Los integrantes del grupo parlamentario PT-MORENA en el Senado de la República presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la Ley de Seguridad Interior, anunció este domingo Miguel Barbosa Huerta.
El senador argumentó que la Ley de Seguridad Interior representa un riesgo para los derechos humanos, militariza al país, atenta contra la paz social y no resuelve el grave problema de inseguridad.
“No podemos resignarnos a que esta ley se aplique en nuestro país. Si al actual gobierno le quedara un poco de prudencia y responsabilidad, no promulgaría esta ley; pero como eso no ocurrirá, nos defenderemos con las propias armas que nos permite la Constitución: una acción de inconstitucionalidad, que estamos seguros contará con el apoyo mayoritario de la sociedad y los organismos defensores de derechos humanos”, afirmó el senador.
El exdirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) aseguró que dicha Ley violenta los Artículos 21 y 129 constitucionales, al entregar en forma expresa, permanente y concentrada las actividades de Seguridad Pública a las fuerzas militares, en tiempos de paz.
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La Ley de Seguridad Interior “significa la potencial escalada en la violación de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales que obligan a nuestro país, como impone su artículo primero”, dijo.
El senador poblano Huerta agregó que otro de los riesgos de esa legislación es la amenaza latente de disolución militar a la protesta social, incluso por motivos político-electorales, mediante acciones para identificar, prevenir, atender,
reducir y contener riesgos a la seguridad, bajo definiciones abiertas, ambiguas y discrecionales.
“La aprobación de la Ley de Seguridad Interior fue un grave error, un error histórico del actual gobierno, porque lejos de ofrecer una vía de solución al grave problema de la inseguridad y de violencia, profundiza la descomposición social”, sostuvo.
Dijo que las Fuerzas Armadas no deben asumir la función de la Seguridad Pública, porque su involucramiento en estas tareas altera significativamente la naturaleza de las instituciones básicas del Estado.
“Transformar este orden jurídico equivale a cambiar el eje en torno al cual gira el poder político; significa modificar su cimiento en la legitimidad social, para depositarlo en una valoración discrecional y subjetiva del orden y la disciplina”, señaló.
