Hoy inicia el parlamento abierto para analizar la polémica iniciativa preferente de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Unión.
La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados fue la encargada de convocar a voces especializadas para conocer su punto de vista antes de dictaminar el proyecto de modificaciones.
En tanto, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó ayer -con 31 votos a favor, 11 en contra y dos abstenciones- la opinión a favor de la propuesta enviada desde la Presidencia, entre las críticas de la oposición y el respaldo de Morena.
Entre críticas de la oposición y el respaldo de Morena, la Comisión de Presupuesto en San Lázaro aprobó la opinión a favor de la reforma a la LIE
Entre los principales cuestionamientos hacia la iniciativa se encuentra la intención de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sea el proveedor único en el mercado eléctrico nacional. De acuerdo con el analista del sector eléctrico, Paul Alejandro Sánchez, la Empresa Productiva del Estado suministra energía a más de 95 por ciento de los usuarios del país.
Aún así, el Gobierno federal pretende cerrarle la puerta a los competidores y seguir fomentando el monopolio de CFE, algo que atenta contra el principio constitucional de la libre competencia, establecido en el artículo 28 de la Carta Magna.
Los legisladores de la Comisión de Presupuesto que votaron a favor de la iniciativa basaron su criterio en un análisis elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, el cual concluyó que la reforma generaría un incremento de hasta 135 mil 558 millones de pesos en las utilidades de la Comisión Federal de Electricidad por venta de energía, aunque también advierte que al menos 28 empresas extranjeras “estarían en posición de interponer controversias internacionales o exigir indemnizaciones”.
Los cambios en la Ley de la Industria Eléctrica podrían traer un beneficio en el corto plazo, pero no va a representar en el largo plazo lo que se espera: ahorros, el rescate de la industria eléctrica nacional o la posibilidad de generar tarifas más bajas para los mexicanos
El especialista afirma que en adelante el Gobierno federal deberá invertir una gran cantidad de recursos públicos en nuevas plantas generadoras de electricidad, ya que de acuerdo al Plan de Negocios de CFE gran parte de su infraestructura está en el rezago.
Otro aspecto que podría resultar contradictorio por la medida es que el costo de generación de electricidad o mantenimiento se trasladaría a los consumidores directos -a través de ajustes en su tarifa- o en los subsidios del erario que deberán incluirse en el presupuesto de cada año para que la solvencia financiera de la Empresa Productiva del Estado no se vea afectada.
“Lo único que está haciendo la propuesta es desincentivar inversión y va a generar que se deba seguir invirtiendo en nuevas plantas a través de un esquema cuestionado (…) entonces otra vez aumentamos la discrecionalidad, mantenemos la dependencia a una empresa, no competimos, no mejoramos opciones para los consumidores y nada de eso está atendiendo la reforma”, agrega el experto.
Organismos nacionales e internacionales alertan un nuevo golpe a la confianza en la inversión por la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
Esta semana, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) publicó un análisis en el que expone que la intención del Gobierno federal y su partido es desalentar la inversión y, de manera indirecta, frenar el crecimiento económico.
“La inversión pública tiene claros objetivos políticos y está dirigida mayormente a proyectos cuya rentabilidad social es dudosa y opaca (cuando la ley de presupuesto manda que sea probada antes de dedicarle recursos públicos) mientras que la inversión privada ha sido desalentada de manera significativa”, puntualizó el CEESP.
Por su parte, la International Chamber of Commerce México (ICC) solicitó al Congreso rechazar la iniciativa preferente para reformar la LIE al considerar que la propuesta afectaría a la industria de energías limpias y la reputación del país frente a inversionistas privados.
“Además de afectar irreversiblemente los derechos humanos de los mexicanos relativos a la salud y a un ambiente sano y se contrapone a los principios de austeridad en el gasto del gobierno, porque tendrían que incrementarse los precios de la energía eléctrica al público o bien subsidiar con recursos públicos el consumo energético de la industria y los hogares mexicanos”, estableció la ICC.
Insisten en dar ventaja a CFE con Ley de la Industria Eléctrica
El 3 de febrero, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó varios puntos elementales de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), publicada por la Secretaría de Energía (Sener) en mayo de 2020.
El freno que determinó la Segunda Sala fue el seguimiento a la controversia constitucional tramitada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). El proyecto de resolución menciona que la política energética impulsada por Rocío Nahle, titular de la Sener, atentaba contra el derecho de libre competencia al dar una ventaja indebida en favor de la CFE.
Entre los aspectos invalidados se encuentra el 5.12 y sus derivados, el cual pretendía trasladar el control de proyectos estratégicos al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) para que decidiera de manera discrecional que podría lograr la interconexión al SEN o iniciar desarrollos energéticos renovables. Lo anterior fue interpretado como un bloqueo al sector de las energías limpias en el país.
Tras darse a conocer la decisión del Máximo Tribunal, Nahle García expresó en sus redes sociales que respetará la resolución, pero que de igual forma respeta la discusión y en su caso aprobación de la iniciativa preferente a la Ley de la Industria Eléctrica que se discute en el Congreso, cuyo proyecto tiene propósitos afines a su política referente al SEN.
