Su trabajo es de alto riesgo, pero la fe por encontrar a sus familiares desaparecidos lo es más.
Apenas habían pasado unas horas del asesinato de su compañera Aranza Ramos cuando Patricia Flores Armenta recibió una amenaza de muerte a través de un mensaje de Facebook. La tercera en menos de dos meses.
“A las 24 horas me hacen el llamado y me dicen que me cuide, porque sigo yo y la orden ya la ha dado el jefe. Yo les digo que por qué, si no les debemos nada, al contrario, nos deben y no les tenemos miedo.
“Los respetamos porque sabemos la magnitud de lo que son capaces de lograr, pero cuál es el problema con nosotros, de quién nos tenemos que cuidar, del Estado o del crimen organizado, y me dicen: de los dos”, narra.
Las mujeres buscadoras de restos humanos realizan una labor que le corresponde a las autoridades estatales y federales
Como miles de mujeres en México que se han unido para encontrar a sus familiares desaparecidos, Patricia trabaja cada día como “buscadora” para hallar a dos de sus hijos en Sonora, estado del norte del país.
En los últimos dos meses ha recibido tres amenazas de muerte. Tras la primera fue a la Fiscalía estatal a interponer una denuncia, pero afirma que no le hicieron caso. La tercera ocurrió después del asesinato de Aranza y tampoco registra avances.
Actualmente Patricia está resguardada las 24 horas del día, pero por parte del Gobierno federal, que sí atendió sus denuncias. Ella sigue realizando trabajo de campo, pero ya mantiene medidas más estrictas para protegerse.
De acuerdo con el primer reporte semestral de este año de “Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas”, de la Secretaría de Gobernación, en México se mantiene la búsqueda de 89 mil 488 personas desaparecidas o no localizadas en todo el país desde 1964 hasta este 2021.
La crisis en materia de desaparición que hay en México ha obligado a miles de mujeres en todo el país a realizar un trabajo que no les corresponde a ellas, sino a las autoridades.
Ellas deben realizar su búsqueda en territorios dominados por grupos del crimen organizado, enfrentarse al desdén institucional, cuidarse de la pandemia de COVID-19 y, ahora, de las amenazas que ponen su vida en riesgo.
“Vivimos temerosas, vivimos con mucho temor, nos sentimos muy expuestas, muy vulnerables, con miedo, ahora más con lo de Aranza, pues sí tenemos miedo de verdad, antes decíamos ‘no, pues lo que pase, pues ya estamos aquí’.
“Pero ahora sabemos que en verdad está pasando esto, que es una realidad que estamos viviendo y no queremos que le pase a nadie más, pero vamos a tratar de cuidarnos y más que nada exigir a las autoridades del estado que cumplan, que si no pueden buscar ellas a nuestros desaparecidos que mínimo nos den la seguridad para que nosotras lo podamos seguir haciendo”, dice.
La búsqueda de los desaparecidos
El 4 de mayo de 2019, Patricia empezó a buscar a su hijo Marco Antonio Sauceda Rocha, de 32 años, quien desapareció en Bahía de Kino, Sonora. Así fundó Madres Buscadoras de Sonora, actualmente conformado por más de 900 integrantes.
En sus poco más de dos años, han encontrado alrededor de 500 cuerpos en fosas clandestinas y más de 300 personas con vida que ya han sido entregadas a sus familias en diferentes partes del país, menciona.
A finales del año pasado, el grupo comenzó a documentar también la aparición de “hornos clandestinos”, es decir, fosas con tapas de metal para que los restos humanos se calcinen y no sean identificados. Una revelación que, piensa, está relacionada con la muerte de Aranza y con las amenazas
En diciembre de 2020, Aranza Ramos, de 28 años, se unió al colectivo para buscar a su esposo Brayan Omar Celaya. Sin embargo, el pasado jueves fue asesinada por un grupo armado. Dos días antes, ella le hizo una llamada telefónica a Patricia, donde le dijo que si la desaparecían no quería ser olvidada, y le pidió que la buscaran.
“Cuando me hizo la llamada de hecho yo le dije: te están amenazando y me dijo: ‘me siento insegura, me siento acosada, siento como que pasan carros diferentes por mi casa y tengo miedo. Y por eso le estoy diciendo que si a mí me llegaran a desaparecer que no me deje desaparecida, que me busque. Yo no quiero ser una estadística más, yo quiero ser una persona que está siendo buscada’”, relata Patricia al rememorar la conversación.
La muerte de Aranza estremeció al colectivo porque es la primera vez que viven una situación así, pero no va a detener las búsquedas que realizan, asegura la fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora.
“Ayer tuvimos una búsqueda positiva en Nogales, un llamado anónimo y no podemos dejar de buscar porque mis hijos tienen que seguir siendo buscados, se los he prometido, que los buscaré hasta el último día de mi vida, no me importa lo que tenga que caminar, lo que tenga que pasar. Yo necesito traerlos de nuevo a casa, aunque sea en un puño de huesos.
El caso Solecito
Las madres buscadoras están en todo México y cada una de ellas se enfrenta a retos distintos.
“Hemos tenido amenazas y no solamente del crimen organizado. En lo personal, a mí me amenazó el gobernador anterior (Javier Duarte), pero ya no está él”.
Así lo relata Lucy Díaz, coordinadora del Colectivo Solecito en el estado de Veracruz, entidad al sur del país donde se han encontrado 154 fosas clandestinas en poco más de dos años.
Actualmente, el grupo trabaja en El Arbolillo de Alvarado, lugar donde durante la pandemia se han encontrado 44 cuerpos. Una cifra mínima porque en los dos años previos se recuperaron más de 250 ahí.
Lucy cuenta que la contingencia sanitaria paralizó por casi un año sus actividades de búsqueda y redujo al mínimo al equipo cuando los trabajos fueron retomados de manera oficial, en febrero pasado.
“Tuviéramos más capacidad si fuéramos más, pero no podemos y no queremos arriesgar a nadie tampoco”, señala.
La activista pide garantías al Estado para su protección y que ellas sigan haciendo una labor que no les corresponde, pero que se han visto obligadas a realizar.
“Creo que no debería de haber madres buscadoras, creo que debería haber más autoridades competentes. A lo mejor más autoridades, pero sí competentes, que hicieran su trabajo”
“El gobierno debería garantizar la integridad de las personas que estamos buscando”, asegura.
