Movilidad represiva

El Gobierno del DF sigue en picada. Además de las críticas por el incremento a la tarifa del Metro, el cierre parcial de la Línea 12, las restricciones a los circos y el endurecimiento del programa “Hoy No Circula”, ahora es acusado de represor.

Y es que tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como su homóloga local (CDHDF) promovieron una acción de inconstitucionalidad en contra de la nueva Ley de Movilidad.

Se trata de una de las escasas iniciativas aprobadas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y presumidas por la administración de Miguel Ángel Mancera como una insignia de este gobierno.

De acuerdo con los ombudsperson, el nacional Raúl Plascencia Villanueva, y la del DF, Perla Gómez Gallardo, la norma en materia de movilidad restringe las libertades de los ciudadanos y es discriminatoria con las personas discapacitadas.

Rumbo al informe de Mancera

La acción de inconstitucionalidad identificada con el número 96/2014 ya fue aceptada para su análisis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y busca la derogación de seis artículos.

De esta forma, la administración capitalina enfrenta un nuevo problema que repercute en la percepción ciudadana, de cara al segundo Informe de Gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa.

A menos de un mes de su comparecencia ante el Pleno de la ALDF, el próximo 17 de septiembre, el jefe de Gobierno ya es cuestionado por organizaciones civiles que respaldan la acción de inconstitucionalidad.

Los artículos que se buscan invalidar están relacionados, principalmente, con los lineamientos que se deben seguir para realizar una marcha, protesta, desfile, caravana, peregrinación o cualquier otro acto de concentración humana.

Y en contra de la negativa a expedir licencias de conducir a las personas con algún tipo de discapacidad física o mental, pues consideran que hay discriminación a estos grupos vulnerables, sólo por su condición.

Mientras tanto, al interior del Gobierno de la Ciudad aún no hay claridad sobre la forma en que buscarán defender la legalidad de estos artículos, y así nulificar los negativos con los que Mancera inicia su tercer año de gestión.

Los artículos cuestionables

De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del DF, los artículos que deben ser invalidados son el 7, 9, 69, 213 y 214 de la Ley de Movilidad, mientras que para la CNDH el 2012 es el que no puede continuar vigente.

Estos dicen:

El 7 y 9 están relacionados con el ámbito de competencia. Y el 69 que indica que a ninguna persona se le reexpedirá un permiso o licencia para conducir cuando la Secretaría compruebe que el solicitante ha sido calificado de incapacitad mental o física que le impida conducir vehículos motorizados y no compruebe mediante certificado médico haberse rehabilitado. 

Entendiendo que en caso de discapacidad física, la movilidad en vehículos motorizados podría superarse con adaptaciones de diversa índole que permitan conducirles de forma segura y eficiente. La incapacidad mental sólo podrá avalarse por autoridad facultada para ello.

En el caso del artículo 213 se indica que para los desfiles, caravanas, manifestaciones, peregrinaciones o cualquier otro tipo de concentración humana de carácter político, religioso, deportivo, recreativo o social que se efectúen en la ciudad, podrán utilizar las vialidades, salvo las vías primarias de circulación continua, excepto para cruzar de una vía a otra, para conectarse entre vialidades o cuando sea la única ruta de acceso al punto de concentración, siempre y cuando sea de manera momentánea.

Y el 214 que señala: la Secretaría de Seguridad Pública tomará las medidas necesarias para evitar el bloqueo en vías primarias de circulación continua, apegándose a lo dispuesto por las normatividad aplicable. Los lineamientos referentes a este capítulo, se establecerán en el Reglamento correspondiente.

En tanto que la CNDH pide que se invalide el 2012 que dice: Seguridad Pública tendrá la obligación de brindar las facilidades necesarias para la manifestación pública, de los grupos o individuos que den aviso para la realización de desfiles, caravanas, manifestaciones, peregrinaciones o cualquier otro tipo de concentración humana de carácter político, religioso, deportivo, recreativo o social.

Cuya finalidad sea perfectamente lícita y que pueda perturbar el tránsito en las vialidades, la paz y tranquilidad de la población de la ciudad, es necesario que se dé aviso por escrito a Seguridad Pública, con por lo menos 48 horas de anticipación a la realización de la misma.

De acuerdo con los ombudsperson, estos artículos son discriminatorios y contradictorios a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es necesario que se invaliden.

Ambicioso, y lento, proyecto 

Desde mediados del año pasado, tanto el Partido Acción Nacional (PAN) como el de la Revolución Democrática (PRD) habían impulsado esta propuesta.

En resumen, la intención era regular las marchas, que en particular afectaron al Distrito Federal a lo largo del año pasado, y dar prioridad al peatón y el uso de la bicicleta.

La legislación también modificó la nomenclatura de la Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi), dependencia que ahora se llamará Secretaría de Movilidad, implicando cambios en el movimiento de los ciudadanos, el transporte público y vehículos particulares.  

Tras un jaloneo entre los grupos de poder, la ALDF la aprobó y el GDF la promulgó. 

Esta casa editorial publicó en su edición del 5 de mayo pasado que con esta nueva ley las autoridades dibujaron una ciudad perfecta en materia de transporte; sin embargo, se trata de un proyecto difícil de aterrizar.

Y es que con la nueva normatividad pretenden desaparecer los más de 20 mil microbuses que circulan en pésimas condiciones por toda la ciudad, y dar paso a una nueva modalidad del transporte.

Pero la desaparición de los microbuses es un proyecto que se ha tratado de implementar desde la administración de Marcelo Ebrard y aún no se ha podido consolidar; su avance es lento.

Ahora, la ley enfrenta otro problema que la debilitará en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dé la razón a la CDHDF y a la CNDH. Y eso se sabrá en menos de un mes.