[kaltura-widget uiconfid=”38045831″ entryid=”0_zzsd6g28″ responsive=”true” hoveringControls=”true” width=”100%” height=”75%” /] La desaparición de Marco Antonio Sánchez Flores durante seis días a manos de la policía capitalina ha puesto en evidencia, una vez más, las precarias condiciones de inseguridad en las que se encuentra el país.
En México nadie se salva. No importa la clase social, el empleo que tengas, si eres menor o mayor de edad, si eres hombre o mujer.
Basta con estar en el lugar equivocado en el momento equivocado para convertirte en una víctima más de la violencia que tiene secuestrado al país del águila y la serpiente y a todos los que en él habitan.
Desde que comenzó el combate contra el crimen organizado en el país, el número de personas víctimas de desaparición forzada ha aumentado de manera exponencial.
30,000
Hasta el 29 de diciembre del 2017, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), a través de su Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) ha contabilizado más de 30 mil personas en esta situación.
En su último estudio, en el cual se recopilan los casos de quienes se encuentran extraviados desde enero del 2014, el SESNSP dio a conocer que en materia del fuero común el número de personas no localizadas ya asciende a 33 mil 513 personas, de las cuales 24 mil 722 son hombres y 8 mil 791 son mujeres.
Del total, 31 mil 295 son mexicanos, 197 son extranjeros y 2 mil 21 no están especificados. Los casos del fuero federal son muchos menos. Los indicadores señalan que el número de hombres desaparecidos es de 960 y mujeres 183, dando un total de mil 143.
Las entidades donde más sucede este fenómeno son: Veracruz, Estado de México, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila y Guerrero.
El abuso de las autoridades, las violaciones a los derechos humanos, la desaparición forzada y la falta de transparencia, todos elementos que se encuentran presentes en el caso del joven estudiante de preparatoria de 17 años, han reabierto una herida que desde hace más de una década lastima a las instituciones y a la sociedad mexicana.
A pesar de que el menor de edad fue encontrado con vida y devuelto a sus familiares, son muchas las preguntas que permanecen sin respuesta.
¿Qué pasó con él durante los seis días que estuvo desaparecido? ¿Por qué los policías de la Ciudad de México que lo detuvieron no lo entregaron inmediatamente a las autoridades correspondientes para que se determinara su culpabilidad o su inocencia como lo marca la ley?
Durante el tiempo que su paradero se mantuvo como un misterio ¿en dónde estuvo? ¿Lo torturaron los policías? ¿Por qué apareció en Tlanepantla, Estado de México, en el municipio Melchor Ocampo? ¿Por qué cuando las autoridades municipales lo detuvieron mientras vagaba en un estado físico claramente deplorable no se le ayudó y dio aviso inmediatamente a sus familiares?
Marco Antonio Sánchez actualmente se encuentra hospitalizado y está siendo evaluado tanto física como psicológicamente para saber si se encuentra en condiciones de brindar su declaración de los hechos.
De acuerdo con el procurador capitalino, Edmundo Garrido, el proceso puede durar entre 15 y 60 días, dependiendo las condiciones de salud del menor.
Hasta que eso suceda las preguntas y las exigencias de justicia permanecerán latentes, el gobierno de la capital del país estará bajo la mira del mundo y la desconfianza de la población mexicana continuará desgastándose mientras las autoridades intentan remendar una equivocación que seguirá repitiéndose mientras no se erradiquen la impunidad, la corrupción y se capacite adecuadamente a las policías y fuerzas armadas del país.
Ayotzinapa, los 43
El hecho más emblemático de desaparición forzada por parte de policías es, sin lugar a duda, el caso de los 43 estudiantes de la escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa.
En el año 2014, durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27, tras una serie de enfrentamientos con la Policía municipal y elementos del Ejército Mexicano, 43 estudiantes de la escuela normal rural fueron detenidos y nunca se volvió a saber de ellos.
Se habló de que fueron entregados por parte de la policía municipal al crimen organizado para que se deshicieran de ellos. Se supo que fueron torturados y la versión oficial del gobierno, la cual ha sido desmentida en más de una ocasión por expertos en la materia, señalaba que tras ser asesinados a todos se les incineró en el basurero de Cocula para acabar con las pruebas materiales.
Los acontecimientos marcaron un punto y aparte en el tema de la desaparición forzada, la tortura y las violaciones a los derechos humanos en el país.
Con más de una versión de los hechos y una serie de investigaciones plagadas de anomalías, el caso de los 43 desaparecidos sigue sin resolverse a pesar de los reclamos de la sociedad civil, de decenas de organizaciones no gubernamentales e incluso de la comunidad internacional y de expertos en derechos humanos.
El caso ha trascendido a tal punto que los padres de los estudiantes desaparecidos se reunieron en un hecho histórico con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Rosales, para hablar de los pendientes del caso y para exigir se resuelva lo antes posible.
Los acuartelados
Uno de los casos más recientes y polémico también se dio en el estado de Guerrero después de que el 31 de diciembre del año pasado dos jóvenes fueran detenidos por policías municipales de Chilpancingo durante la Feria de Navidad y aparecieran asesinados y con huellas de tortura cuatro días después.
Tras la tortura y asesinato de dos jóvenes en Guerrero, más de 100 policías municipales fueron remitidos a sus cuarteles y se encuentran bajo investigación hasta dar con los responsables del crimen
Hubo una tercera víctima dos días antes (29 de diciembre), sin embargo su paradero permanece como una incógnita.
Tras los hechos, elementos de la Policía estatal y federal y del Ejército se vieron obligados a asumir la seguridad de la región, pues más de 100 policías municipales fueron acuartelados y se encuentran bajo investigación hasta dar con los responsables.
Al respecto, el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez, informó que los agentes municipales y el secretario son investigados por la Fiscalía, pero no están formalmente detenidos. Lo que se sabe hasta el momento de acuerdo con varios testigos que han declarado es que los jóvenes torturados que aparecieron muertos fueron entregados por los policías municipales a un grupo de hombres armados.
Sobre el secretario de Seguridad Pública Estatal, Esteban Montoya, y el subsecretario de Seguridad Municipal, Edmundo Salinas Meneses, ambos bajo investigación, se dio a conocer que desde el 2016 se había informado que éstos no habían acreditado los exámenes de confianza correspondientes, sin embargo no fueron retirados de su cargo.
De acuerdo con varios testigos, los jóvenes torturados que aparecieron muertos fueron entregados por los policías municipales a un grupo de hombres armados
El caso Veracruz
Corría el año 2016 y el exgobernador ahora encarcelado, Javier Duarte de Ochoa, todavía fungía como el primer mandatario del estado.
Los niveles de inseguridad y violencia se encontraban en su máximo y la falta de acciones para combatir el problema se hicieron aún más evidentes cuando cinco jóvenes fueron desaparecidos por cuerpos policiacos de la localidad de Tierra Blanca después de que se detuvieron a cargar combustible en una gasolinera de la región.
Al darse a conocer los hechos las exigencias y las protestas por parte de sociedad civil no se hicieron esperar, pues con el paso de las investigaciones se supo que los siete policías que estuvieron involucrados en el ilícito tenían vínculos con el grupo del crimen organizado conocido como Los Zetas.
“Los avances que integran las probanzas de la investigación nos refieren que los elementos policiacos ya detenidos tuvieron relación en este caso con terceras personas probablemente vinculadas a la delincuencia organizada, por lo que daremos vista a la PGR para que tomen cartas en el asunto”, dijo Luis Ángel Bravo Contreras, fiscal general del estado.
Actualmente seis de los siete policías involucrados en los hechos se encuentran encarcelados en los Cerezos de Veracruz.
Al respecto, Carlos Orozco Benitez, familiar de tres de las víctimas desaparecidas dijo que las autoridades les han hecho muchas promesas, sin embargo la víctimas no han visto resultados pues permanecen sin conocer su ubicación.
“Nada más nos han hecho muchas promesas pero hasta el momento no hay nada. Nos dijeron que les diéramos confianza para podemos demostrar que están trabajando ¿qué tipo de trabajo están haciendo si ya tienen detenidos a los responsables del levantamiento de los muchachos”, preguntó.
Roy Rivera, a siete años
Han pasado siete años desde que Roy Rivera Hidalgo fue desaparecido por policías de Escobedo, en Nuevo León.
Los hechos sucedieron en el año 2011 cuando un grupo de hombres armados, algunos supuestamente portando chalecos antibalas que decían “Policía de Escobedo”, entraron a la residencia de la familia Rivera y se llevaron a Roy.
El joven regiomontano fue sustraído de su casa por hombres armados que portaban chalecos antibalas con la leyenda ‘Policía de Escobedo’ y al día de hoy se desconoce su paradero
A pesar del tiempo, la búsqueda por parte de sus seres no ha cesado y apenas hace unos días, con el apoyo de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, (Fundenl) presentaron un recurso ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para que inste al Estado mexicano a resolver el caso de una vez por todas.
A la petición también se sumó el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y, de acuerdo con su directora, Blanca Martínez, se tuvo que llegar a dicho extremo porque México ha decidido no respetar los pactos internacionales que ha firmado en donde asegura que protege a todas las personas de violaciones a derechos humanos.
México deberá informar en un plazo de seis meses las medidas que tomará respecto a la petición señalando las instituciones que se harán responsables de atender el caso para dar con los responsables de la desaparición de Royy con el paradero de éste.
Con el apoyo de la Fundenl familiares de Roy metieron un recurso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU
Ley de Desaparición Forzada, ya en vigor
El 16 de enero pasado entró en vigor la Ley General sobre Desaparición Forzada y desaparición cometida por particulares después de que durante los últimos meses del año pasado la iniciativa de ley fuera aprobada por ambas cámaras en el Congreso con 397 votos a favor.
La nueva normativa contempla que la persona que cometa dicho ilícito con el apoyo de algún servidor público será castigada hasta con 90 años de prisión.
La ley también incluye la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, del cual derivarán otros organismos como el consejo Nacional Ciudadano, el registro Nacional de Fosas, la implementación de programas de denuncia, áreas de gestión del proceso de información, etcétera.
Sin embargo, diversos grupos y organizaciones defensoras de derechos humanos han acusado que la ley General de Desaparición Forzada llega muchos años tarde. Pues desde hace más de una década el problema se ha vuelto uno de los complejos que el Estado tiene por resolver.
Además, se ha criticado de que a pesar de que en papel la ley se ve muy bien, en realidad hace falta muchos camino por recorrer para que ésta comience a dar resultados, pues en un principio, ni siquiera se han asignado los recursos suficientes para poder echar a andar este nuevo mecanismo.
Si a esto se le suma el creciente ambiente de impunidad y corrupción en el país, la ley General cumplirá únicamente en papel pero será permanecerá inoperante y servirá únicamente para simular y no para garantizar un cambio real.
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