Sin resguardo jurídico por parte del Estado ni garantía en órdenes de protección es la situación que enfrentan las mujeres ante el Coronavirus en México.
En su informe Desprotección Judicial en tiempos del Covid-19 la organización feminista y en protección a las mujeres Equis Justicia demuestra que Poderes Judiciales no logran garantizar la protección y el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia ante la pandemia del Coronavirus.
En dicho documento se detalla que el 84.4 por ciento de los poderes judiciales suspendieron labores sin contemplar el funcionamiento de los recursos legales para prevenir y frenar la violencia contra las mujeres.
A través de su comunicado la organización sostiene que las medidas de confinamiento establecidas para prevenir la propagación del Coronavirus (si bien son necesarias) incrementan el riesgo de las mujeres a ser víctimas de violencia situación que puede empeorar por la suspensión de labores de los poderes judiciales.
“Solo cinco Poderes Judiciales obtuvieron un resultado arriba de 60 - siendo el puntaje máximo 100-, es decir, 27 Poderes Judiciales locales están reprobados para garantizar el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia”, explica el documento.
Además, Equis Justicia, organización que ha destacado en defender los derechos de las mujeres, detalla que únicamente 7 de 32 Poderes Judiciales continúan contemplando el funcionamiento de las órdenes de protección o demanda para proteger a las mujeres víctimas de violencia, los demás no contemplan personal de guardia para implementar medidas para proteger a las mujeres víctimas de violencia que están inmersas en procesos judiciales como divorcios y pensiones.
Otro de los puntos que destaca el informe es que los acuerdos de suspensión de labores de los Poderes Judiciales no son claros sobre los servicios específicos que seguirán funcionando ya que manejan un lenguaje técnico y jurídico difícil de comprender para la ciudadanía agregando que no todos se localizan de forma accesible en los portales de internet y plataformas de transparencia, lo cual impide el ejercicio del derecho de acceso a la información.
Asimismo, restringieron la publicidad y transparencia de las audiencias orales de manera absoluta, sin ofrecer alternativas que permitan monitorear la labor de las y los jueces y asegurar la rendición de cuentas.
