La situación de indefensión en la que se encuentran 3 mil 18 mujeres de nuestro país, recluidas por delitos relacionados con posesión de drogas, es una discusión que ya alcanzó las máximas tribunas del poder Legislativo.
A través de la campaña Liberarlas Es Justicia, el colectivo feminista Equis Justicia presentó en el Senado de la República los resultados de una investigación que refleja que de 2015 a 2017, el número de mujeres que ingresaron a prisión por delitos contra la salud incrementó 103.3 por ciento.
De este universo, la mayoría fueron detenidas por posesión de sustancias ilegales con fines de comercio o transporte; las mal llamadas “mulas”, que al estar en la parte más baja de la pirámide criminal, son las más vulnerables a detenciones y violaciones a sus derechos humanos.
De acuerdo con Isabel Erreguerena, coordinadora de políticas públicas de Equis Justicia, las más de 3 mil mujeres que están encarceladas por crímenes contra la salud, son parte de un fenómeno de desigualdad impulsado por la aplicación de una política punitiva contra el narcotráfico.
“La guerra contra las drogas en el país ha impactado desproporcionadamente a las mujeres. Por ejemplo: el 43 por ciento de la población total de mujeres en centros penitenciarios federales están recluidas por ese crimen y de las mismas, el 84 por ciento son madres solteras o tienen a más personas que dependen de ellas económicamente”, aseguró.
Por su parte, Coletta Youngers, representante de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) dijo que si bien es cierto que hay más hombres encarcelados en comparación con las mujeres, se está presentando un aumento alarmante del número de mujeres privadas de su libertad por delitos relacionados con drogas.
Youngers explicó en entrevista para Reporte Índigo que en América Latina, 20 por ciento de los hombres presos son acusados por delitos de drogas, mientras que en la población femenina el número oscila entre el 30 o el 70 por ciento. En el caso particular de nuestro país, la representante internacional afirma que la problemática va en aumento, pues ahora se mantiene un 43 por ciento de las mujeres recluidas por estos crímenes en las cárceles federales.
Violaciones a derechos humanos de mujeres
Cabe destacar que esta no es la primera vez que una campaña de este tipo hace eco en la Cámara alta. En mayo de 2018, se llevó a cabo una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde colectivos feministas expusieron los efectos negativos en los derechos de las mujeres que causan las políticas de criminalización por delitos relacionados con drogas en el país.
En dicha audiencia, se señaló como punto principal que las cárceles son un lugar donde ocurren violaciones graves de derechos humanos. Situación que, en el caso de las mujeres, se agrava debido a la falta de mecanismos específicos para garantizar su protección.
Ahora, gracias a las declaraciones emitidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde afirma que la guerra contra el narcotráfico terminó, a la par de aceptar que fue política fallida implementada por gobiernos anteriores, se da pie para reactivar la discusión con la intención de subsanar los derechos de las mujeres encarceladas injustamente.
Erreguerena considera que la importancia de la campaña no sólo radica en las estadísticas, sino también en las historias que hay detrás; saber quiénes son las mujeres recluidas y sobre todo, qué fue lo que las llevó a estar tras las rejas
“Tenemos a Gaby que es una mujer presa en Tanivet, Oaxaca. Es madre de un niño que tiene parálisis cerebral y para poder hacerle una radiografía necesitaba seis mil pesos. Ella conoció a alguien que le dijo que, con tal de que transporte un paquete, le pagaría. A Gaby la agarraron y le dieron una sentencia de 10 años de prisión”, describió.
La coordinadora de políticas públicas, retomó durante su explicación los datos de la investigadora del Programa de Políticas de Drogas del CIDE, Catalina Pérez Correa, quien evidenció que en las cárceles de México, 90 por ciento de las mujeres que fueron capturadas por estos delitos no tenían armas de fuego al momento de la detención, mientras que el 85 por ciento de las mismas no contaban con antecedentes penales.
Nuevas problemáticas
Otro de los ejes que preocupa a las organizadoras de Liberarlas Es Justicia es el tema de la seguridad pública y el papel de la Guardia Nacional ante el fenómeno de las capturas de mujeres por delitos contra la salud.
Esto gracias a que en nuestro país, el común denominador en las detenciones vinculadas al narcotráfico es la tortura. Algo que se agrava en el caso de las mujeres debido al factor del abuso sexual.
“Hay que replantear la situación de la militarización de la seguridad pública. Hay datos que muestran que existe mayor violación a derechos humanos cuando intervienen las fuerzas armadas.
“Hoy en día, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Penitenciaria, de todas las mujeres que fueron detenidas por la Marina, el 41 por ciento fueron torturadas sexualmente, esto contra el 5 por ciento de casos en hombres; y de aquellas que fueron detenidas por miembros del Ejército, 21 por ciento presentaron tortura y, de nueva cuenta sólo el 5 por ciento de los hombres”, declaró Isabel Erreguerena.
Por estas razones, para poder brindarle mejores oportunidades a las mujeres privadas de la libertad, Equis Justicia plantea una estrategia de tres ejes, que solo funciona si van de la mano: en primer lugar el colectivo pretende crear un mecanismo legal para liberar a mujeres acusadas de delitos contra la salud que hayan sufrido situaciones de vulnerabilidad, así como trabajar en un cambio en el enfoque de política de drogas y de seguridad pública, que sea no tan punitivo sino que cuente con un enfoque de derechos humanos. Por último, la aplicación de políticas de reinserción social y seguimiento, para saber qué pasa con las mujeres cuando salen de prisión.
“Es indispensable que haya programas de apoyo para que puedan recuperar su proyecto de vida. Darles opciones para que logren reincorporarse a sus comunidades, pero primordialmente es necesario liberarlas y cambiar las políticas injustas que las pusieron en prisión” explicó.
Por su parte, Coletta Youngers agregó una propuesta más a la estrategia, que es el combate frontal a la impunidad ya que, mientras los elementos de seguridad del Estado como el crimen organizado sigan perpetuando violaciones a los derechos humanos de las mujeres, la criminalización contra este sector vulnerable seguirá pasando.
