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Morelos, un caso aparte

Aunque Morelos tiene cuatro municipios que forman parte del Operativo Especial de Seguridad para Tierra Caliente, su caso se maneja aparte.

Y es que en el estado gobernado por Graco Ramírez se implementó hace años el Mando Único estatal, por lo que será este –y no las Fuerzas Federales- quienes estarán a cargo del nuevo plan de seguridad.

Durante la presentación del Operativo federal, Ramírez reiteró que Coatlán del Río, Puente de Ixtla, Tetecala y Amacuzac están bajo el control del Mando Único policial, por lo cual, las Fuerzas Federales únicamente estarán de apoyo.

2,000
elementos de las Fuerzas Federales fueron desplegados en los municipios de Tierra Caliente

Aunque Morelos tiene cuatro municipios que forman parte del Operativo Especial de Seguridad para Tierra Caliente, su caso se maneja aparte.

Y es que en el estado gobernado por Graco Ramírez se implementó hace años el Mando Único estatal, por lo que será este –y no las Fuerzas Federales- quienes estarán a cargo del nuevo plan de seguridad.

Durante la presentación del Operativo federal, Ramírez reiteró que Coatlán del Río, Puente de Ixtla, Tetecala y Amacuzac están bajo el control del Mando Único policial, por lo cual, las Fuerzas Federales únicamente estarán de apoyo.

“La diferencia es que en nuestra entidad, la responsabilidad de la seguridad está a cargo del Mando Único y no de las Fuerzas Federales, como ocurre en los 32 municipios de las entidades vecinas”, destacó.

El mandatario estatal presumió que su modelo sería replicado en otras entidades de la República, sin embargo, este grupo de élite –creado a principios de este año para combatir el crimen organizado– aún no cumplía seis meses cuando ya había batido récord de denuncias en la entidad.

En junio, la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos (CDHEM), aseguró que el Mando Único liderado por el Ejecutivo estatal, a través de la CES y su titular, Jesús Alberto Capella Ibarra, había reunido un total de 50 quejas en su contra por vejaciones y abusos de autoridad.

“Las denuncias o quejas son por abuso de autoridad, donde los ciudadanos refieren que fueron detenidos arbitrariamente, que les ‘sembraron’ droga o que los pusieron a disposición del Ministerio Público por la posesión de armas, que los quejosos argumentan no tener”, declaró a Milenio la secretaria ejecutiva del organismo, Fabiola Colín.

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La exigencia se dio durante las negociaciones de 2016 para iniciar con la Policía Metropolitana que quería Alfaro Ramírez y, por tanto, sus munícipes, sin embargo, el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) advertiría que ningún estudio avalaba el tamaño de la bolsa solicitada.

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