Además de la falta de oportunidades, las mujeres con discapacidad padecen de violencia y discriminación.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017, el 24 por ciento de las mujeres con discapacidad han sido discriminadas y enfrentan 10 veces más violencia de género.
El 24.5 por ciento de los encuestados respondió que las personas con discapacidad son de poca ayuda en el trabajo y el ejercicio reveló que el sector percibe un 34 por ciento de sueldo menos.
Además, datos de la ONU revelan que una de cada tres mujeres con discapacidad en el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual, en algunos países la proporción aumenta a 7 de cada 10.
El organismo también señaló que tres de cada 10 mujeres con discapacidad de 18 años o más no tienen libertad para decidir si pueden salir o no de su casa.
En la Ciudad de México, la CIDIP 2020 reveló que el 72 por ciento de las mujeres en esta condición han vivido violencia de género, solo el 39 por ciento conoce las instituciones que las protegen y únicamente el 11 por ciento acudió a alguno de estos lugares de atención.
El 13 de diciembre de 2006, impulsado por México y Francisco Rincón Gallardo, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó el texto de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Bajo el lema “nada de nosotras y nosotros sin nosotras ni nosotros” se sentaron las bases legales en el mundo para proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. En México, lo pactado en la Convención alcanzó rango constitucional.
“Ya tenemos leyes al respecto, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad marcó un parteaguas, fue como una brújula con la cual apuntar. Todavía no se logra (la protección de los derechos de las personas con discapacidad), pero ya es ley”, comenta la periodista Katia D’Artigues.
La especialista además señala que muchas de las reformas a favor de las personas con discapacidad quedan en letra muerta o en la “ficción legal”.
“Muchas cosas se quedan en la ficción legal, yo misma he cabildeado cinco reformas constitucionales que se ven muy bonitas en el papel, pero no se cumplen, como la misma reforma en telecomunicaciones que mandata que todos los medios de comunicación de televisión tengan lenguaje en señas en al menos uno de sus noticiarios más importantes y no se cumple. Entonces las personas con discapacidad auditiva no se pueden informar”
Una de las razones por las que no se cumplen las leyes, además de la falta de voluntad política, es por la falta de organismos que vigilen.
“Lo que se necesitaría y no se ha hecho en todo el sexenio sería impulsar instituciones que vean que esto se cumpla, para eso se creó el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión (CONADIS), pero en esta administración no se nombró a ningún titular y se desmanteló.
“También hemos pedido que se pase (el tema de las personas con discapacidad) a la Secretaría de Gobernación para que quede bajo la tutela de Derechos Humanos y no ha sido así porque se quiere que el tema de discapacidad esté bajo Bienestar y solo sea entregar dinero y becas cuando lo que necesitan son acciones de gobierno”, agrega.
Finalmente, Katia comenta que otros de los pasos que se deben de realizar para combatir el incumplimiento de la ley es sancionar a quienes la violen.
“Ahí está la PROFECO, sin embargo hay muchas empresas que no cumplen ni siquiera con brindar toda la información necesaria para todas las personas con discapacidad. Hemos recibido varias quejas de que los bancos para ciertos trámites solo los realizan por teléfono y ¿qué pasa con las personas con discapacidad auditiva?”, concluye.
