Para organizaciones civiles, detener y atender las agresiones que viven las mujeres en México no es prioridad en la agenda política del Gobierno federal.
Una de las acciones que demuestra esta indiferencia, es que tras el incremento de agresiones en contra de mujeres durante la actual emergencia sanitaria por el Covid-19, no hay certeza presupuestaria para programas que ayuden a las víctimas a tener una vida libre de violencia.
En conferencia de prensa, Amnistía Internacional, la Red Nacional de Refugios, Equis Justicia para las Mujeres y Casas de la Mujer Indígena o Afroamericana, denunciaron que la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, no garantizó recursos públicos para programas sociales orientados a la atención y prevención de la violencia de género, en un encuentro virtual que mantuvieron con la secretaría de Estado el viernes 22 de mayo.
De acuerdo con las organizaciones, la reunión se llevó a cabo luego de haber enviado una carta abierta dirigida a la funcionaria y al presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 6 de mayo en la cual pidieron que “ante este panorama de considerable aumento de las violencias contra las mujeres durante las medidas de aislamiento social, es vital que las instituciones que les atienden se vean reforzadas para poder hacer frente al incremento de casos a los que se enfrentan”.
Tania Renaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, lamentó que a pesar de que la administración abra el diálogo, no da una respuesta clara sobre la seguridad de tener presupuesto.
“Reconocemos que hemos tenido acercamiento con las autoridades pero en palabras de la propia secretaria, el gobierno está buscando recursos en la comunidad internacional para la protección de las mujeres. El bienestar de las víctimas de violencia y el acceso a la justicia es un tema prioritario, no podemos decir que las agresiones contra las mujeres han disminuido pues aunque el Secretariado Ejecutivo muestre que han bajado los feminicidios, la máxima violencia contra la mujer, tenemos aumento en agresiones físicas, emocionales y económicas”, explicó.
Por su parte, Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, puntualizó que no se debe perder de vista el criterio de la actual administración para ejercer recursos presupuestarios, pues destacó que mientras se beneficia más a proyectos clave del gobierno como el Tren Maya o la Refinería de Dos Bocas, se descuida la integridad y bienestar de las mujeres.
“Queremos un compromiso real del Estado mexicano para atender esta otra pandemia que se ha padecido desde hace años. Exigimos por las mujeres que haya presupuesto con enfoque de género y de derechos humanos. Después de la reunión, el primer paso que logramos fue tener encuentros mensuales, pero queremos aclarar que las organizaciones no queremos estar presentes solo en el diálogo sino también en el desarrollo e implementación de acciones que nos lleven a un estado de presupuesto que garantice la vida sin violencia”, aseguró.
El pasado 15 de mayo durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario comparó las llamadas de auxilio con las que reciben transportes como el metro sobre sabotajes y bombas, que la mayoría de las veces no son verdaderas.
Protección a mujeres
Maïssa Hubert, subdirectora de Equis Justicia para las Mujeres, destacó que la importancia de dar presupuesto y apoyo a los programas sociales en beneficio de la mujer es, en muchas ocasiones, una opción de salvaguardar vidas.
“Ha fallado el Estado en dar respuesta al contexto que viven las mujeres, estamos lejos de un piso mínimo de atención pero se puede corregir. Lo primero que deben hacer es garantizar un recurso estable para que los programas puedan operar. Además, el Ejecutivo debe tener lineamientos básicos para una situación de contingencia, la comunicación de estrategias tiene que ser mejor, por ejemplo, si llaman al 911 y cuelgan o se oye solo silencio no piensen que es broma sino que tal vez la víctima tiene cerca a su agresor y no puede hablar pero si deben de actuar y enviar una patrulla al domicilio para verificar la situación”, explicó.
Figueroa advirtió que, en el peor escenario, dejar de tener recursos económicos para los Refugios abre la posibilidad para que estos dejen de operar. Esto deja en una situación de desprotección y mayor vulnerabilidad a la población femenina que es víctima de agresiones.
“En los últimos dos meses de confinamiento incrementó 50 por ciento la demanda en ingresos, tuvimos 80 por ciento más en las llamadas de auxilio y el 5 por ciento de niñas y niños que entraron fueron víctimas de abuso sexual. Pedir presupuesto para ayudarlas no es pedir una dádiva, es un derecho que tienen las mujeres”, manifestó.
La directora de la Red Nacional de Refugios finalizó con un llamado a las autoridades por apoyar los programas y comentó que si bien es cierto que el país pasa por una crisis económica ésta no debe de generar a su vez una crisis de derechos humanos y acceso a la justicia sobre todo para las mujeres víctimas de violencia.