en cualquier tiempo, materiales o documentos públicos electorales”.

Sin embargo, la averiguación salió pronto del interés de la Fepade de Nieto Castillo. Nueve meses después de iniciada, el 10 de octubre de 2016 aquella declinó de seguir con el caso aludiendo incompetencia, y la turnó a la Delegación de PGR de la Ciudad de México.

Investigación rechazada

El traspaso de la indagatoria desde Fepade a la Delegación de la PGR de CDMX se informó el 24 de noviembre de 2016 al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), dentro del recurso de revisión RRA 3114-16.

“Tanya Magallanes López, titular de la Unidad de Transparencia (de PGR) manifiesta ‘En lo que corresponde a la averiguación 059/FEPADE/2016 se hace del conocimiento a esta ponencia que la misma ya no obra en los archivos de la Fiscalía, en virtud de que se declinó incompetencia (…) se remitió todo el expediente sin contar en nuestros archivos con testimonio del mismo”.

La PGR mostró al INAI el oficio de Fepade con el que hizo entrega del expediente 22296/ DEGAPCPMDE/FEPADE/2016 “dirigido al Delegado de PGR en la CDMX, de fecha 10 de octubre de 2016 y con acuse de recibido el 11 del mismo mes y año, mediante el cual remite la referida averiguación”.

Con esa declaración de incompetencia de la Fepade del ex fiscal Nieto Castillo para enviar el caso a la delegación de PGR de CDMX, pese a que se trataba del hallazgo de 100 mil boletas apócrifas, llegó el primer traspaso que tendría la indagatoria.

Un rechazo más

La averiguación de Fepade por las boletas fue radicada en la delegación de PGR en la CDMX el 21 de octubre de 2016 bajo el número AP/PGR/DDF/SPEIX/6510PP/2016. Sin embargo, en lugar de haber reactivado de inmediato la pesquisa, la dependencia también se deshizo del caso.

La PGR le mostró al INAI el Oficio DDF/SPE/1008/2016 del 28 de octubre de 2016, suscrito por el delegado capitalino, donde este autorizó que el expediente se enviara ahora a la Delegación de Jalisco, ahí dice:

“Esta Delegación en el D.F. a mi cargo autoriza la incompetencia en razón del territorio de la indagatoria (…) por la probable comisión del delito de falsificación de documento y lo que resulte (…) Procédase a remitir la presente indagatoria a la Delegación Estatal de Jalisco de la PGR a fin de que se avoque a la prosecución y perfeccionamiento legal de los hechos que se investigan”.

Todavía el 12 de diciembre de 2016, a 11 meses de los hechos, el traspaso del expediente de CDMX a Jalisco no se había efectuado, según lo informó la titular de Transparencia de PGR al INAI ese día, en el oficio PGR/ UTAG/04651/2016: “La citada indagatoria fue consultada en incompetencia por territorio a la delegación estatal de Jalisco (…) se encuentra en trámite de envío”.

El nexo alfarista

A más de dos años de iniciada, la indagatoria del caso Colima no arroja resultados. En una nueva consulta a PGR se le volvió a preguntar cuál era el estatus actual del expediente y esta se limitó a responder el 6 de marzo pasado en el folio 0001700032518.

“La Fepade informó que (…) se inició la Averiguación AP: 059/FEPADE/2016 con fecha 21 de enero de 2016, para lo cual dicha Fiscalía declinó la competencia en favor de la Delegación de la CDMX de esta Procuraduría”. Pero omitió dar cualquier otro dato al respecto, por lo que las ligas del incidente con MC y el alfarismo siguen siendo un misterio.

No obstante, el ex tesorero de MC fue integrado al gobierno de Enrique Alfaro Ramírez en Guadalajara el 23 de septiembre de 2016, como director de Adquisiciones, lo que criticó la regidora priista, María de los Ángeles Arredondo: “ellos escogieron al ex tesorero de MC que recordemos era propietario del auto que trasladaba las boletas”.

Lo cierto es que el alfarismo había mostrado gran interés en la elección de Colima. El 20 de diciembre de 2015 Alfaro Ramírez y otros alcaldes de MC acudieron a ese estado solo para apoyar al que era su candidato, Leoncio Morán Sánchez, además de que las tres empresas de marketing del proyecto alfarista, continuamente beneficiadas con asignaciones directas, Eu Zen, La Covacha e Indatcom, trabajaron en ese proceso electoral.