La clase empresarial del país ha lanzado una propuesta que busca atacar la corrupción: condenar a muerte civil a los servidores públicos corruptos.
La muerte civil consiste en un castigo en el que una persona no puede volver a ocupar un cargo público en toda su vida.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la Ciudad de México ha lanzado esta propuesta en un momento en que está por demostrarse si fueron hechos de corrupción los que pudieron haber causado muertes en los sismos de septiembre.
Con terremoto y sin terremoto, la corrupción no solo cuesta miles de millones de pesos al país, sino también cobra vidas, sea por obras mal hechas, permisos comprados o servicios otorgados con ineficiencia.
Según estimaciones del INEGI, la corrupción cuesta al país alrededor de 1.6 mil millones de pesos cada año.
Otros cálculos son menos conservadores. La organización Transparencia Internacional calcula que México pierde 347 mil millones de pesos por la corrupción.
No es un fenómeno que afecta solo a los empresarios que hacen tratos con el Gobierno o que son obligados a pagar más por realizar un trámite; pega también a los más pobres, que gastan el 14 por ciento de sus ingresos en actos de corrupción.
“El corrupto afronta la vergüenza temporal (...) la pena no pasará del desprestigio público que remediará, posteriormente, con el dinero obtenido de forma ilegal y un electorado comprado o el compadrazgo”
Castigar a los corruptos
Para nadie es un secreto que uno de los principales problemas que enfrenta el país es la corrupción.
De acuerdo con mediciones del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), las empresas pierden el 5 por ciento de las ventas anuales, la inversión es menor en países con altos índices de corrupción y golpea a la credibilidad del sistema político mexicano.
Para combatir la corrupción, desde el 2015 la sociedad civil comenzó a impulsar la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, un mecanismo que engarza a instituciones y ciudadanía para golpear a las redes de corrupción que operan en México.
Junto a la creación del Sistema fueron modificadas las leyes para imponer penas más severas a quienes cometan delitos de corrupción.
En la Ley General de Responsabilidades Administrativas quedó establecido que algunas conductas son merecedoras de una inhabilitación temporal o hasta de prisión para los funcionarios, como en el caso de cobrar un moche o desviar recursos públicos. La pena máxima por inhabilitación es de 20 años.
En esa ley también quedaron establecidas sanciones para los particulares que incurran en actos de corrupción, que pueden ir desde multas hasta la disolución de las sociedades en el caso de faltas graves.
En el caso de los servidores públicos, sin embargo, los empresarios quieren que el castigo sea tal que la falta por sí desincentive querer cometerla.
La Coparmex ha propuesto la Ley de Muerte Civil, una legislación que inhabilite de por vida a un funcionario que cometa actos de corrupción, de manera que no pueda postularse ni a cargos de elección popular para evitar que consiga fuero o pasar a otro puesto en la administración pública.
“En la actualidad, el corrupto afronta la vergüenza temporal y hasta se ríe en público de sus captores y sus detractores porque sabe que la pena no pasará del desprestigio público que remediará, posteriormente, con el dinero obtenido de forma ilegal y un electorado comprado o el compadrazgo”, ha dicho Jesús Padilla Zenteno, presidente de la Coparmex en la Ciudad de México.
La Coparmex ha sido el órgano empresarial más crítico con la Administración federal y la actuación del Legislativo en la tardanza para armar un Sistema Nacional Anticorrupción verdaderamente funcional.
Costo de la corrupción
Además de cobrar vidas, la deshonestidad cuesta miles de millones de pesos
1.6
347,000
Otras propuestas
“El corrupto se convierte en un astuto, en un hábil, en alguien capaz de volar el sistema y hacer lo que le venga su voluntad”
La idea de establecer la muerte civil en la legislación mexicana ya ha sido propuesta por otros actores políticos que ven en la corrupción uno de los más graves problemas del país.
En noviembre del 2016, Zoe Robledo, entonces senador del PRD –hoy del PT-, propuso una legislación similar en la que se suspenderían los derechos políticos de personas corruptas que reincidieran en esos delitos.
“Somos muy intolerantes con la corrupción, pero somos muy flexibles con el corrupto. Con el tiempo olvidamos si el corrupto se convierte en un astuto, en un hábil, en alguien capaz de volar el sistema y hacer lo que le venga su voluntad.
“Es común que el político que acaba en desgracia al cabo de un poco de tiempo regresa a la vida pública, y la sanción fue solamente en los medios o la sanción fue solamente de carácter administrativo (…) Nuevo gobierno, nuevos gobernantes, nuevos tiempos y ahí sigue la corrupción y ahí sigue el corrupto”, denunció Robledo.
Otra propuesta, pero más audaz, es la de Carlos Mimenza, un empresario de Quintana Roo que registró ante el INE su intención de ser candidato independiente a la Presidencia de la República, quien piensa que la muerte no solo debe ser civil, sino física.
Al castigar con la pena de muerte a los corruptos –y a los sacerdotes pederastas-, quienes piensen hacer un mal lo pensará dos veces, sostiene Mimenza.
“Que sepan los servidores públicos que si roban al pueblo, lo pagarán con su vida”, ha dicho el empresario en sus redes sociales.
La figura de la muerte civil ya se aplica en otros países que, al igual que México, tienen altos índices de corrupción en su vida pública.
En Perú, la figura de la muerte civil comenzó a operar hace un año; con esa disposición, los condenados por actos de corrupción graves no volverán a trabajar en el Estado.
“La solución de fondo es terminar con la corrupción en México. Que sepan los servidores públicos que si roban al pueblo, lo pagarán con su vida”