Morena ‘indaga’ caso LyFC

Dos diputadas de Morena acusaron que decenas de documentos referentes a la liquidación de Luz y Fuerza del Centro se mantienen como secreto de Estado
Indigo Staff Indigo Staff Publicado el
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La bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, busca revivir el proceso de extinción y liquidación de la compañía Luz y Fuerza del Centro (LyFC), realizado en 2009 por un decreto emitido por el entonces presidente, Felipe Calderón.

Las legisladoras federales Erika Vanessa Del Castillo Ibarra y Nelly Minerva Carrasco Godínez presentaron un exhorto para desclasificar todos los documentos relacionados con la liquidación de la compañía y del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), pues consideran que ha existido opacidad, falta de transparencia e irregularidades.

Por decreto el 10 de octubre del 2009 la Policía Federal ocupó las instalaciones de Luz y Fuerza

En un comunicado de prensa, Del Castillo señaló que en el proceso de liquidación se ocultó el pasivo laboral de 80 mil millones de pesos que pertenecía a los trabajadores electricistas y recordó que decenas de documentos se mantienen aún en secreto de Estado.

Por su parte, la diputada Carrasco Godínez, integrante la Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) criticó que todo lo relativo a Luz y Fuerza del Centro sea considerado tema estratégico, e incluso, de seguridad nacional.

“Sabemos que la finalidad (de la extinción) era distraer del verdadero motivo: la privatización del sector energético, a partir de ese evento, se viene en cascada la pérdida de la soberanía energética, así como el golpe brutal a los contratos colectivos de trabajo con la Reforma Laboral”, sostuvo la morenista.

Según la diputada, los documentos han sido clasificados con la intención de que el pueblo de México no se entere del del huachicoleo eléctrico que había en la zona centro del país.

El golpe a LyFC

La noche del 10 de octubre de 2009 la Policía Federal Preventiva ocupó las instalaciones de LyFC, luego de que se publicara un decreto presidencial que ordenaba su liquidación argumentado su ineficiencia operativa y financiera.

“Representa un costo tan elevado que ya no resultaba conveniente para la economía nacional”, señalaba el decreto.

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