Monopolios en la mira

Para afinar lineamientos de la reforma en telecomunicaciones, ayer se reunieron a puerta cerrada los integrantes del Consejo Rector del Pacto por México.

Estuvieron en la reunión Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Videgaray, de Hacienda, Miguel Osorio, de Gobernación y Aurelio Nuño, jefe de la oficina de la presidencia de la República. 

Con ellos asistieron los dirigentes del PRI, César Camacho, del PAN Gustavo Madero, y del PRD, Jesús Zambrano. Además asistieron diputados de los tres partidos como Héctor Gutiérrez de la Garza, del PRI, Santiago Creel del PAN, y Jesús Ortega del PRD, entre muchos más.  

El tema, sin duda, fueron los monopolios, que hasta ahora el poder público ha sido incapaz de someter. Son grandes y poderosos. 

Están en los medios de comunicación, en la telefonía, en la proveeduría de internet, en la Banca, en la industria del cemento, en la energética, y en la minería, entre otras. 

Imponen los precios de sus productos. Erosionan el poder adquisitivo de la gente. 

Impiden la competencia. Acumulan enormes ganancias para sus dueños. 

Provocan la desigualdad y hacen que los pobres sean cada día más pobres. 

Son los monopolios. Un dinosaurio económico que debiera estar ya en proceso de extinción, pero que en México ha estado en regeneración. 

Y aunque los monopolios formalmente aparezcan como duopolios u oligopolios, en los hechos actúan como si fueran uno, para mantener todos y cada uno de sus privilegios. 

El privilegio de no tener competencia. 

El privilegio para imponer condiciones y precios. 

El privilegio para ganar injustamente muchísimo dinero a costa de los demás. 

Y hasta el privilegio para decidir quién es el que ha de gobernar. Cuando Vicente Fox ganó la presidencia en el año 2000, se suponía que el fin de los monopolios podría estar cerca. Pero cuando terminó “el gobierno del cambio”, en realidad no cambió nada. 

Los mexicanos pagábamos “por el cemento gris 223 por ciento más que los estadounidenses; 260 por ciento más por Internet Banda Ancha; 312 por ciento más por teléfono celular; 65 por ciento más por teléfono fijo; 230 por ciento más por llamadas de larga distancia nacional; 116 por ciento más por electricidad residencial de alto consumo; 131 por ciento más por electricidad comercial; 36 por ciento más por electricidad de alta tensión; 5 por ciento más por la gasolina Magna; 18 por ciento más por la gasolina Premium; 178 por ciento más por la tarjeta Banamex clásica; 115 por ciento más por tarjeta Bancomer Visa; 116 por ciento más por Cablevisión básico; 150 por ciento más por crédito a la vivienda; y 3 mil 600 por ciento más por comisiones bancarias a compras con tarjeta en almacenes”, según lo denunció públicamente el 21 de noviembre de 2006 Andrés Manuel López Obrador.

Un duopolio en la televisión
Por Armando Estrop

No hay monopolio más evidente y criticado en México que la televisión. Estandarte de poder fáctico es la empresa Televisa y en la última década se le ha unido la que fuera su competencia, Televisión Azteca. Hoy, juntas desafían a las autoridades.

Se les ha dicho de todo y desde todas las trincheras. 

Pero los misiles de crítica no han hecho ni tantita mella en las dos empresas que controlan a su antojo los contenidos en programas de televisión.

Una de las principales críticas fue la estrecha relación con el actual Presidente Enrique Peña Nieto, cuando era candidato del PRI a la Presidencia de la República.

Sin embargo, una vez en el poder, el Presidente ha dado adelantos de que en materia de telecomunicaciones,  fomentará la competencia.  

Para lograrlo tendría que meter en orden a las dos empresas que han monopolizado el sector de la televisión desde su programación y noticieros.

En 2006 lograron una ley a su antojo. La conocida como Ley Televisa. 

Esta reforma a la Ley de Radio y Televisión, que fue votada en siete minutos en la Cámara de Diputados, les trajo grandes beneficios y también grandes opositores.

En esa Ley las concesiones se dieron por plazos de hasta 20 años,  lo que significa casi el triple del tiempo por el que se otorgan a nivel internacional. Además, la remuneración económica que se establece es poca y de gran beneficio para los empresarios.

A pesar de este y otros contenidos polémicos la Suprema Corte de Justicia se pronunciaría porque algunos artículos de esa Ley eran anticonstitucionales y concentraban los servicios de radio y telecomunicaciones en los ya criticados permisionarios de Televisa y TV Azteca.

Uno de los principales opositores a esta Ley fue el actual Senador panista Javier Corral, quien se ganó el ser ignorado en todas sus acciones en este y otros temas por los noticieros de ambas empresas.

Al también panista Santiago Creel, uno de los senadores que públicamente denunciaron presión para la aprobación de la Ley Televisa, le cobraron la factura.

En julio del 2008 se dio a conocer que en el noticiero Primero Noticias borraron su imagen al dar una nota de un debate sobre la reforma energética. Para la empresa de Emilio Azcárraga Jean un enemigo como Creel no merecía aparecer en los televisores de los mexicanos.

La acción de Televisa provocó controversia entre los legisladores, pero la mayoría actuó con mesura. No hay enemigo pequeño y menos si es propietario de un canal de televisión, pareció la consigna.

Fue sin duda una de las más singulares muestras de poder de una televisora que dio como argumento oficial que todo se debía a un simple error de edición. A televisa le costó una multa por parte de la Secretaría de Gobernación y millones de críticas. Televisa en lugar de pagar la multa, prefirió resolverlo por la vía judicial.

Otra señal de fuerza, pero por parte de Televisión Azteca, la dio su propietario Ricardo Salinas Pliego a finales de abril del año pasado, durante la contienda electoral para elegir al presidente de la República.

Desde su cuenta de Twitter desafió a las autoridades electorales invitando a los televidentes a que en lugar de ver el debate entre los candidatos presidenciales,  vieran un partido de futbol del equipo Monarcas, que es de su propiedad.

No sólo han desafiado a las autoridades mexicanas, desde hace dos legislaturas ambas televisoras tienen una camarilla de legisladores a su servicio, principalmente en la Cámara de Diputados. 

Se les llama la “telebancada”  y representan los intereses de ambas televisoras con iniciativas de reforma y puntos de acuerdo. La mayoría son exempleados de las televisoras o tienen relaciones familiares con los altos directivos y propietarios.

En la Cámara baja se espera que hoy se presente públicamente la reforma en materia de telecomunicaciones que fue anunciada por Enrique Peña Nieto en su toma de posesión.

Ayer el Presidente dio un adelanto -durante el evento en el que se celebraron sus 100 días en el cargo- de lo que podría ser esta reforma.

“El gobierno de la República reitera el compromiso de fomentar la competencia económica y acelerar el desarrollo tecnológico del país, en especial, en el estratégico sector de las telecomunicaciones. Para ello se ha venido trabajando en los acuerdos y consensos necesarios para integrar e impulsar reformas estructurales en esta materia”, advirtió ayer Peña Nieto.

En distintos foros se ha adelantado que el proyecto que se presentará hoy, irá directo contra los monopolios. Además de que creará un instituto especializado en materia de telecomunicaciones que hará de juez en la materia, con mayores facultades que la actual Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

Dependiendo de su contenido serán los integrantes de la “telebancada” quienes darán la batalla por los intereses de ambas televisoras. 

¿O habrá un repliegue por ser un proyecto del presidente de la República?

Lo que se avecina
Por Georgina Howard

Ayer la SCT confirmó que se abrirá la licitación para dos cadenas de televisión nacional. Se reunió el Consejo Rector  del Pacto por México para afinar la reforma en telecomunicaciones que hoy se presenta 

El proyecto preliminar del Pacto por México para reformar las telecomunicaciones tiene en la mira a los monopolios.

La propuesta prevé la desincorporación de activos, derechos y partes de firmas que concentren más del 50 por ciento de la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.

Según trascendió en medios periodísticos, se establece además la posibilidad de revocar concesiones a quienes se opongan a cumplir resoluciones enfocadas a revertir prácticas monopólicas.

La iniciativa, que podría tener modificaciones de última hora, propone la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), una entidad con capacidad para regular y reordenar el sector.

El proyecto plantea retirarle al presidente del país la facultad de dar las concesiones en radiodifusión y telecomunicaciones. Esa atribución le correspondería al nuevo instituto, que reemplazaría a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

El Ifetel señalaría como agente económico preponderante al que posea una participación de más del 50 por ciento en la prestación de los servicios de radiodifusión o de telecomunicaciones, ya sea por número de usuarios, tráfico en sus redes, o la capacidad utilizada de las mismas.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones sería una entidad autónoma compuesta por siete comisionados (incluido su presidente), quienes serían designados en forma escalonada a propuesta del Ejecutivo, pero con la ratificación del Senado.

El método de elección, tanto para el Ifetel como para la Comisión Federal de Competencia (CFC), pretende evitar el reparto de cuotas entre partidos o cercanía con compañías que deberán regular, abunda Reforma.

Para ello propone la creación de un comité de evaluación integrado por el Banco de México (Banxico), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Esa representación deberá enviar sus listas de propuestas 45 días después de la entrada en vigor de la reforma constitucional.

El fortalecimiento de la CFC 

El documento propone que este organismo tenga facultad para ordenar medidas que eliminen barreras a la competencia y a la libre concurrencia.

También se prevé que pueda regular el acceso a insumos esenciales y ordenar la desincorporación de activos, derechos o acciones de los agentes económicos para eliminar efectos anticompetitivos, señala Reforma.

Más equilibrio en televisión 

La iniciativa del Pacto por México conserva la propuesta de licitar dos nuevas cadenas de televisión abierta a nivel nacional, y obliga a las televisoras a devolver al Estado los canales que resulten de la transición digital.

El consejo rector del Pacto por México tiene programada una reunión la noche de este domingo para aprobar la versión final de la iniciativa, a fin de que sea presentada el lunes por el presidente.

La radio, en la mira

Hoy 13 grupos empresariales controlan 86 por ciento de las estaciones de radio en el país.

Las principales cadenas radiofónicas (21, en donde se incluye al IMER) controlan 11 mil 528 estaciones de radio, el 46 por ciento de la infraestructura concesionada y permisionada de radio y televisión en operación. 

Del total de estaciones, 621 (54 por ciento) es operada por grupos independientes. 

Sin embargo, no son más de 10 los corporativos que dominan el cuadrante en cuanto a número de estaciones y participación en niveles de audiencia, lo que se traduce en millonarias pautas publicitarias.

El Grupo Radiorama de Trigio Javier Pérez de Anda participa con 8.7 por ciento de las 528 estaciones que operan cadenas radiofónicas.

El Grupo ACIR de Francisco Aguirre con 8.1 por ciento; Radiocima de Adrián Pereda Gómez con 4.2 por ciento; el Grupo Multimedios Estrellas de Oro con 3.5 por ciento.

MVS Radio de la familia Vargas con 3.0 por ciento; la Organización Radio Mil de la familia Fernández Quiñónez con 2.8.

Entre los grupos, cuya participación no llega a dos por ciento, se encuentran: 

Cadena Rasa con 1.8 por ciento de José Laris Rodríguez; Megaradio con 1.7 por ciento de José Luis Boone Menchaca.

Radiopolis del Grupo Televisa, en asociación con el grupo español Prisa con 1.5 por ciento.

Promosat de José Pérez Ramírez; Grupo Radio Alegría de Gonzalo Estrada Cruz con 1.0 por ciento.

Aunque el Grupo Radio Centro de la familia Aguirre tiene una participación de 0.9 por ciento en las estaciones que administran las cadenas radiofónicas, la participación de este corporativo llega a ocho millones de personas.