El grupo de 31 víctimas que sufrieron agresiones por parte de la autoridad durante operativos policiacos en San Salvador Atenco, Estado de México, en mayo de 2006, se encuentran en la Corte contra la tortura sexual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), relatando su testimonio de lo ocurrido.
Las audiencias públicas se realizarán el jueves 16 y el viernes 17 de noviembre en la sede de la CIDH en San José, Costa Rica, en el 120 Periodo de Sesiones.
El 3 y 4 de mayo de 2006, al menos 31 de las mujeres detenidas denunciaron agresiones sexuales por parte de las fuerzas de seguridad al momento de su detención, traslado y después de llegar a un penal.
El grupo de féminas fueron sometidas a procesos penales por ultrajes a la autoridad, portación de armas, ataques a las vías de comunicación, y secuestro equiparado. Mientras que sus señalamientos en contra de la autoridad por agresiones sexuales, han estado caracterizados por la impunidad.
Representadas por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), 11 mujeres que solicitaron la intervención de la CIDH desde el 2008, fueron recibidas el día de hoy por la Comisión más importante en materia de Derechos Humanos del continente.
Las mujeres denunciantes son: Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.
La CIDH ya se había pronunciado a favor de las denunciantes. En octubre de 2015 aprobó el Informe de Fondo 74/2015, en el que resolvió que las peticionarias habían sido víctimas de tortura física, psicológica y sexual; así como de detención ilegal, falta de acceso a la justicia y otras violaciones a Derechos Humanos, de acuerdo con información del Centro Prodh.
Nueve meses después de la resolución, la CIDH determinó que el Estado ignoró sus peticiones de reparación del daño, investigar de manera efectiva el caso y sancionar a los responsables, dentro de un plazo razonable.
Debido a las omisiones del Estado, la CIDH realizará las audiencias, con el propósito de emitir una sentencia para el 2018.
SE REANUDA LA SESIÓN
El experto en temas de seguridad ciudadana, Ernesto López Portillo, citado como un declarante a título informativo, al respecto del operativo ocurrido en 2006, dijo que “no hay aún en México instrumentos de uso de la fuerza con perspectiva de género”.
“La creación de leyes no alcanza para controlar el uso de la fuerza policial”, detalló López Portillo, quien ahondó en el tema de que existe una línea muy delgada en la determinación del uso de la fuerza en la actuación policiaca.
Por su parte, Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería mexicana, dijo que el Estado mexicano tiene la firme determinación de proceder a la reparación integral de los daños de las mujeres víctimas de los operativos policiacos en San Salvador Atenco.
