La nueva Ley de movilidad en discusión en el Congreso local tendría que tomar en cuenta al Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable de la Zona Metropolitana de Monterrey (PIMUS-ZMM), que contrató el Fideicomiso de Proyectos Estratégicos (Fideproes), el 21 de mayo de 2019.
Reporte Índigo publicó en la edición de este miércoles que la propuesta de la empresa Transconsult fue elegida por ser la más baja, y que el Programa PIMUS fue solicitado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, a cargo de Manuel Vital.
Pero los diputados, principalmente de las Comisiones Unidas de Transporte, Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano que presiden la morenista Julia Espinosa de los Monteros, la emecista Mariela Saldívar y el panista Jesús Nava, respectivamente, no pueden esperar hasta noviembre de 2020, cuando el programa esté concluido.
Los legisladores pretenden establecer un Periodo Extraordinario de Sesiones para su votación o, en el mejor de los casos, esperar a que en septiembre reanuden el Primer Periodo del segundo año legislativo, y así dictaminar la Ley, sin saber el contenido del diagnóstico.
Con una reforma a la Ley de Hacienda, el Congreso aprobó el pasado 26 de diciembre un aumento en los impuestos vehiculares para 2019, propuesto por el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón. Con la recaudación, cerca de 200 millones de pesos serían destinados para estudios de contaminación y movilidad.
El PIMUS, en cambio, compromete un presupuesto de 56 millones 782 mil pesos de los ejercicios fiscales 2019 y 2020. Se trata de recursos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, autorizados por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.
Antonio Hernández, integrante de la organización Pueblo Bicicletero, consideró que existe un desfase entre la planeación del Congreso y la planificación que está realizado el Gobierno estatal, la cual pone en riesgo la movilidad.
La Ley de Movilidad debe reflejar el contenido del PIMUS con base en el diagnóstico, o sea el PIMUS arroja la problemática de movilidad, entonces la Ley debe de responder. Apenas el Gobierno está integrando la política pública de movilidad y se llama PIMUS, entonces, porque no sabemos su contenido, es un riesgo si se hace la Ley primero
El Congreso local sólo tiene un análisis sobre el contenido de cuatro iniciativas, realizado por el Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo (ITDP por sus siglas en inglés).
Éste arrojó que las propuestas del Gobierno de Nuevo León, la de la sociedad civil y la de las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN) y de Morena no coinciden y que tendrían que complementarse para la promulgación de la nueva ley.
Oídos sordos a ciudadanos y PIMUS
El Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable de la Zona Metropolitana de Monterrey no será tomado en cuenta para la nueva Ley de Movilidad debido a que estará terminado hasta noviembre de 2020.
Esto compromete la inversión de más de 56 millones de pesos a la decisión del gobierno sucesor de aplicar el plan o no.
Pero los diputados tampoco están considerando una encuesta publicada en la página de internet del Poder Legislativo el pasado 12 de octubre de 2017.
Fueron tres preguntas. La primera ¿qué modalidad de transportes usas?, la segunda ¿estás de acuerdo que los taxis privados solicitados por plataformas electrónicas en la Ley se regulen? y la última ¿estás de acuerdo que se elimine el cobro en efectivo?
Los ciudadanos prefieren utilizar las plataformas tecnológicas en lugar de transportarse en un taxi convencional, quieren que sean reguladas y que su pago no sólo sea por tarjeta de crédito o debito, sino en efectivo. La consulta ciudadana fue realizada porque en el Congreso existen dos iniciativas, una de la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable y la otra del Sistema de Transporte Privado de Pasajeros Vía Internet.
Esta encuesta está incluida en el dictamen de Ley de Movilidad que circuló a los diputados de las Comisiones Unidas la diputada de Morena, Julia Espinosa.
La encuesta revela que los ciudadanos prefieren utilizar las plataformas tecnológicas, quieren que sean reguladas y también se pague en efectivo
Esto, a raíz de que la diputada morenista y presidenta de la Comisión del Transporte trabaja, por su cuenta, un proyecto con ideales muy distintos a los que proponen sus otros dos compañeros del Poder Legislativo.
Julia Espinosa de los Monteros tomó como base la iniciativa que presentó la bancada de Morena y elaboraró un anteproyecto en un proceso cerrado. Mientras que la Comisión de Desarrollo Metropolitano, cuyo presidente es el diputado del PAN, Jesús Nava, y la Comisión de Desarrollo Urbano, a cargo de la legisladora de Movimiento Ciudadano, Mariela Saldívar Villalobos, emprenden un frente para consolidar una iniciativa distinta.
