A la oposición inicial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra del Código Federal de Procedimientos Penales, se ha sumado el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
Por separado, ambas instituciones interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dos acciones de inconstitucionalidad en contra del Código promulgado el pasado 14 de marzo. El martes pasado, el alto tribunal las incorporó en un mismo expediente.
La CNDH busca que la Corte declare inconstitucional 13 artículos del nuevo código, específicamente referentes a la geolocalización sin orden judicial de celulares y equipos de cómputo.
Además de las atribuciones que se les otorga a policías de investigación y a medidas cautelares que pueden imponerse contra las personas que sean acusadas.
Por su parte, el IFAI solo impugna la inconstitucionalidad del artículo 303, el cual tiene que ver con la geolocalización de celulares, al considerar que viola la protección de los datos personales.
La Ley de Geolocalización
El año pasado. la Suprema Corte avaló la constitucionalidad de la “Ley de Geolocalización”
Esta faculta a la Procuraduría General de la República (PGR) y a las procuradurías locales a exigir a las compañías de telecomunicaciones la ubicación exacta de un teléfono celular.
Esto, supuestamente, se haría solo en estrictos casos de crímenes como secuestro, extorsión, narcotráfico y amenazas.
La ley, aprobada por el Congreso en 2012 cuando se reformaron el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal de Telecomunicaciones, generó controversia y confusión.
El debate sobre la seguridad y la privacidad permearon la opinión pública internacional.
La aprobación de esta ley despertó preocupaciones por parte de organizaciones no gubernamentales e instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien la declaró inconstitucional y la impugnó.
Fue así que el caso llegó al pleno de la SCJN.
Ahí, los ministros fueron claros al explicar que la PGR no está facultada para intervenir las llamadas o los mensajes de un teléfono celular si un juez no lo autoriza previamente.
Los ministros que votaron a favor argumentaron que la constitucionalidad de la ley se basa en la intrínseca necesidad que representa esta herramienta de investigación y de prevención delictiva.
Por su parte, quienes votaron en contra del dictamen consideraron que la ley es violatoria de los derechos humanos.
Se une el IFAI
El pasado 4 de abril, el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, promovió el recurso 10/2014 ante la SCJN, en el cual solicita la declaración de invalidez por invalidez de 13 artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, promulgado el 5 de marzo pasado.
La CNDH impugnó los artículos 132,147,148,153,155,242,249,251,266,268,303,355 y 434 de la ley.
Por su parte, el presidente de Instituto Federal de Acceso a la Información, Gerardo Laveaga, a través del director jurídico del instituto, Ricardo Salgado interpusieron un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte en contra del articulo 303 en especifico.
Es decir, ambas instituciones presentaron recursos por separado. Sin embargo, el ministro presidente Juan Silva Meza determinó que al representar un recurso que imputa al mismo artículo -303- el recurso CNDH/IFAI se consolida como único.