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La Dirección General de Transporte Público del Gobierno de Jalisco, a cargo de uno de los servicios más importantes en el estado, quedó en manos de Amilcar López Zepeda, un funcionario que recibió señalamientos por presuntas corruptelas en su paso por el Ayuntamiento de León, Guanajuato, en el trienio 2012-2015.
López Zepeda fue el director de Movilidad de la exalcaldesa del PRI, María Bárbara Botello Santibáñez, en ese periodo municipal en León, y uno de los funcionarios de esa gestión indagados por la Procuraduría de Guanajuato en 2017 por supuestos actos de peculado y la contratación de empresas fantasma.
Esa dependencia informó en un comunicado el 18 de octubre de 2017 que con base en la averiguación previa 101/2015 había encontrado elementos para proceder en contra de la exalcaldesa y parte de su gabinete por actos de corrupción. Sin embargo, se requería el desafuero de aquella pues en ese momento se desempeñaba como diputada federal
“El pasado lunes 13 de octubre presentamos ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicitud de declaratoria de procedencia en contra de la expresidenta municipal de León, C. María Bárbara Botello Santibáñez, actual diputada federal, por la presunta comisión de hechos cometidos durante su gestión como alcaldesa durante la administración 2012-2015”, precisó la Procuraduría.
Esos hechos, detalló, son “consistentes esencialmente en contratar empresas denominadas Participación en Proyectos Gova; Asesoría Especializada Aspecto Aeesa; y Advise Experts Trilogy que no prestaron servicio alguno y que dispusieron indebidamente del patrimonio público, siendo de resaltar que inclusive se encuentra acreditada la existencia de ‘empresas fantasma’, redes de corrupción y la realización de actos orquestados para intentar dar apariencia de legalidad, aprovecharse y disponer ilícitamente de los recursos de la administración”.
Aquel día el procurador de ese estado, Carlos Zamarripa Aguirre, aseguró que entre los exfuncionarios que estarían involucrados en esas contrataciones de empresas fantasma, y contra los cuales ya se habían girado órdenes de aprehensión estaba el extesorero, Roberto Pesquera Vargas; y precisamente el exdirector de Movilidad y actual funcionario de Enrique Alfaro Ramírez en Jalisco, López Zepeda, según lo consignó la prensa guanajuatense.
El amparo
Hay registros judiciales que muestran que en agosto de 2017 el exdirector de Movilidad de León y hoy funcionario de Jalisco tuvo que tramitar el juicio de amparo 1150/2017-V ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Guanajuato “contra los actos que reclama de los jueces de Primera Instancia Penal Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo, y del Coordinador Regional A de la Policía Ministerial del Estado” para no ser aprehendido.
En dicho amparo el funcionario obtuvo la protección que buscaba, pues se determinó que “se concede a Amilcar Arnoldo López Zepeda la suspensión provisional solicitada. El efecto de dicha medida cautelar es que no se le prive de su libertad personal con motivo de la orden de aprehensión que reclama, hasta en tanto las responsables reciban notificación sobre la suspensión definitiva” tratándose de un delito no grave
Si se determinaba que era grave “la suspensión solo surtirá el efecto de que una vez aprehendido el promovente, quede a disposición de este Juzgado de Distrito por lo que hace a su libertad personal, en el lugar de su reclusión”.
Aquella pesquisa emprendida por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Guanajuato había surgido de la “denuncia presentada por la Contraloría Municipal por hechos delictuosos cometidos en agravio del Municipio de León, a la que posteriormente se acumuló la denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado (ASEG) (…) por los mismos hechos presuntamente constitutivos del delito de peculado”.
Área clave
La dependencia entregada a Amilcar López resultará clave durante los meses venideros en los que se pretende concretar la transformación del sistema de transporte público de Jalisco, para migrar del actual modelo camionero basado en concesiones individuales hacia las llamadas rutas-empresa.
Dicho proceso de renovación tendrá operaciones delicadas pues requerirá de adquisiciones multimillonarias para la obtención de nuevas unidades por parte de las futuras rutas-empresa, además de que la contratación definitiva del sistema de prepago que será implementado, y por el que correrá un gran flujo de dinero, sigue siendo un punto aún por resolverse.
En ese contexto el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, se deslindó de tener “negocios” en el transporte público el 25 de febrero pasado, durante la presentación del nuevo modelo de transporte Mi Movilidad.
“Yo no tengo negocios en el tema del transporte, ni me interesa tenerlos. No quiero que de este tema pueda surgir una ruta para hacer dinero, al contrario, lo que quiero es que vuelvan a ponerse las cosas en el lugar que corresponde, los transportistas tienen que encargarse de que por el trabajo que realizan puedan tener una utilidad y ojalá, estoy seguro de que si hacemos las cosas de manera correcta, les va a ir bien”, dijo
La cartera de la Secretaría de Transporte ya había sido de por sí objeto de críticas cuando el gobernador decidió entregársela a Diego Monraz Villaseñor, su actual titular y quien había fungido como funcionario del muy cuestionado gobierno del exmandatario panista Emilio González Márquez. En esa dependencia está ahora adscrito López Zepeda.
Uno de los programas estrella que impulsó López Zepeda en León como director de Movilidad, por cierto, fue Taxi Seguro, el cual fue hallado igualmente con observaciones por 8.6 millones de pesos por la ASEG, lo que fue consignado por el periódico Correo de esa entidad en una nota del 26 de abril de 2017 de los reporteros Catalina Reyes y Julio Ramos
